En una comparecencia pública, el Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca ha recordado que en los más de 700 empleados públicos que hay en el Ayuntamiento “hay personas muy capacitadas para dirigir las empresas públicas, no hay que meter personas de confianza con costes millonarios para los ciudadanos”. El político centrista también ha señalado que su formación política “ha venido reclamando al equipo de Gobierno desde hace dos años, el cese de los gerentes de Aguas de Lorca y Limusa”, que próximamente van a ser cesados.
Antonio Meca exige también a Fulgencio Gil que “no cometa el error de nombrar ilegalmente a dedo a los sustitutos al frente de estas empresas y que por un período de tiempo, la gerencia de estas empresas públicas recaiga de forma interina y provisional en un empleado de las empresas públicas, mientras se resuelven dudas acerca del procedimiento en la selección de los gerentes”.
Según Antonio Meca, “especialmente en el caso de la empresa mixta Aguas de Lorca sería especialmente grave aceptar la imposición del socio minoritario Hidrogea del gerente, situación que vulneraría la legalidad vigente y la normalidad de una mercantil mayoritariamente pública”.
A juicio del Concejal Meca, “elegir a dedo” estos cargos como se ha venido haciendo anteriormente, contraviene los principios constitucionales de “igualdad, mérito y capacidad” por tratarse de una empresa pública. Por otra parte, añade Meca, habría que realizar también una revisión de los estatutos de Aguas de Lorca para eliminar los artículos ilegales, “concretamente el 9”, referente a la Gerencia de la empresa desarrollado en el artículo 23 epígrafe 3, entre otros, recalca Meca.
Es el momento, dice Meca “de reflexionar y tomar esta decisión con calma para corregir errores anteriores y revisar los estatutos de las empresas públicas, solicitando informes jurídicos que aclaren todas las circunstancias expuestas anteriormente. Por ello, Ciudadanos, a través de su Concejal-Portavoz exige al Alcalde de Lorca “el cumplimiento” de la normativa vigente para sociedades mercantiles públicas, el respeto a las competencias de sus Consejos de Administración y la restauración de la figura del Consejero Delegado, entre otras.
