Cataluña está sirviendo de cortina de humo a M. Rajoy para muchas cuestiones primordiales de la política española. Cuenta para ello con la inestimable ayuda de la judicatura. Esto no empece para que semana tras semana se lleve varapalos populares (del pueblo, no del partido), mediáticos y/o judiciales. En esta ocasión ha sido el Tribunal Constitucional (TC) el que ha enmendado la plana al gobierno de M. Rajoy. Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el auto del TC de 20 de marzo en el que levanta la suspensión de la aplicación de la mayor parte de los artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat y que habían sido recurridos por el Gobierno de España.
Según ha explicado la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, con esta decisión el TC «impone un serio correctivo al recurso presentado por el Ejecutivo de Rajoy y a las tesis que defienden sobre la presunta incompetencia de las autonomías a regular, a través de sus propias leyes, el acceso a la vivienda desde una perspectiva social».
El TC, que en un primer momento había suspendido automáticamente parte de la Ley ante el recurso del gobierno de M. Rajoy, ha revisado ahora dicha situación al analizar las consideraciones de todas las partes y ha atendido los argumentos de la Generalitat al respecto. Así, valida la mayor parte de la ley y solamente deja suspendidos los artículos 12 y 13. Por tanto, el Constitucional avala, como ya hizo en la pasada sentencia sobre la Ley Foral de Navarra, que el gobierno valenciano puede declarar situaciones de viviendas deshabitadas propiedad de grandes tenedores de vivienda (con más de diez propiedades) y que se pueda poner en el mercado para los colectivos más necesitados los inmuebles que estos grandes propietarios tienen sin ocupar.
De hecho, el TC considera que «no hay base cierta para afirmar como hace el Gobierno de España que los artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda puedan interferir o tener graves consecuencias sobre la economía nacional» y se decanta por una tesis más social del acceso a la vivienda.
Ante esta nueva pifia del Partido Popular en el gobierno, desde la Generalitat han insistido en reclamar de nuevo al ejecutivo de M. Rajoy que «recapacite y retire el recurso presentado contra la Ley por la Función Social de la Vivienda». «Los ciudadanos no entenderían que después de esta decisión del TC el Gobierno Central continuara con su actitud obstruccionista para que las autonomías puedan aplicar medidas de protección social y de acceso a la vivienda», ha indicado Torró.
Por ello, la directora general de directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana ha pedido de nuevo que se convoque de nuevo la Comisión Bilateral para abordar una nueva negociación sobre la Ley por la Función Social de la Vivienda tras la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión a gran parte de la ley como ya hizo en la sentencia que avalaba la competencia autonómica a la Comunidad Foral de Navarra.
