La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, ha participado en Madrid en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha aprobado que Andalucía recibirá más de 15,2 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado para la erradicación de la Violencia de Género, a lo que hay que sumar más de 1,1 millones de euros para diversos programas como la Asistencia social Integral a las víctimas, la implementación de planes personalizados o el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. Sánchez Rubio ha destacado “que por fin tengamos un gobierno en España con la implicación y la sensibilidad necesarias para llevar a cabo políticas de igualdad y en materia de lucha contra la violencia de género”.

Además de las cuantías, la consejera ha valorado de forma “muy positiva” las medidas que ya ha anunciado el Gobierno Central como son la de incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas; el impulso a los mecanismos de coordinación institucional, nacionales e internacionales; el impulso a los convenios entre Interior y los ayuntamientos, para que la Policía Local pueda realizar la protección de la víctima; o un Plan Estratégico para compartir las bases de datos informáticas de las diferentes administraciones.

Sánchez Rubio ha destacado que en 2018 el Presupuesto de la Junta de Andalucía recoge más de 42,9 millones de euros para continuar incidiendo en la Igualdad entre mujeres y hombres por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. De ellos, 18,1 millones de euros están destinados para la atención integral a mujeres y víctimas de violencia de género. Los programas calificados como G+ (políticas de igualdad en todas las áreas de gobierno), representan en el proyecto de presupuesto general de la Junta de Andalucía en 2018 un 74%, (18.896 millones de euros). El Presupuesto de la Junta de Andalucía también recoge 24,6 millones para la lucha contra la violencia de género por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Consejería de Justicia e Interior, 1,9 millones más que en 2017, un 9 por ciento más.

El presupuesto será destinado a la realización de proyectos o programas con el fin de cumplir los objetivos del Pacto, como el mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales destinados a la prestación de servicios especializados de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de violencia sexual y de otras formas de violencia contra las mujeres. En particular, los dirigidos a los colectivos especialmente vulnerables  como personas con discapacidad, extranjeras, mayores, drogodependencias, salud mental, garantizando la accesibilidad de todos los recursos y servicios con independencia de sus circunstancias personales.

Igualmente, se prevé el apoyo y financiación de proyectos para la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres, así como campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, entre otros. Se pretenden reforzar asimismo los servicios para el apoyo y asistencia a los menores hijos e hijas, en situación de guarda y custodia o acogimiento de víctimas de violencia de género, incluida la atención pedagógica y educativa, así como el refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar. Además, las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, podrán llevar a cabo actuaciones como el refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.

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