Ambos se reconocen liberales. Ambos dicen respetar el pluralismo. Ambos dicen que la democracia representativa y el sistema capitalista combinados es el final de la historia y por tanto lo mejor que ha conocido y conocerá el ser humano en su vida. Pero ambos quieren acabar con la democracia tal y como la dicen defender según sus últimas declaraciones públicas. Medidas iliberales más propias de Viktor Orban (con el que tienen nexos de unión vía José María Aznar) que de los populismos que tanto critican. Pablo Casado y Albert Rivera, en su pelea por ver quién es más de derechas, atentan contra los principios democráticos y liberales en sí.

Albert Rivera no se cansa de repetir que su partido es un partido liberal progresista que defiende la democracia liberal representativa y todo lo que ello implica. Pablo Casado, aunque se considera mucho más un neo-conservador, afirma que el sistema occidental es la mayor construcción social que permite sociedades abiertas. Todo ello implica, salvando las peculiaridades sobre más o menos intervención estatal, que defiende sociedades pluralistas, esto es, sociedades donde las diversas opiniones tienen cabida; donde los parlamentos son los mecanismos fundamentales para deliberar y generar el consenso suficiente para que el sistema social siga su curso de prosperidad; donde, producto de la sociedad abierta que se persigue, cada cual tiene la oportunidad de expresarse y demandar libertad para sus propios deseos; donde se busca mediante la democracia liberal la mayor felicidad para el mayor número de personas; donde acaba la historia porque no hay más democracia, ni posibilidad de nuevas Icarias comunales (en referencia a la utopía de Étienne Cabet). Democracia plural y capitalismo unidos en la prosperidad común.

Esto es lo que defienden al hacer presentación de sus principios. Pero no es lo que demuestran cuando empiezan a pensar en el sistema y las diversas opciones políticas y sociales que actúan en favor o en contra. En ese justo momento sacan el nacionalismo, el odio, la xenofobia y las propuestas iliberales (no democráticas en sí) para atacar al que piensa diferente o quiere otro tipo de sistema/sociedad. Muestran sus carencias democráticas renegando de los propios principios que dicen defender. El pluralismo de la democracia liberal torna en sus mentes neo-totalitarias en expulsar todo aquello que confronta. La deliberación y el diálogo en busca del consenso desaparece como por arte de magia y surge la palabra maldita: “Prohibir”. Una prohibición que se puede hacer mediante una acción directa o una indirecta recurriendo a mecanismos técnicos.

Casado ha afirmado que deberían ser prohibidos todos aquellos partidos que atenten contra el sistema constitucional. Lo dice por acabar con los partidos secesionistas, sin duda, pero también mira de reojo a Podemos y PNV. Eso supondría, independientemente de que gusten más o menos las posiciones de unos u otros, expulsar del sistema la opinión de una gran masa de personas, de ciudadanos que piensan de forma distinta. No son partidos que alienten la violencia directamente, sea terrorista o xenófoba, no. Se quiere expulsar a cualquier partido que quiera superar el sistema constitucional actual. Cualquier partido que quiera transformar el sistema capitalista en un sistema socialista, por ejemplo, sería prohibido. Para Casado, aunque no alcanza a pensarlo, sólo tendrían cabida en su pluralismo los partidos que defienden el sistema tal cual. Por lo que poco o ningún pluralismo habría en realidad, sólo partidos de matices. Ni un partido republicano tendría cabida según ese planteamiento, por lo que Izquierda Unida debería ser prohibida. Dejar fuera del sistema, como en el siglo XIX a parte de la sociedad. O como hicieron en la Alemania de la ocupación estadounidense y británica y posterior, prohibiendo cualquier partido comunista y encarcelando a los comunistas.

Una vuelta a los años oscuros de la Guerra Fría, una vuelta al macartismo contra todos aquellos que no sean liberales y capitalistas. Una quiebra democrática al pensar que el parlamento no debe ser reflejo de la sociedad sino un lugar de élites aborregadas y entregadas a lo que dicte el establishment. Los márgenes del debate democrático marcado por la clase dominante y sin presencia de parte de sociedad. Eso es lo que propone Casado para España cuando quiere prohibir partidos. Porque no sólo serían los secesionistas catalanes, luego vendrían los comunistas, los vascos, los republicanos, los populistas o los que la clase dominante determinase.

Albert Rivera, con menos recorrido intelectual en las formas, propone la prohibición mediante una sofisticación técnica, la cual es tan iliberal y tan poco pluralista como la prohibición directa de Casado. El dirigente de Ciudadanos quiere que los partidos que no superen el 3% del voto a nivel estatal no tengan representación en las cámaras de representantes. Claro, una persona decente lo escucha y piensa que es muy lógico. Pero si se va al fondo de la cuestión es tan poco democrática y pluralista como lo otro. De esta forma Rivera acabaría con muchos más partidos que Casado. De primeras, y sin entrar en la cuestión ideológica de apoyo o no al sistema, Coalición Canaria, PNV, En Comú Podem, En Marea, ERC, PDeCAT, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Compromís, Chunta Aragonesista, Nueva Canarias o el casi extinto Partido Andalucista no podrían tener diputados. Algo así como, sumando todos porcentajes, dejar fuera del Congreso y el Senado a casi un 20-25% de la ciudadanía. Ninguno alcanza el 3% estatal pero sí suponen fuerzas muy importantes en sus regiones. De esta forma Rivera acaba con el pluralismo (en su vertiente más regional) dejando todo en cuatro partidos. Una forma de tener más representación la derecha españolista frente a la izquierda.

Y lo hace transmitiendo el odio y la rabia contra los que piensan distinto y quieren cambiar de sistema. No quieren permitir que mediante el diálogo se alcance algún tipo de consenso. Así sea con secesionistas. Pero la virtud que todos los analistas han dado a la democracia liberal representativa es que permite canalizar las disensiones de forma institucional y democrática. Con las medidas de Rivera y Casado se abrirían vías legítimas no-institucionales de protesta frente al sistema. Al final quebraría la democracia porque han quitado los mecanismos de regeneración del sistema. Y eso es lo que quieren al final. Que la sociedad española quiebre, en un sentido u otro, y poder volver al totalitarismo, al fascismo disfrazado, a la falta de democracia aunque sea liberal. Por ello es obvio que Casado y Rivera quieren acabar con la democracia española.

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