Foto: José Camó

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, critica la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que debía llevarse a cabo el próximo día 10, tal y como había decido y anunciado de forma reiterada el Gobierno de Pedro Sánchez. Para Garzón, el fallo conocido hace unas horas, del que falta conocer aún su redacción íntegra, deja en evidencia el “papel lamentable de la ‘justicia democrática’ de España”, una actuación que considera “sería incomprensible si se analiza desde parámetros europeos”.

El máximo responsable federal de IU entiende que “resultan poco comprensibles las notables diferencias que se pueden apreciar en las formas y en la rapidez de algunas instancias judiciales a la hora de defender los derechos y las garantías de las víctimas de la dictadura, que cuando se trata de hacer lo propio con los de determinados recurrentes”.

La decisión adoptada hoy por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se produce a raíz de las medidas cautelares solicitadas por la familia de Francisco Franco, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.

A juicio de Garzón, “que el Tribunal Supremo considere que Franco fue el jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 dice mucho, demasiado, sobre el tipo de altas instancias judiciales que tenemos en este país. Hablamos de un ‘franquismo institucional’ que sale por los poros del sistema democrático”.

Del mismo modo, no duda en tachar de “chapuza legislativa” la actuación que arrastra el Gobierno de Sánchez en un asunto que, no se puede olvidar, anunció como ‘medida estrella’ poco después del triunfo de la moción de censura que permitió su llegada a La Moncloa y de la que ya ha pasado más de un año.

“A este Gobierno -añade- le ha sobrado la propaganda y el uso electoralista de los que decidió rodear este tema. Le ha faltado rigor, seriedad y responder de verdad a los intereses de la mayoría de la sociedad que está de acuerdo en sacar al dictador de Cuelgamuros. Resulta muy triste que esto sea cada vez más evidente y ahí están las múltiples fechas y el baile de anuncios incumplidos sin pudor desde antes del verano pasado”.

Por otra parte, la responsable federal de Memoria Democrática de Izquierda Unida, Esther López Barceló, recuerda que “la ley exige que para suspender un acto debe existir un perjuicio irreparable, lo que no ocurre en este caso”.

Del mismo modo, López Barceló rechaza el argumento del Alto Tribunal de que su decisión garantiza la defensa de los ‘intereses públicos’, que de otra manera se verían ‘gravemente amenazados’. Valora que “con esta suspensión se daña el interés general consistente en cumplir el art. 16 de la Ley de Memoria Histórica, además de que se dejan por cumplir los tratados internacionales que exigen verdad, justicia y reparación a las víctimas, unos tratados que obligan al Estado español”.

Esther López Barceló espera que “la decisión adoptada hoy se motive convenientemente en el futuro, como exige la legislación atendiendo a la circunstancias de cada caso”. Además, considera que “habría sido deseable que el Supremo hubiera atendido también al perjuicio que supone para el interés general democrático mantener en el tiempo un acto contrario a la ley y a los Derechos Humanos”.

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