En estos días estamos siendo testigos de resoluciones judiciales en primera instancia que dan la razón a los afectados basando dichas decisiones en un imprevisto e incomprensible paralelismo con la salida a Bolsa de Bankia; estamos viendo cómo el Santander ha sido imputado por la Audiencia Nacional en las diligencias que allí se están instruyendo, así como por un presunto enriquecimiento ilícito en diferentes querellas interpuestas en diferentes juzgados, querellas admitidas a trámite a pesar de las argucias jurídicas que ha intentado implementar el despacho Uría y Menéndez.

También estamos viendo cómo se ha abierto un frente judicial en Europa por la participación de los organismos financieros dependientes del BCE, por la opacidad de toda la operación, por el incumplimiento de la propia normativa en el proceso de resolución del Banco Popular. Sin embargo, ¿por qué nadie ha demandado aún al Estado español por su presunta implicación en la ruina de más de 305.000 familias?

El día 4 de enero de 2019, la Sala de lo Penal de la Audiencia decidió desestimar los autos de desestimación de Fernando Andreu y el nuevo juez de instrucción, José Luis Calama Teixeira, en un auto fechado el día 14 de enero, trasladó esta querella al Decanato de la Audiencia Nacional para que pase a reparto y se inicie la investigación de los hechos querellados, es decir, del uso de información privilegiada por parte de las instituciones públicas a la hora de retirar depósitos del Banco Popular, en una causa separada de la que se está instruyendo en el Juzgado Central de Instrucción 4.

La cronología de los hechos da pie para ello. El día 3 de junio de 2017 la JUR y el FROB decidieron que el Popular tenía que ser resuelto y enviaron, a través de Arcano Jeffereis cartas para las principales entidades financieras españolas para informarles del asunto y para que informaran si estaban en condiciones de presentar ofertas en un proceso de subasta que tendría lugar el día 7 de junio. A partir del lunes de esa semana comenzó una retirada de depósitos que llegó a alcanzar los 7000 millones de euros.

Sólo ese lunes esas administraciones retiraron casi 5000 millones, tal y como reflejan los propios datos internos del Popular y las órdenes de transferencia que dichos organismos remitieron al banco y que han sido publicadas por Diario16.

Sin embargo, son más las instituciones las que tuvieron una incidencia directa o indirecta en la caída de la sexta entidad financiera de España. El Ministerio de Economía frenó la aplicación del plan de negocio aprobado por el Popular y en el que se hallaban medidas que hubieran tenido un impacto positivo en sus cuentas como, por ejemplo, el Proyecto Sunrise.

El propio Luis de Guindos ya intentó que el Popular fuera comprado por otra entidad financiera y fracasó. El banco se enfrentaba a 2013 reforzado en su capital, pero haciendo frente a una competencia manipulada y dopada con las ayudas, sabiendo que no podían esperar nada bueno ni del ministro ni del Banco de España, cuyos designios habían desafiado, enfrentándose a una economía muy debilitada con el tratamiento aplicado por De Guindos y los alemanes. Popular, un banco de pequeñas y medianas empresas, puede dar fe de que, pese al ministro, las empresas y las familias han sobrevivido a la crisis gracias a su propio esfuerzo.

Visto con perspectiva, parece que las compras de algunas cajas por otros bancos, con regalos de miles de millones de euros en capital, fueron mejores que la compra a pulmón del Banco Pastor por el Popular, a quien nunca se le ofrecieron las mismas condiciones.

En palabras de altos directivos del Banco de España, «el Popular puede salvarse solo». De Guindos y otros banqueros idearon un plan, pero el Popular se escabulló, pese a la cooperación necesaria de Oliver Wyman y el consentimiento activo de Fernando Restoy.

Probablemente desde ese momento, los directivos y consejeros del Popular eran un objetivo para el ministro y alguno de los banqueros, porque eran testigos de las tropelías, tenían su destino marcado. La operación del Banco Pastor fue el comienzo de la estrategia de Luis de Guindos para terminar con el Popular.

Por otro lado, tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien tuvo en su mano frenar toda la operación desde el primer momento pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho).

Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

¿Qué habría pasado si la CNMV hubiese prohibido las operaciones a corto como sí hizo con Liberbank? El mercado habría frenado la caída y, además, habría tenido tiempo para recuperar el valor evitando, de este modo, el pánico en los clientes particulares e institucionales, además de la bajada del rating por parte de las agencias de calificación.

El Popular habría tenido tiempo de aplicar suficientes medidas para frenar la crisis de liquidez si quien estaba al frente del banco hubiera poseído la intención real de hacerlo y no torpedear al Popular desde dentro. No obstante, eso no interesaba porque ya había una entidad que estaba esperando con los brazos abiertos a que Europa interviniera. Su salvación estaba en juego.

Por otro lado, el papel del Banco de España dejó mucho que desear a la hora de conceder más liquidez, puesto que, a sabiendas de que las garantías presentadas por Saracho no eran de las que disponía el Popular, tal y como reconoció el ex subgobernador Javier Alonso; que existían defectos de forma que podían ser resueltos en pocas horas; que la entidad disponía de liquidez suficiente para abrir las oficinas el día 7 de junio, no debió aceptar la comunicación del FROB de la resolución puesto que aún existían valores importantes que daban viabilidad al banco y, además, conceder la totalidad de la línea de liquidez de urgencia a la que tenía acceso el Popular y que había recibido el visto bueno del Banco Central Europeo.

Lo mismo podríamos decir del FROB, quien, junto a la JUR, inició los procesos de la resolución el día 3 de junio cuando aún existían soluciones suficientes como para haber evitado la resolución.

Por todo ello, ¿cómo es posible que aún nadie haya interpuesto demanda alguna contra el Estado español? ¿Cómo es posible que nadie haya solicitado las comunicaciones oficiales y extraoficiales de Luis de Guindos con el Santander? Deberán ser los abogados los que determinen los diferentes grados de responsabilidad, pero hay que tener en cuenta que lo ocurrido con el Banco Popular habría sido imposible sin la presunta participación del aparato estatal.

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