Todos los grupos de la oposición quieren que sea el propio Gobierno regional el que elabore la Ley Integral del Mar Menor y para eso el presidente de la Ponencia para la redacción de la citada ley, Antonio Guillamón, ha pedido a la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional “que programe la reunión de la Comisión Especial para el Mar Menor a fin de que en el seno de la misma se decida el procedimiento a seguir para la elaboración de la citada Ley”.

El diputado de Ciudadanos, Luis Fernández, ha sido más explícito al reconocer que de esta forma se busca acortar los plazos para la puesta en marcha de las medidas de forma urgente “porque nuestra laguna no puede esperar” y porque, por cuestiones técnicas, el Gobierno regional no tiene “las limitaciones propias de la falta de medios y capacidad de gestión” que tienen los grupos de la oposición.

Fernández ha resaltado que “la realización de la ley debería ser una cuestión prioritaria y tendría que estar preparada en un plazo de entre nueve meses y un año, pero el Partido Popular sigue demorando los tiempos, pide que haya más comparecencias y, además, solicita que sea la ponencia la que se encargue del desarrollo total de la ley, sirviendo como base el decreto ley aprobado”.

“No se pueden poner parches, sino que tenemos que ofrecer soluciones. Creemos que deben ser los técnicos quienes las aporten, mientras que los políticos lo único que hemos de hacer es no interferir en su labor y apoyar estas medidas. La aprobación de la ley es urgente, pero, además, estamos obligados a hacer las cosas bien”, ha finalizado Fernández.

Por su parte la diputada regional de Podemos, María Giménez, ha señalado que el gobierno regional del Partido Popular lo que quiere es “escaquearse” de la responsabilidad que tiene como ejecutivo.

“Nos pondremos a trabajar -ha añadido- en la elaboración de un texto que tenga la calidad necesaria en un tema tan complejo. Debe servir para establecer los criterios y las directrices básicas que tiene que tener una de las leyes con más trascendencia de nuestra Región”.

Giménez ha afirmado que el Partido Popular “no tiene ninguna intención de hacer su trabajo” en lo que al Mar Menor se refiere. Es “evidente” ha dicho la diputada de Podemos, que quien tiene “toda la Administración pública a su alcance es el gobierno. Tiene los medios técnicos, jurídicos y humanos necesarios para presentar el mejor texto posible”.

PP: “Una reunión decepcionante”

El partido del Gobierno regional, sin embargo, ha tachado la reunión de ayer como de “decepcionante” ya que, según su diputado regional Jesús Cano, los partidos de la oposición han acudido a la reunión “con el fin de darle una patada hacia adelante al balón, sin asumir el compromiso adquirido de trabajar en su elaboración en la Asamblea Regional con ese fin se constituyó la Ponencia en el seno de la Comisión especial del Mar Menor”.

“La actitud de los representantes parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos revela -añade Cano- que no tienen ninguna voluntad de trabajar en esa ley integral, algo que hemos defendido desde el primer día en el Partido Popular con la propuesta de dejar aparcadas las enmiendas dañinas que votó la oposición a sabiendas del perjuicio que iban a hacer a un sector, sin beneficiar a nadie”.

El diputado conservador ha afirmado que su grupo ha sido “el único grupo que ha llegado con propuestas a la reunión”

“Queremos que la Ponencia o la Comisión se reúnan semanalmente y es escuche a quienes tienen algo que decir sobre el Mar Menor” apuntando a la necesidad de abrir las comparecencias a sectores como el turístico, urbanístico, hostelero,náutico, pesquero, empresarial, además del agrícola.

El diputado autonómico popular considera, al contrario que el resto de grupos del arco parlamentario, que “una proposición de ley es mucho más ágil y requiere menos tiempo que un proyecto de ley, que exige los informes preceptivos del Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social”.

Cano ha expresado su confianza en poder corregir y enmendar los errores cometidos en la tramitación del Decreto Ley que han hecho “un daño terrible al principal sector productivo de la Región, la agricultura”.

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