“Las buenas semillas las han sembrado las fuerzas armadas y mis colaboradores. Los errores son míos. Pido perdón a la nación entera por aquellos errores cometidos y también por todo aquello que no se hubiera podido hacer”, así cerraba Álvaro Uribe su discurso televisivo como presidente saliente en 2010.

Dos mandatos más tarde, el candidato del Centro Democrático Iván Duque y delfín del ex presidente entra en la Casa de Nariño. Vuelve el uribismo tras ser derrotado por Juan Manuel Santos hace cuatro años, y aprovechar el desgaste del presidente saliente. Lo hace en plena implementación del proceso de paz, con el quinto ciclo de los diálogos con el ELN finalizados y sin tregua.

Sucede a Juan Manuel Santos para continuar con los mismos ejes trazados por la administración de César Gaviria. La figura popularizada en las series sobre Pablo Escobar, aunque lo que no se cuenta en Netflix  es que fue el guardián de las puertas que dio entrada del neoliberalismo en Colombia. Preso tanto de los cantos de sirena del Consenso de Washington, como las proclamas de Francis Fukuyama.

Gaviria redujo el Estado, limitó la intervención del mismo en la economía y no respondió a la promesa de convertirlo en más eficiente y fuerte. Todo ello paradójicamente tras promulgarse la Constitución del 91, que abogaba el fortalecimiento de las instituciones públicas.

El penúltimo presidente liberal aplastó el mercado interno con la excusa de la apertura económica. El sector cafetero pasó de significar el 80 por ciento de las exportaciones del país en los años 50… al 18 % en la última década del pasado siglo.

 

Como escribió Luis Javier Orjuela Escobar en La debilidad del Estado colombiano en tiempos del neoliberalismo y el conflicto armado, Gaviria dio lugar al enfrentamiento entre las élites políticas y económicas: a la lucha entre el Congreso… y el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Sin llegar a la divorcio.

No se terminaron con las redes clientelares de la época del Frente Nacional, ni modernizó la República. Tampoco casi tres décadas después Colombia ha logrado ampliar la representatividad de forma significativa, ni mejorar la eficacia del Estado. No se han reducido los niveles de pobreza al ritmo adecuado, ni garantizado la educación, ni la salud universal.

Los gobiernos desde entonces han flexibilizado el mercado del trabajo, bajado los impuestos y barreras a las importaciones; implantado la tributación regresiva, privatizado las empresas públicas de puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones.

La presidencia de Ernesto Samper entre 1994 y 1998 supuso una continuidad del proyecto Gaviria, aunque con un disfraz discursivo socialdemócrata que llevó al desencanto con la política cuando estalló el proceso 8000, y saltó por los aires Partido Liberal.

El conservador Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 pisó el acelerador de las políticas neoliberales. Una vez rotos los partidos tradicionales; Álvaro Uribe desde su llegada siguió con el matrimonio con el FMI ratificado con el acuerdo de Stand By de 2002, y cumplió con todas las imposiciones en sus mandatos.

El nuevo germen

El mesías del uribismo, como indicó Jairo Estada Álvarez en Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia, desarrolló la estrategia de transformar la guerra social entre las clases dominantes: en un proyecto nacional. Con una base social que pudiera lograr la estabilidad del modelo, y apoyada por los sectores populares.

No confiaron plenamente en Uribe las oligarquías tradicionales, sí otros poderes que apoyaron la candidatura de Duque, y que rechazaron a Juan Manuel Santos desde el comienzo de su presidencia. Los mismos que hoy ponen a Álvaro Uribe como protagonista de la política colombiana, y con el que todas las oligarquías pactarán.

Iván Duque gestionará un país de bajos sueldos. El salario mínimo de Colombia alcanza los 240 euros mensuales. Los magistrados de la alta corte, los congresistas, y el presidente de la República ingresan 40 veces más. En el caso de los gobernadores y alcaldes de los territorios más importantes multiplican por 20 los salarios mínimos.

Al menos el 10 por ciento de la población más rica gana cuatro veces más que 40 por ciento más pobre.

La mitad de los asalariados se desempeña en la economía informal y del total de trabajadores, la mitad de las mujeres no cotiza. El paro bordea el 10 por ciento, y el subempleo supera el 25 por ciento.

Al aumento de la carestía de la vida por la reforma fiscal del último gobierno de Juan Manuel Santos que fijó el IVA en al 19 por ciento, hay que sumarle la brecha de desigualdad. En ascenso imparable desde los 90.

Colombia supera el valor de 0,51 del coeficiente Gini; y la práctica totalidad de estudios en la región siempre sitúan al país cafetero en el podio de las desigualdad y como una de las naciones con más gente pobre tras México y Brasil.

Once generaciones tendrán que pasar para que los niños pobres alcancen el nivel medio de ingresos según la OCDE.  Organismo que recomienda aumentar las inversiones educación a la temprana edad, salud y familia. Todo lo que lo no ha hecho el reciente socio número 37 de dicho club.  El plan de modernización santista se completa con la entrada en la OTAN, y la presencia de Colombia en la Alianza del Pacífico.

Dichos hitos de progreso no tapan que más del 26 por ciento de la población sufre la pobreza monetaria y más del 7 por ciento se halla en situación de pobreza extrema.

Los derechos humanos y la paz

La diáspora venezolana, buena parte de ella residente en las ciudadanas más pobladas de Colombia, no oculta que haya 400.000 refugiados colombianos en el mundo, ni que la República ostente el subcampeonato mundial en desplazados internos después de Siria. Más de siete millones según el Registro Único de Víctimas.

Los desaparecidos forzados entre 1970 y 2015 superan los 60.000 según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica: tres personas al día en dicho periodo. La violación de los derechos humanos no pasó factura al uribismo, pese a las sólidas sospechas de nexos entre el mentor de Duque con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Los falsos positivos podrían llegar a 10.000. Las bandas criminales tienen presencia destacada en 31 de los 32 departamentos del país según el Observatorio de Conflictos Unidad de Investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). El asesinato de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales continúa, al igual que la toma de los terrenos ocupados antaño por las FARC.

El nuevo presidente ya ha anunciado que no hará “trizas” la implementación de los acuerdos de paz. Realizará una corrección de los mismos, y así de paso se diferenciará del ex gobernador de Antioquia. Duque no cesará en la hostilidad hacia el Gobierno de Venezuela, sin llegar a las afirmaciones de su padrino político, quien llegó en 2012 a asegurar que le faltó tiempo para intervenir militarmente el país vecino.

Nicolás Maduro será el comodín cada vez que el jefe del Estado recorte los menguados derechos laborales colombianos, y perjudique a los campesinos,

Será el mandato de resistencia para las fuerzas progresistas, populares, y de izquierda que han apoyado a Gustavo Petro y aglutinado Colombia Humana. Más de ocho millones de votantes que empujan el cambio a un ritmo más lento que el deseado, y sacan de la marginalidad a la izquierda.

“Hay una nueva nación que surge segura en sí misma, optimista y alegre, confiada que puede sortear la muerte y avanzar en una dirección diferente. Reconstruyendo la moral pública, porque tenemos unos valores deshechos”, afirmó Carlos Pizarro en su última alocución televisiva. Petro, aspirará en 2022 al triunfo tras multiplicar las fuerzas del electorado progresista. El sueño de caminar por la paz con decisión, audacia y optimismo se aplaza, antes vendrá un temblor más neoliberal con consecuencias dolorosas y previsibles.

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