Hace días publicábamos que la senadora del PP Pilar Barreiro y parte de sus concejales, cuando era alcaldesa de Cartagena, aparecían implicados en el caso Pokemon. María Ángeles Palacios (que fue consejera de Sanidad), José Vicente Albaladejo, Agustín Guillén o José Cabezos Navarro habrían disfrutado de viajes de placer pagados por Agbar (Aquagest o Hidrogea) para presuntamente favorecer a la empresa de aguas.
En el informe de la Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria que solicitó la jueza Pilar de Lara, del juzgado de instrucción n° 1 de Lugo, se habrían analizado los viajes a Nueva York, Atenas, Múnich, Mallorca, Barcelona y Madrid de los concejales populares de Cartagena. En un todo pagado (traslados, comidas, alojamiento, viaje) a cambio presuntamente de acceder a la prórroga de la concesión del servicio de aguas. Incluso, como se puede comprobar en la página 100 del informe, se les ofrecía la posibilidad de acudir a varios palcos de honor de equipos de fútbol (Barcelona, Espanyol, Hércules y Real Madrid).
La cuestión, según han demostrado los investigadores, es que ha habido sobrecostes en las obras que solicitaba Aquagest (Hidrogea), que han sido realizadas sin licitación por empresas del miso Grupo Agbar. Como expone la página 97 (ver galería) del citado informe, este tipo de acciones de pago en especies, como los que presuntamente realizaron desde la alcaldesa hasta los concejales, era algo normal. No es el único informe del caso Pokemon donde se hace referencia a este tipo, al menos, de pagos. Esas obras con sobrecostes habrían costado, según el informe, más de 65 millones de euros que se abonaban mediante un aumento del recibo del agua.
El caso más llamativo de los que han encontrado los investigadores se encuentra con José María Padial Gallego, jefe del servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, que no sólo habría disfrutado de viajes (Mallorca, Barcelona y Zaragoza), sino que además presuntamente habría obtenido un beneficio personal por negocios con el grupo Agbar. Hay que recordar que Padial era el responsable de la firma y aprobación de los estudios técnicos de las obras a realizar por su cargo municipal.
Según el informe (págs. 112 y 113), Padial habría contratado privadamente a través de la empresa Hermanos Padial Gallego CB con Agbar (Aquagest, Hidrogea) diversos alquileres. Sumando cientos de miles de euros en las fechas investigadas. Por eso creen los investigadores que presuntamente habría favorecido a la empresa para que realizasen obras con sobrecostes. Todo ello, como se explica en la página 115, tendría un aumento del gasto del agua.
Por tanto, es concluyente que hubo presuntamente connivencia entre munícipes y funcionarios para hacer obras más caras de lo que se debería y repercutirlo en el recibo del agua. Un recibo que la ciudadanía cartagenera vio aumentar sólo para pagar los tejemanejes de una empresa. La cual, a cambio de hacer la vista gorda con los sobrecostes, presuntamente pagaba a los munícipes con viajes todo pagado. Salvo en el caso de Padial, que los investigadores apuntan hacia algo más que viajes.
Son dos los hechos irregulares que Pilar Barreiro y sus concejales permitieron. Por un lado la prórroga del contrato de concesión, pese a existir informe en contra, y por otro la realización de obras (que los investigadores no han podido detectar si eran necesarias o no) con sobrecostes y que han supuesto el aumento del recibo del agua para los cartageneros.
