“Es necesario que desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se pongan manos a la obra para censar las viviendas vacías del municipio, que según datos recogidos por diversos colectivos, se sitúan en torno a 4000, para poder ponerlas a disposición de las vecinas y vecinos”, ha declarado el parlamentario por Almería Diego Crespo, que añadió: “en un municipio donde no existe vivienda pública es necesario actuar de forma inmediata;  las viviendas se están quedando en manos de fondos buitre que desahucian sin posibilidad de  mantener ningún tipo de negociación”. Así mismo, Crespo explicó que “estos fondos buitre son parte de la única minoría peligrosa que debe preocuparnos, la de la Banca y las oligarquías financieras, que no tienen escrúpulo alguno y cuyo único objetivo es especular con la vivienda a cualquier coste, buscando subterfugios legales e incluso usando la coacción a vecinas y vecinos para expulsarlos de sus viviendas”.

Por su parte Manuel Pérez Galdeano, portavoz de Stop Desahucios Roquetas, ha explicado que  “los juzgados de Roquetas de Mar están ignorando la última directiva de la Unión Europea sobre desahucios, la cual indica que no puede producirse ningún desahucio sin que exista alternativa habitacional”. Así mismo quiso incidir sobre la gravedad de estos desahucios  “que afectan principalmente a familias con situaciones precarias y que se encuentran  con sus hijos e hijas en la calle de la noche a la mañana”.

Durante la rueda de prensa, diversas vecinas y vecinos del edificio Albatros de Roquetas de Mar explicaron cómo descubrieron de forma inesperada que sus viviendas habían pasado al control de BlackStone, un fondo buitre al que el Banco Santander transfirió la gestión del inmueble. Mihaela Mónica Barbu, una de las vecinas, explicó las coacciones que han sufrido desde ese momento: “hemos sufrido amenazas, cortes de agua, cambio de cerraduras, allanamientos en las viviendas”; así mismo, quiso destacar que han sentido miedo a salir del edificio ante la presencia de un grupo de personas, no identificadas, que ejercían de “porteros” del inmueble, dejando, incluso, de llevar al colegio a sus hijos.

Para finalizar, Diego Crespo quiso mostrar su preocupación ante la propuesta del nuevo Gobierno andaluz de cambiar la Ley del Suelo: “este cambio puede hacer que terrenos en la actualidad protegidos sean pasto de la especulación inmobiliaria, destrozando nuestro entorno, fomentando, además, una nueva burbuja inmobiliaria que solamente beneficiará a la Banca y a los especuladores, perjudicando a la mayoría de la población.

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