Ha sido mediante una misiva la forma empleada por el ministerio de Hacienda para apremiar a las Comunidades Autónomas a que deben reducir gastos inmediatamente por un supuesto riesgo de desviación de la regla de gasto. Cristóbal Montoro, aprovechando la inexistencia de trabajo parlamentario en estas semanas, aprieta de nuevo las tuercas a las Comunidades Autónomas, las cuales vienen reduciendo gastos desde hace años y no se aplica él mismo este recorte, pues utilizan desde el gobierno la artimaña de no aplicar todas las partidas presupuestadas y así salvar la desviación, como se denunció en estas mismas páginas.

Desde la Conselleria de Hacienda han querido replicar al ministro y su equipo informándole de que ya ha acordado el cierre del Presupuesto de la Generalitat de 2017 con efectos desde el 15 de diciembre pasado, de forma que cualquier medida en relación a los ingresos o los gastos del ejercicio carecería de efectos, al tiempo que le emplaza a aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el presidente del Gobierno se comprometió en la Conferencia de Presidentes a que estaría antes de finalizar este año.

En el escrito, se informa al ministerio de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado. Por ello, la conselleria entiende que ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno, dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio. Acto seguido, añade: “La única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017”.

La Conselleria insiste en “la imposibilidad material” de “adoptar en el momento actual medidas efectivas” al respecto, al tiempo que subraya que “la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica”. En la misiva, el Consell ve “asombroso” que el ministerio se dirija en esos términos a la Comunitat Valenciana, “cuando es conocida la situación de infrafinanciación crónica de la Comunitat Valenciana, que ha supuesto que, a pesar de tener un gasto promedio inferior a la media de las comunidades autónomas de régimen común (por no citar a la financiación que dispone el País Vasco y Navarra), haya generado abultados déficits, déficits, que a pesar de la infrafinanciación citada, se han ido conteniendo en los últimos ejercicios”.

El documento recuerda el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno para que antes de que acabe 2017 haya un acuerdo de nuevo sistema de financiación, “cuando sí que se han anunciado medidas de financiación que van a suponer un aumento de la brecha de financiación promedio entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de las comunidades autónomas”.

El Consell advierte de que, del oficio recibido “se deduce que el Ministerio de Hacienda considera adecuado el nivel de prestación de los servicios competencia de la Generalitat Valenciana a pesar de gastar menos que la media”. “Esta deducción no es compartida por la Comunitat Valenciana”, que tampoco comparte que “la aplicación de la regla de gasto relegue a los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat Valenciana a disfrutar de unos servicios inferiores al resto de ciudadanos españoles”. Una situación que “ha sido ampliamente contrastada en los informes elaborados por los expertos en materia de financiación y ampliamente difundida los medios de comunicación”, según sostiene.

Con todo, se enfatiza que esto no quiere decir que la Generalitat “no esté comprometida con el cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Así lo ha demostrado en los dos últimos ejercicios, pero ello no puede condenar a la población de la Comunitat valenciana a mantener una infradotación de los servicios a los que tiene derecho”, se añade.

En este sentido, desde la Conselleria de Hacienda se advierte que tanto la regla de gasto como los límites de déficit para el ejercicio se imponen por el Ministerio de manera uniforme para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta la situación de partida de cada una. En el caso de la regla de gasto, se aplica un tope como si todas las autonomías partieran del mismo nivel de gasto, cuando, en el caso valenciano, la Comunitat gasta menos de la media y aun así genera déficit, como consecuencia de la insuficiencia de ingresos del modelo de financiación caducado desde el 1 de enero de 2014.

Por ello, en el caso de la Comunitat, al estar por debajo de la media, aunque eventualmente el porcentaje de incremento sea mayor que la media, en términos reales no significa que el crecimiento del gasto computable sea superior a la media. En el caso del límite de déficit sucede lo mismo, de forma que la exigencia del mismo nivel de déficit para unos ingresos inferiores a la media supone que se está exigiendo a la Comunitat Valenciana un esfuerzo superior al resto. Cualquier norma uniforme es más injusta y discriminatoria para las comunidades autónomas que están en peor situación, tanto en financiación como en nivel de gasto. Por ello, la Conselleria entiende que se está actuando de forma discriminatoria y penalizando a los valencianos, toda vez que son los que cuentan con los menores recursos por habitante, tal como han acreditado todos los expertos consultados.

 

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