La verdad es que ser político del PP es una profesión de riesgo que debería proteger el Estado. Por unas circunstancias o por otras, en cuanto un dirigente popular o empresario se ve envuelto en trapicheos las probabilidades de morir aumentan estrepitosamente. Bien les da por suicidarse, bien mueren en circunstancias cuando menos extrañas. Sin duda algún escritor con buena pluma podría hacer un ejercicio literario con una trama conspirativa porque no es ni medio normal. El último suceso que se ha conocido es que el “falso cura” que amenazó a Luis Bárcenas en su propio domicilio, tal vez instigado por José Manuel Villarejo, ha sufrido un ictus que le impide hablar y expresarse con normalidad. De esta forma el posible testimonio de Enrique Olivares  en un juicio queda en suspenso hasta saber si se recupera o no de la enfermedad. Vistos los antecedentes lo más probable es que, como en el caso de Pinochet, se recupere cuando todo haya pasado o no llegue a ver el final de la trama Bárcenas.

Justo el día en que la prensa ha presentado con todo tipo de detalles dos circunstancias de la corrupción institucionalizada del PP, se conoce esa noticia que ha pasado más desapercibida. 500.000 euros de todos los españoles utilizaron desde el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar y establecer un complot contra el ex-tesorero del PP. También se ha conocido, igualmente, que la Comunidad de Madrid ha perdido numerosos expedientes y contratos que impedirían seguir con una de las piezas de la trama Púnica. También se conoce que la Junta Electoral Central no tiene intención de multar ni sancionar al PP de Pablo Casado por mandar ilegalmente mensajes electrónicos a millones de españoles. También se ha conocido (sí se juntan muchas noticias en pocos días) que la jueza Pilar de Lara, que llevaba varios casos de corrupción menos conocidos pero que afectan al PP, ha sido destituida por el Consejo General del Poder Judicial (ese órgano que está en funciones hasta que pueda renovar, algo a lo que se opone el PP curiosamente).

Lo del párrafo anterior es menos sorprendente porque es conocido y patente que el PP tiene potentes relaciones con las distintas magistraturas. Una estructura judicial de partido, ideologizada claramente, de clase y que actúa en consecuencia. Siempre acaban favoreciendo al PP en sus entramados corruptos o a los grandes empresarios españoles, mientras que perjudican (imputando sin pruebas, por ejemplo) a políticos y políticas de izquierdas (para agitar la guerra judicial) o dictaminan contra propuestas que podrían catalogarse de progresistas. Y que en el PP, da igual dentro del partido como en las instituciones en las que está, se destruyan pruebas a martillazos o mediante la trituración es ya un clásico. Vomitivo en términos éticos pero un clásico sobre el que la Justicia, aquí está la pescadilla que se muerde la cola, no investiga en profundidad porque es una Justicia de partido y de clase. Entonces para qué investigar muertes sospechosas o enfermedades sobrevenidas.

Las más sorprendentes, sin lugar a dudas, fueron el suicidio de Miguel Blesa y la muerte inesperada de Rita Barberá. Si de la primera se han escrito todo tipo de posibilidades conspirativas, de la segunda (según dictaminó el forense se debió a problemas relacionados con la cirrosis) Rafael Hernando abrió la posibilidad de las sospechas al decir que había “fallecido por culpa de las hienas” de la prensa, o lo que es lo mismo un posible suicidio al estar siendo investigada por financiación ilegal del PP. Hasta en el PP lanzaban sospechas, cuando lo más normal en este caso es que le cayera el gafe del PP en estos temas y cenar tortilla de patata con JB también hubo de ayudar. Pero no son los únicos porque la lista se puede completar con Juan Pérez Mora (antes de ir a juicio); Isidro Cuberos (muerto según se dicen en accidente de moto y ex-jefe de prensa de Javier Arenas); Francisco José Yáñez (asesor económico del PP, amigo de Bárcenas y justo unos días antes de acudir al juicio); María del Carmen Rodríguez Alonso; Francisco Sánchez Arranz (colaborador de Francisco Correa y vinculado al “Albondiguilla”); Leopoldo López; José Martínez Núñez; María José Alcón (amiga de Barberá y esposa Alfonso Grau, otro condenado del PP, por suicidio cayendo desde un balcón) y el juez Antonio Pedreira que estaba instruyendo la causa Gürtel. Así entre Gürtel y la operación Kitchen han caído unas cuántas personas.

La verdad es que, como se dijo anteriormente, todas estas muertes e inhabilitaciones (como la que sufrió Álvaro Lapuerta, que falleció pero sin duda por edad) proporcionan muchos datos para la conspiración y la sospecha. Si en una cárcel de máxima seguridad, sin contactos físicos sin vigilancia, las gentes de la Baader-Meinhoff lograron ocultar pistolas para suicidarse colectivamente; si la red Gladio acabó con la vida de Aldo Moro pero culpabilizaron a las Brigadas Rojas (muchos de cuyos militantes fallecieron en extrañas circunstancias también); si el papa Juan Pablo I fue asesinado por un complot que no se ha sabido hasta hace poco; si la carrera y el master de Casado los consiguió con esfuerzo; si hay tantas historias truculentas en la historia más reciente, es normal que las personas piensen mal. Salvo la manipulación judicial y administrativa lo demás es, más bien, producto de algún tipo de gafe. La ciudadanía española sabe bien que el PP les ha maltratado pero igual todo era producto del gafe que tienen. O igual no.

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