En los últimos días estamos asistiendo a cómo las diferentes entidades bancarias están haciendo públicos los datos del volumen de hipotecas referenciadas al IRPH que poseen cada una. Esto no es un ejercicio de transparencia, como algunos lo han querido interpretar, sino un nuevo movimiento para aumentar la presión sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que el próximo mes de septiembre dicte una sentencia que sea desfavorable a los intereses del más de un millón de familias que son y han sido víctimas de este índice que la propia Comisión Europea ha declarado como abusivo. Este comportamiento muestra cómo el miedo a una sentencia favorable a las víctimas del IRPH va creciendo a medida que se acerca el mes de septiembre, fecha en la que se hará pública la decisión del TJUE.

Desde que se hizo público el informe de la Comisión Europea, según el cual no estaba justificada la interpretación del Tribunal Supremo y se alineaba con los votos particulares de los magistrados que se opusieron a la interpretación de la sentencia por la cual se aseguraba que no existía necesidad de transparencia en la incorporación de este índice en el contrato hipotecario ya que entendieron que el fallo del Supremo era contrario al derecho europeo, lo que abrió la puerta al recurso ante los tribunales de la UE que, además, no están tan supeditados a los intereses de la banca como los españoles, la banca no ha hecho más que presionar para evitar la declaración de abusividad del IRPH.

El hecho de que el TJUE admitiera a trámite el recurso presentado a esta sentencia del Supremo ya fue un duro golpe para las entidades y ahí estuvo el Estado para salir nuevamente a defender los intereses de los bancos en vez de los de los ciudadanos.

El Parlamento español instó al Ejecutivo «a modificar la postura del Reino de España en el litigio C-125/18 que, en relación al índice de referencia IRPH, está siendo tramitado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para defender a las personas consumidoras en lugar de a las entidades bancarias. Para ello retirará su escrito de observaciones y presentará uno nuevo o declarará que comparte las conclusiones de la Comisión Europea. También defenderá esta postura en la vista oral del caso».

El escrito de observaciones al que hace referencia el texto de la PNL y que dejó en herencia el gobierno de Mariano Rajoy decía, entre otras cosas, que no era necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y afirmaba que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas». Además, y para el hipotético caso de que el IRPH fuera declarado nulo por abusivo, el Estado español pedía que la nulidad no tuviera efectos retroactivos, por el impacto económico que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias. Es decir, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ponía los servicios jurídicos del Estado a disposición de la banca y la defensa de sus intereses. Lo peor es que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha hecho nada en este sentido y, por lo visto, seguirá manteniendo a la Abogacía del Estado a defender los intereses de los bancos.

La banca española tiene mucho miedo a lo que la Justicia europea pueda determinar respecto a la anulación del IRPH, en primer lugar, por la cuantía del dinero que tendrían que devolver a los afectados en caso de que el TJUE sentenciara a favor de éstos, en concreto, 44000 millones de euros, lo que supone prácticamente diez veces más del dinero de las cláusulas suelo; en segundo término, porque en Europa no tienen la misma capacidad de presión o de lobby de la que tienen en España dado que, mientras aquí son capaces de provocar que el Tribunal Supremo modifique una sentencia que era desfavorable a la banca, en Europa se han encontrado con tribunales que han detectado las cláusulas abusivas y las han anulado; en tercer lugar, a todo lo anterior hay que sumar el demoledor informe de la Comisión Europea que declaraba con claridad que el IRPH era una cláusula abusiva que había que anular.

Ante esta situación límite la banca ha reaccionado para intentar evitar una sentencia que anule el IRPH y lo ha hecho a través de dos de los bancos de inversión internacionales más importantes del mundo: Goldman Sachs y JP Morgan. El primero de ellos fue el que indicó que el coste de la anulación del IRPH podría alcanzar los 44000 millones de euros y que eso tendría consecuencias muy negativas para el sistema financiero europeo. Por su parte, JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Emilio Saracho, ha afirmado que el IRPH es el principal riesgo para la banca española de cara a 2019, es decir, que está aumentando la presión del sector financiero hacia la Justicia europea.

Esta es la razón por la que están anunciando el volumen de hipotecas que tiene cada entidad referenciadas al IRPH. Sin embargo, los datos que están dando no hacen otra cosa que manipular a la opinión pública, puesto que lo que están dando es la cantidad total del dinero prestado, no lo cobrado de más con este índice respecto al Euribor.

Si están dispuestos a dar cifras, que pueden ser reales, nadie lo pone en duda, pero que el mensaje que transmiten está claramente manipulado.

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