Corporate Defense, el despacho del abogado Carlos Gómez Jara, ha cobrado desde 2012 más de 2,7 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y de las propias cajas, tras ser designado a dedo por el primero de estos organismos, por interponer y dirigir al menos 17 querellas contra ex directivos y deudores de las antiguas cajas de ahorros rescatadas por el Estado.

El conocido dentro del FROB como el James Bond de la casa, Carlos Gómez Jara, entre junio de 2012 y febrero de 2013, interpuso en representación del FROB al menos seis querellas contra ex directivos y grupos deudores del Banco de Valencia y Bancaja, que recibieron en total más de 27.000 millones euros del dinero público.

Lo más sorprendente, es que, primero, el FROB de Fernando Restoy designó a dedo al despacho de Carlos Gómez Jara, sin ningún procedimiento administrativo, para interponer estas querellas en representación de las cajas intervenidas. Sólo unos meses después, regularizó a posteriori su contratación, convocando un procedimiento negociado.

En la comisión de investigación de los rescates bancarios consta que se iba a investigar esta contratación tras la pregunta realizada por un parlamentario de Compromís, ya que el organismo que depende del Banco de España habría incumplido los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia que deben imperar en la contratación de todas las entidades públicas.

Hay que recordar que el FROB puso de administrador de la CAM y del Banco de Valencia a José Antonio Iturriaga, un familiar de Fernando Restoy, y a partir de ahí el papel de Gómez Jara fue cada vez más importante. De hecho, en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria referido a los años 2009 y 2015, el Tribunal de Cuentas ya cuestionó que el FROB contratara en 2011 a otro asesor jurídico externo, por más de 80.000 euros sin justificar adecuadamente que el Fondo no pudiera prestar dicho servicio por sus propios medios. Las normas internas del FROB aprobadas en 2009 y en octubre de 2012 indican que, a la hora de contratar servicios externos, este organismo debe cumplir los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad e igualdad de trato.

Curiosamente, todos los personajes que han intervenido en estos rescates no han tenido un mal desarrollo profesional. El exdirector general del Banco de Valencia, José Antonio Iturriaga, fue nombrado como asesor externo y con un sueldo de entre 196.000 a 250.000 euros anuales por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Iturrriaga, concuñado del subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, ha desempeñado durante el proceso de reestructuración financiera un papel relevante y polémico, dado que el citado fondo lo designó como administrador sucesivamente en tres de las entidades nacionalizadas. Primero fue Cajasur, luego la alicantina CAM y finalmente, el Banco de Valencia, en el que llegó a ser nombrado director general. También ha ejercido como asesor externo del FMI a través de su empresa Iturriaga Consultores, dedicada a la gestión de riesgos de entidades financieras.

Precisamente, Iturriaga se desligó temporalmente de su firma cuando el Banco de España le eligió como uno de los administradores en Cajasur en mayo de 2010. Iturriaga se repartió 3,2 millones con otros seis administradores del FROB por su labor de gestión en Cajasur, CAM y Banco de Valencia. El consultor, que negoció la venta del Banco de Valencia con el equipo directivo de CaixaBank, pretendía ser uno de los hombres fuertes de la entidad catalana en el arco mediterráneo. No obstante, su equipo directivo decidió no contar con sus servicios en CaixaBank, entidad que contrató a Gómez Jara.. Sin embargo, sí forma parte de los órganos de dirección de Inversiones Levante, Bodegas Riojanas, Energía Solar Aplicada y Aquigroup, empresas del grupo Caixabank.

Con Fernando Restoy al frente del FROB y del Banco de España, el despacho de abogados de Carlos Gómez Jara, ha percibido directamente del FROB 628.138 euros. Su sociedad Corporate Defense facturó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 116.306 euros en 2013, otros 115.145 euros en 2014, 203.663 euros en 2015 y otros 153.024 euros en 2015.

Todas estas cantidades superan ampliamente el límite de 60.000 euros que la Ley de Contratos del Estado de 2011 (vigente en aquel momento) prevé para el procedimiento negociado sin publicidad.

En conjunto, el despacho de Gómez Jara ha percibido en cinco años 2.758.905 euros por interponer y dirigir las querellas contra los ex responsables de las cajas rescatadas. Por estos servicios, Corporate Defense facturó en 2012 un total de 390.272 euros al Banco de Valencia, 59.000 euros a la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y 210.792 euros a la Fundación CAM. En total, 660.064 euros sólo en el año 2012.

La antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue intervenida por el Estado y vendida a Banco Sabadell por un euro en junio de 2012, con un Esquema de Protección de Activos (EPA) que cubre hasta 24.644 millones de euros en pérdidas a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Varios ex directivos de la CAM están imputados en la Audiencia Nacional a raíz de las querellas interpuestas por Gómez Jara.

Su despacho, Corporate Defense, facturó en 2013 otros 376.372 euros a la Fundación CAM, 91.894 euros al Banco de Valencia, idéntica cantidad a CaixaBank (que compró el Banco de Valencia por un euro), 116.306 euros al FROB y 17.737 al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). En total, 694.203 euros en el ejercicio 2013.

Y al año siguiente, 2014, este mismo bufete facturó como asesor jurídico externo 155.145 euros al FROB, 46.652 euros al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), 245.037 euros a la CAM y 43.560 euros a CaixaBank. En total, 490.394 euros en 2014.

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