Los bufetes independientes y sin conflicto de intereses con el Santander siguen buscando soluciones para que los afectados a los que representan puedan cobrar las cantidades que se les hurtaron a las 3 de la madrugada del día 7 de junio cuando se hizo pública la venta del Popular a la entidad cántabra por un euro.

En el caso que nos ocupa, un despacho de abogados de Barcelona, el mismo que solicitó la prueba pericial de la firma de Emilio Saracho para validar su veracidad o su falsedad, se ha dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 en un escrito al que ha tenido acceso Diario16, para solicitar al juez Fernando Andreu que «sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido tanto los miembros del Consejo de Administración como otras personas o entidades por los presuntos delitos objeto del presente procedimiento, interesamos que por el Juzgado se dé traslado al Ministerio Fiscal a fin de que se pronuncie sobre la necesidad de la  prestación por BANCO POPULAR SA de fianza o aval en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las presentes actuaciones».

Según el escrito, ya se adoptaron medidas cautelares similares en la persona de Ángel Ron cuando se solicitó «el embargo preventivo de la póliza suscrita con ALLIANZ y que fue acordada por el Juzgado mediante auto de 2 de febrero de 2018».

Esta fianza que solicita este despacho de abogados barcelonés se cuantifica en 11.364 millones de euros porque el Banco Popular (Grupo Santander) «debería prestar fianza o aval bancario en cantidad suficiente para cubrir, como mínimo, los fondos propios declarados a 31/12/16 por valor de 11.364 millones de euros, que es el valor declarado al aprobarse las cuentas del citado ejercicio fiscal».

Como podemos comprobar en este escrito, los despachos de abogados independientes están ejerciendo estrategias judiciales encaminadas a un único objetivo: que los afectados a los que representan se les pague un justiprecio por sus acciones o bonos que se transformaron en polvo el día 7 de junio. Estas reclamaciones, evidentemente, se están empezando a dirigir directamente al Santander que es el único que puede hacerse cargo de estas cantidades que, según este bufete, sumarían más de 11.000 millones de euros. El Santander cada vez está más acorralado por las demandas, denuncias, querellas o recursos que se le están presentando a través de las distintas vías judiciales y, por tanto, llegar a un acuerdo extrajudicial justo —no lo que se ofreció con los bonos convertibles— con los afectados, tal y como le ha recomendado, entre otros, el Defensor del Pueblo. Hacer frente a esa obligación con las familias arruinadas sería la mejor operación que podría hacer la entidad cántabra porque le garantizaría la rentabilidad del Popular a largo plazo y le plantearía una oportunidad de realizar un acto ético.

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