Los elementos que tuvieron una influencia directa en la caída del Banco Popular intentan quitarse responsabilidad unos a otros para que, una vez que avance el proceso judicial, que la culpa no caiga sobre ellos. Ya lo intentó el Banco Santander buscando la prejudicialidad en las causas penales interpuestas por presunto enriquecimiento ilícito a través del argumento de que la Justicia española no era competente sino sólo la europea. Por otro lado, los bufetes con conflicto de interés con la entidad presidida por Ana Patricia Botín, junto con otros de menor categoría que vieron en el caso Popular una oportunidad de ganar dinero rápido, pretendieron culpar de la caída del sexto banco de España a la ampliación de capital o al estado de las cuentas haciendo un paralelismo con la salida a bolsa de Bankia, relación que no existe en ningún caso.

Ahora son las instituciones dependientes del Ministerio de Economía las que se están intentando salvar culpando al resto. Lo hizo la CNMV con un informe que no tenía otra intencionalidad que el de presentarse ante la Justicia como una víctima cuando, en realidad, los datos demuestran cómo el regulador del mercado en España permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

El cambio de gobierno y de las personas que se encuentran al frente de las instituciones económicas está provocando temor en las que les precedieron. Margarita Delgado, nueva subgobernadora del Banco de España (BdE), ya dejó claro a sus inspectores que «se acabó defender a la banca». Sin embargo, todos los actores implicados quieren ahora responsabilizar, precisamente, a este colectivo de la caída del Banco Popular, sobre todo porque se está conociendo información muy delicada tanto para el Santander como para el propio BdE gracias a que son los propios peritos —según acusan las partes imputadas— los que están filtrando información que tanto la entidad cántabra como el regulador consideran que no debe hacerse pública, incluso después de que el juez Andreu desclasificara esos documentos.

Diario16 lleva más de un año y medio publicando documentación en la que se demuestra claramente cómo las instituciones, junto a Emilio Saracho, fueron fundamentales para que el Popular cayera por la crisis de liquidez generada en el segundo trimestre de 2.017, es decir, nada que ver con las cuentas de años anteriores. Hemos visto, por ejemplo, cómo el propio Ministerio de Economía de Luis de Guindos no autorizó al Popular la implementación de la totalidad de su plan de negocio.

La propia documentación desclasificada por Andreu está demostrando que la resolución del Banco Popular no tenía más base que la de acelerar un proceso que beneficiaba al Santander. No se podía esperar más a pesar de que el banco tuviera liquidez para, al menos 24 horas más, tiempo suficiente para que Saracho hubiese resuelto el problema de forma a la hora de acceder a 4.500 millones de euros de ELA o para que hubiese comunicado al mercado las ofertas de ampliación de capital o las de venta de activos no estratégicos.

La obligación de los supervisores, precisamente, es la de tener controladas a las entidades bancarias. No lo hicieron, por más que se controlara la liquidez cada dos horas. Había otras muchas cosas que podían haber monitorizado. No lo hicieron y el Popular se fue desangrando hasta llegar a la situación que el Santander esperaba y que había sido diseñada varios meses antes, tal y como demuestra la información del FROB en la que se indica que cuatro días antes de la resolución ya estaba determinada la fecha y la hora en la que, no sólo se ejecutaría la resolución sino también del proceso de venta.

Por tanto, además de la responsabilidad y la connivencia de Emilio Saracho, el cerco se está estrechando hacia los supervisores y los reguladores dependientes del Ministerio de Economía, es decir, hacia Luis de Guindos y el gobierno del Partido Popular.

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