Juan Martínez Moya, uno de los vocales de la polémica Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 16 de agosto pasado que concedió el controvertido amparo a Pablo Llarena, es también ahora objeto de polémica al haber sido denunciado por usurpar los derechos de propiedad intelectual sobre una idea que varios magistrados presentaron en un concurso organizado precisamente por el órgano de gobierno de los jueces.

Se trataba de la obra La creación de la Oficina de Atención al Acreedor Concursal (OAC) que los juzgados de lo Mercantil de Valencia llevaron a la práctica en octubre del año 2008 y que luego presentaron a los organizadores del concurso “Premio a la Calidad de la Justicia” que el CGPJ debía conceder en el año 2010.

Por aquel entonces el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces era el no menos polémico Fernando de Rosa Torner, alguno de cuyos hermanos sería investigado después por su participación en la “operación mordida” sobre el supuesto cobro de comisiones irregulares por parte de la sociedad B2B, que era la central de compras dependiente de Ribera Salud —empresa responsable de cuatro departamentos sanitarios de gestión privada en la Comunidad Valenciana—, a firmas proveedoras de productos sanitarios.

Mientras tanto, toda la información que se recibió en el CGPJ relativa al OAC fue incorporada al Plan de Modernización de la Administración de Justicia aprobado por el Pleno del CGPJ en su sesión del día 26 de noviembre de 2008.

A partir del día 2 de diciembre de ese año 2008, Carlos Dívar, el malogrado presidente del CGPJ que fue apartado del cargo por el asunto de “los viajes a Marbella”, convocó a todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para mantener con ellos una reunión de trabajo, en las que se trataría entre otras cuestiones la creación del OAC en las comunidades autónomas que contaran con los medios suficientes.

Fue entonces cuando Martínez Moya, que por aquél entonces era presidente del TSJ de Murcia, usurparía los derechos de propiedad intelectual sobre el OAC incluyendo en la Memoria del año 2009 una reivindicación a su favor de la Oficina de Atención al Acreedor, presentando también la creación del OAC como idea suya en el “Premio a la Calidad de la Justicia” del año 2010, donde sorprendentemente obtuvo un accésit, arrebatando el premio a sus verdaderos autores.

Pero es que además el sucesor de Martínez Moya en el TSJ de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme Herrero, también incluyó ilegalmente la creación del OAC esta vez como mérito suyo en la documentación que aportó en el proceso de selección ante la Comisión de Calificación, e incluso lo publicitó ante los medios de comunicación.

Se da la circunstancia de que Pascual del Riquelme incluyó también como mérito ante el CGPJ haber participado en los “cursos de Ausbanc” de Luis Pineda, cursos que luego se supo que se habían costeado con dinero procedente de la extorsión.

Cuando Santiago Pedraz, titular del juzgado central penal nº 1 de la Audiencia Nacional, empezó a recibir la documentación que estaba recabando la UDEF sobre las actividades de Ausbanc, le llamó la atención unos dípticos que anunciaban jornadas y foros judiciales. Y se quedó boquiabierto cuando, al examinar la relación de participantes, vio los nombres de jueces que no trabajaban precisamente en pequeñas localidades. Todo lo contrario: jugaban en primera división y algunos en la Champions. De magistrados de Audiencia Provincial hasta vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

En sus manos tenía un bombazo que si estallaba haría mucho daño al Estado. Ya no estaba sólo el caso de la Infanta Cristina. Ahora se ponía en juego toda una estructura básica de funcionamiento del aparato judicial.

Fue el momento en que Santiago Pedraz decidió llamar a capítulo a los jefes policiales y al fiscal. Se decidió el secreto de todas las investigaciones llevadas a cabo. Nadie debería revelar lo que se estaba haciendo. Incluso había que advertir a los testigos, denunciantes y perjudicados que estaban declarando en las dependencias de la UDEF de las consecuencias de una indiscreción.

Al final, tal indiscreción se produjo. Pineda se enteró y, paralelamente, algunos medios de comunicación. Pedraz, resignado, no tuvo más remedio que detener a los principales investigados y el sumario empezó a conocerse hasta su levantamiento del secreto.

Y entonces fue cuando se supo que Pineda tenía “comprados” a jueces, supuestamente, claro está, que aunque se está perdiendo el respeto a la Justicia todavía hay clases.

Cuando esto ocurrió Juan Martínez Moya ya era vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Sorprendentemente los verdaderos creadores de la Oficina de Atención al Acreedor, los jueces de lo Mercantil de Valencia, no solamente no fueron reconocidos por la creación del OAC sino que además fueron expedientados por el CGPJ, alguno de ellos hasta veinte veces.

 

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