Parecía que el viaje oficial de Latinoamérica del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se producía justo cuando sólo había coletazos por la exhumación del dictador Francisco Franco. Sin embargo, meteduras de pata de algunos ministerios, palabras del presidente en su viaje y rectificaciones asombrosas por parte del presidente en alguna materia han agitado el avispero. Al menos con respecto a aquellos que le apoyaron y con los que pretende gobernar hasta que el cuerpo aguante. Alberto Garzón se ha erigido durante el verano en el principal azote del gobierno. Incluso desde su retiro vacacional ha tenido tiempo de lanzar alguna que otra advertencia al gobierno por si tenía alguna intención de virar a la derecha.
Ayer la crítica del dirigente de Izquierda Unida supuso casi una enmienda a la totalidad de las acciones de gobierno. No sin cierta razón, Garzón quiso marcar algunos aspectos sumamente conflictivos del gobierno del PSOE. Frente a la opinión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Sánchez ha dado orden de que al juez Llarena se le pague la posible defensa ante la demanda civil que han presentado los políticos catalanes en Bruselas. Una defensa que costará a las arcas públicas más de 500.000 euros según una primera estimación. La ministra afirmaba que al haber sido realizadas las declaraciones fuera de sede judicial y fuera del contexto propio del ejercicio de la judicatura, debía ser el propio juez Llarena quien tendría que hacerse cargo de los costes de sus palabras. Alberto Garzón ha sido claro: “Se le mete una querella por bocazas y ahora pide amparo al poder político, eso es un problema”. Porque las declaraciones fueron realizadas en esas charlas que suele dar, se supone que de forma crematística, en FAES y demás foros conservadores a los que acude.
Sánchez le quitó la razón a la ministra y ha ordenado que se le paguen los gastos, algo que para Garzón supone una bajada de pantalones del presidente del gobierno frente al sector ultraconservador de la judicatura: “Lo que ha hecho el Gobierno ha sido ceder ante un chantaje del sector más conservador que vulnera la independencia judicial”. No sólo ante el sector conservador de la judicatura, sino ante la presión de la derecha española que marca el paso al presidente del gobierno respecto a Cataluña. Son los “irresponsables” Rivera o Arrimadas los que acaban provocando en el presidente Sánchez sus cambios de postura. Unos dirigentes de Ciudadanos que para Garzón no es que sólo sean irresponsables sino los causantes en buena medida de la tensión que se vive en Cataluña. Tal y como aquí explicamos, Garzón entiende que sus actitudes vulnerando la libertad de expresión (con la retirada de lazos amarillos) incitan a generar más violencia.
El Valle de los Caídos.
Respecto al cambio que ha expresado el presidente del Gobierno desde su viaje oficial en Latinoamérica respecto a que el Valle de los Caídos sea una cementerio, dejando atrás sus pretensiones públicas y publicadas de establecer allí un centro de de recuerdo de los crímenes del franquismo, pese a que en su propio partido hay muchísimos partidarios de volar el engendro franquista, Garzón ha mostrado su asombro. Para el dirigente de IU Sánchez ha decidido quedarse “a mitad de la nada” por su intención de querer contentar a todos. Ese intento entiende que “no es posible” porque al final se queda “en la mitad porque no contenta a unos ni a otros. Esto no va de gustos, sino de principios democráticos”, porque en una democracia “no es tolerable” que haya espacios en los que se hace “apología de un dictador”. Otro golpe en el mentón para el presidente del gobierno en su proyecto estrella hasta la fecha.
Desde IU piden al gobierno que abandonen la simbología de la dictadura tal y como reclaman desde Naciones Unidas. Por ello recomiendan al presidente una nueva lectura del proyecto, mediante iniciativa, que presentó la formación de izquierdas, la cual está registrada en el Congreso para sacar adelante una “ley integral” que corrija las “deficiencias” de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 para que, entre otras cosas, el Valle de los Caídos sea un espacio “desacralizado” donde se exponga la memoria de los “delitos de la dictadura” y de los miles de fusilados que siguen en las cunetas. Pareciera que el presidente Sánchez se lanzase a realizar acciones de gobierno sin tener presente qué pasará posteriormente. Como si improvisase continuemante.
Política migratoria.
Tampoco ha gustado en IU la expulsión en caliente de los 116 inmigrantes que asaltaron la valla la semana pasada y que el ministro Grande-Marlaska ordenó expulsar “inmediatamente” sin respetar la propia legislación española. Para Garzón “fue una expulsión ilegal, porque no se había recogido información sobre cada uno de ellos, cuando entre estas personas podría haber habido menores o migrantes que huían de conflictos bélicos”. El político de izquierdas entiende que con esta acción ha habido un “bandazo” en la política migratoria del gobierno después de haber dejado atracar al barco Aquarius. Por eso pide al gobierno que se siente a plantear una “política sobre inmigración coherente”. No situarse entre la presión de la derecha y los fuegos artificiales para quedar bien.
El sindicato de prostitutas.
Desde Izquierda Unida, aunque no en voz de Alberto Garzón, se ha sido sumamente duro con la permisividad del gobierno de Sánchez al permitir la legalización de un sindicato de trabajadoras sexuales. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha reconocido que le “han metido un gol”, lo que ha provocado una enorme bronca dentro del gobierno pues el tema ha escocido y mucho al sector más feminista del PSOE. Tanto como para que Susana Díaz pidiese, antes de que el gobierno reconociese el error, que se revirtiese la situación. Desde la formación de izquierdas ha sido Isabel Salud, portavoz parlamentaria, quien ha pedido a la ministra explicaciones y responsabilidades. O lo que es lo mismo ceses fulminantes ante semejante error.
Para la parlamentaria de IU “esta autorización resulta inaceptable en una sociedad democrática y feminista que apuesta por la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres”. Es más, dar vía libre a un grupo de esas características “choca con la aparente posición pública mantenida por el Gobierno sobre la conveniencia de apostar por la abolición de la prostitución. Sorprende que se haya autorizado una asociación que legitima la explotación sexual de las mujeres, más aún cuando la solicitud de autorización del denominado ‘sindicato de trabajadoras’ la realizó un hombre, lo que evidencia las fundadas sospechas sobre la verdadera intencionalidad de ese ‘sindicato’”.
La diputada de Izquierda Unida ha decidido preguntar al gobierno de Sánchez para que responda por escrito: “¿Qué criterios siguió la Dirección General de Trabajo para autorizar el denominado sindicato OTRAS?”. Salud puntualiza que de la propia información que consta en la resolución publicada en el BOE “se desprende que la autorización de dicho sindicato no se realizó automáticamente, sino que los promotores de dicha entidad fueron requeridos por la Administración el 5 de julio para subsanar diversas cuestiones”. De ahí que “el Gobierno no puede alegar tan alegremente que no tenía conocimiento efectivo del fondo de la solicitud, ni que carecía de instrumentos legales y administrativos para denegar esa misma solicitud toda vez que fue revisada al menos en dos ocasiones”.
Aprovechando el tremendo error del gobierno, aprovecha la diputada de IU para preguntar también sobre si “¿tiene previsto abolir la prostitución en nuestro país, acabando con ello con ese limbo legislativo y con la trata de mujeres y niñas con fines sexuales?” y si “en caso de tener verdadera intención en hacerlo, ¿qué actuaciones concretas promovería el Gobierno para llevarlo a cabo?”. Salud recuerda que acabar con la prostitución es una “reclamación histórica de Izquierda Unida” (y del PSOE, lo que hace la situación más paradójica y esperpéntica), formación que ya incluyó esta propuesta como voto particular en el Pacto contra la violencia machista, que fue apoyada por mayoría. De ahí su confianza para que esta iniciativa tenga el respaldo de otros grupos parlamentarios para que pase el filtro de la toma en consideración y pueda ser debatida con tranquilidad.
