Hace unos días el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo calificó a Pablo Casado como un analfabeto jurídico. Sostenía que es prácticamente imposible cursar 16 asignaturas de derecho en un cuatrimestre y sacarlas todas adelante sin “ayudas exteriores” y que eso se notaba. Y tenía razón, entre otras cuestiones porque se nota cada vez que habla sobre cuestiones judiciales como en el caso de Quim Torra. No se percata el dirigente popular que mete la pata asiduamente y no observa el principio de sentencia firme, el cual, en el caso del presidente de la Generalitat no se ha producido en ningún caso y, por ende, no está inhabilitado.
Para quienes no están al día del conflicto jurídico lo normal es pensar que si algún juez o cuerpo administrativo ha inhabilitado a Torra debería dejar la presidencia ipso facto y dejar el paso a otra persona. Normal que piensen esto cuando las informaciones, de un lado y otro, se encuentran completamente manipuladas y son tendenciosas. Dejando de lado lo que dicen los secesionistas es curioso que la derecha mediática española no para de afirmar que la Junta Electoral Central ha inhabilitado a Torra quitándole su acta de diputado; que el Tribunal Supremo da la razón a la JEC y que el Gobierno protege al presidente catalán con sus ardides jurídicos. Si ustedes han escuchado estos argumentos raro es que no estén a punto de asaltar la Generalitat y tirar por una ventana a Torra por, cuando menos, irrespetuoso. Lo curioso es que todo parte de una presentación de la realidad completamente deformada por los medios de comunicación.
En realidad a nadie le agrada, salvo los fieles, un señor supremacista y manipulador como Torra pero eso no implica que sus derechos como español (por mucho que le moleste está bajo el Estado de derecho español) deban ser vulnerados por la presión mediática y la guerra jurídica de la derecha. La JEC es un órgano que no puede inhabilitar post-elecciones, es un mero órgano administrativo que pueden sancionar pero no juzga y en el caso que se trata debería hacerlo para las siguientes elecciones si hubiese sentencia en firme. Además, este órgano se ha pronunciado por una denuncia de la derecha partidista que tampoco ha respetado la inexistencia de sentencia en firme. Luego les dicen que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en el mismo sentido que la JEC y piensan que sí, que ya hay sentencia en firme y hay que echarlo a patadas. Pues tampoco porque les ocultan que el órgano judicial que se ha manifestado, con una rapidez que ya querrían millones de españoles en sus cuitas contra el Estado, es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, no la Sala de lo Penal que es a la que corresponde decidir si Torra ha cometido un delito de desobediencia por no quitar los lazos amarillos. ¿Qué ha dicho la sala de lo contencioso-administrativo? Que la sanción de la JEC se atiene a derecho. Vamos que no vulnera los principios administrativos del Estado.
De todo eso saca Casado y sus marionetas de Ciudadanos que hay que echarle inmediatamente y que Pedro Sánchez no se puede reunir con una tipo inhabilitado. Falso todo porque hasta que la sala penal del Tribunal Supremo resuelva la apelación que presentó Torra no hay forma de inhabilitarle sin vulnerar sus derechos constitucionales. Si el Supremo dijese que no ha cometido delito o que lo ha cometido pero la pena no debe ser la inhabilitación y Torra hubiese sido expulsado del parlamento catalán y la presidencia de la Generalitat se hubiese vulnerado todos sus derechos. Si dijese la Sala de lo Penal que todo queda igual a como ha dictado el TSJC entonces ordenaría a los distintos órganos políticos y administrativos aplicar la sentencia. Porque, mientras haya posible apelación ante un tribunal superior, las sentencias nunca son firmes y las penas (salvo casos como asesinatos, etc.) no se cumplen. Como pasa con la sentencia de los ERE, por ejemplo, donde José Antonio Griñán no ha entrado en prisión, ni los demás están inhabilitados porque ha habido apelación al Supremo y no hay sentencia firme. Lo mismo sucede con Torra, guste más o menos. Por eso Oriol Junqueras pudo presentarse a las elecciones europeas.
Esperando les haya quedado claro el entramado judicial en el que Casado muestra su analfabetismo, la realidad es que la “guerra judicial” que viene desatando la derecha, que no se oculta en la utilización de los órganos administrativos y judiciales que controla (pues ha colocado en su cima a “sus jueces”), tiene como finalidad lo que siempre han hecho, enturbiar las relaciones sociales y políticas para deslegitimar las acciones del Gobierno de izquierdas. Sánchez no sólo no puede hablar con Torra porque va a vender España al secesionismo (falacia política) sino porque está inhabilitado (falacia jurídica). Sobre una gran mentira construyen un discurso que sus ramales mediáticas extienden por todo el país. “Torra inhabilitado” gritan a las masas para cretinizarlas, que piensen que los tribunales ya se han pronunciado firmemente y se levanten contra el Gobierno de las izquierdas.
Saben perfectamente que todas las denuncias judiciales que hagan, en eso en Vox son expertos también, no van a ir a ningún lado realmente pero como la judicatura es de derechas les alimenta de sobra para nutrir la guerra judicial que ponen en marcha. Así pueden decir que el “denunciado tal” o “el inhabilitado cual” no deberían estar donde están, salvo cuando son de los suyos que entonces se deben respetar todos los derechos constitucionales habidos y por haber. Y nada mejor que tener al frente de todo este entramado político-judicial a un analfabeto jurídico que sólo sabe que tiene que decir lo que le digan que diga y como no sabe explicarlo, enredándose en perífrasis incomprensibles, el resultado es inicuo para el poder judicial en sí. Pero sus medios de comunicación aprovechan para atacar inculcando el mínimo ético de la veracidad de las informaciones. Una treta para la que se requiere en la cima a un inculto carente de toda ética o moral y con Casado han encontrado al mejor.
