La nueva Directiva Europea AML5 es una reforma de la anterior legislación para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que incluyó mayores controles sobre los clientes, amplió los protocolos de control de filiales extranjeras y creó registros centrales sobre beneficiarios efectivos. La AML5 va más allá y endurece los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y, sobre todo, que ese dinero no sirva para financiar a organizaciones terroristas.

Este endurecimiento de la regulación europea anti blanqueo va a suponer un incremento estimados en 500 millones de euros en, principalmente, costes en recursos humanos y tecnológicos a las entidades financieras de la Eurozona, entre las que se encuentra el Santander. Son, precisamente, los bancos grandes los que se verán más perjudicados, no sólo por ese incremento de costes, sino porque puede haber muchos clientes de alta capacidad adquisitiva que, por la dureza de los nuevos requerimientos, busquen mercados con normativa más laxa.

Esos costes serán mayores para el Santander al ser la entidad más grande de España y que tiene muy distribuidas sus filiales extranjeras, algo que, por cierto, hizo que el FMI determinara que el banco presidido por Ana Patricia Botín era un «peligro sistémico». El Santander, según indicó en su informe del Ejercicio 2018, recibió en ese año 289 denuncias por blanqueo y que se abrieron 208.410 expedientes de investigación en 169 filiales.

Hay que recordar que algunos de los máximos accionistas del Santander son bancos o fondos custodios como, por ejemplo, el State Street Bank, Chase Nominees o Guaranty Nominees, además de gestores de carteras, como BlackRock, actual máximo accionista de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Tampoco se puede olvidar cómo, gracias a la Lista Falciani, se emitieron informes entregados a la Audiencia Nacional que reflejaban una operativa de movimientos de fondos entre Santander, Santander Investments, BNP Paribas y HSBC Private Bank. Según un auto del juez De la Mata, se describen «una serie de operativas puestas de manifiesto en la instrucción, tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al erario público español, entre sujetos que debían conocer su existencia de posición dominante en sociedades. Tales conductas a los efectos de la presente fase procesal, podrían ser constitutivas de delitos continuados de blanqueo de capitales». El magistrado imputó a siete directivos del Santander porque, según su auto, HSBC mantuvo en sus cuentas de valores, tanto de Santander Investments como de BNP Paribas España, cuentas ómnibus, en las que el titular de la misma es desconocido.

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1.070 operaciones por importe de casi 74 millones de euros (73.957.603) de clientes del HSBC Prívate Bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos españoles.

También hay que recordar cómo las autoridades económicas de los Estados Unidos abrieron una investigación al Santander por sus relaciones con entidades iraníes sujetas a sanción económica durante la crisis nuclear. En concreto, la SEC afirmaba que: «Mantenemos la opinión de que sería apropiado que las presentaciones futuras incluyan información sobre sus operaciones relacionadas con Irán, incluido el hecho de que mantienen una relación correspondiente con el Banco Saderat y el hecho de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado al Banco Saderat como facilitador de transferencias de fondos de Irán a organizaciones terroristas. La divulgación también debe incluir el hecho de que mantiene una relación de correspondencia con el Banco Sepah». Las investigaciones se iniciaron por las sospechas de los funcionarios del Tesoro de que el Santander pudo haber abierto cuentas para Sepah en varios países europeos, algo que en su respuesta a la SEC negó la entidad cántabra. Sin embargo, desde el propio Departamento del Tesoro se avisó de que «las violaciones de los programas de sanciones de los Estados Unidos pueden dar lugar a sanciones civiles e incluso penales. Se utiliza el mismo estatuto o estructura fina, independientemente de si se trata de un banco extranjero que opera en los Estados Unidos o un banco de los Estados Unidos».

El Santander respondió a la SEC que había finalizado la relación con ambos bancos y anunció que no iba a realizar más negocios con los bancos iraníes, salvo ciertas operaciones que se mantendrían hasta su vencimiento. En concreto, el Santander reconoce que tenía créditos documentarios para la exportación con el Banco Sepah por valor de 77 millones de euros, de los cuales 74 estaban garantizadas por una póliza de seguros y su exposición era de tan sólo de 3 millones. Respecto al Banco Saderat, tenía créditos documentarios por valor de 9,1 millones de euros.

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