Fuente: PP

Hay dos cuestiones que el Gobierno de Coalición, respecto a la Justicia española, tiene apremio por modificar: la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la Reforma de la Justicia. En los programas de ambos partidos un nuevo Pacto de Estado por la Justicia está presente y a la vista de la alarma social que generan las noticias de diversos ámbitos judiciales (violaciones, corrupción, insuficiencia de recursos…) quieren que en esta legislatura se avance en ese asunto capital para la ciudadanía española. Sin importar la ideología de cada ciudadana o ciudadano, la indignación de observar el mal funcionamiento, el partidismo de la magistratura y el sentimiento de que se hace de todo menos Justicia es patente. Algo que, sin embargo, desde la derecha miran con desdén y pereza. Al menos lo hacen el PP y los neofascistas. Ciudadanos son tan poca cosa que carecen de fuerza en sí para cambiar algo en el debate dentro de la derecha política. Más cuando todo indica que les han obligado a unirse al PP desde las altas esferas.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como dirigentes de sus respectivas formaciones políticas, ya han avisado de la necesidad de esa reforma a la que la mayoría de grupos que apoyaron la investidura se suman. Por tanto sólo hace falta que las derechas tomen parte de un reforma necesaria y que vienen solicitando, incluso, desde las distintas asociaciones judiciales. Despolitizar la Justicia, dotaciones presupuestarias y un sistema interno más democrático son cuestiones evidentes. Pero antes de todo ello hay que reformar la cúpula de CGPJ que lleva ya un tiempo en funciones, aunque no dejan de actuar en la toma de decisiones. Algunas bastante estrafalarias y otras con marcado tinte político (como reemplazar a la jueza Pilar de Lara que lleva asuntos de corrupción del PP). A estos nombramientos se niega el PP rotundamente y protegiéndose de lo que podría pasar. Al no tener sino una exigua cantidad de diputados, en el reparto proporcional de las magistraturas no es que ya no tuviese mayoría, algo importante, sino que otros grupos políticos tendrían derecho a nombrar a jueces cercanos a sus postulados. De esta forma el PP pasaría de controlar a los jefes del Poder Judicial a estar a las negociaciones entre jueces “no amigos”. Por eso se niega y prefiere que siga todo como está pues sale beneficiado como partido. Con estos jueces les ha ido bien en sus cuitas judiciales, especialmente, a su actual dirigente que se libró de estar imputado por su famoso máster, mientras que las personas en su misma situación sí están imputadas.

Pablo Casado no está haciendo política de Estado en este tema sino política personal y de partido. Al ser el presidente del CGPJ el mismo que el del Tribunal Supremo se asegura que no tendrá que dar explicaciones sobre su supuesto fraude escolar. También se asegura que las acciones de los distintos tribunales, a causa de la corrupción de su partido y de la utilización de las cloacas del Estado para beneficio partidista, se vayan retrasando y ralentizando. No tanto por tener jueces afines, sino porque desde el CGPJ pueden restar recursos necesarios para llevar las causas a buen puerto: el juicio. No quiere renovar el órgano de dirección de la judicatura porque les va la cárcel en ello. Mejor dejar que pase el tiempo en connivencia con el poder judicial para que las causas decaigan por superar los tiempos máximos. O permitir que no se investigue la desaparición en distintas administraciones de documentación necesaria, lo que podría constituir delito también.

También tiene su lado político. Al no participar de la renovación tanto del CGPJ como del Tribunal Constitucional, Casado y su alegre muchachada popular podrán vender que PSOE y Podemos lo que quieren es un cambio de régimen y todas esas invenciones que les ha dicho José María Aznar que digan. Vuelta a la infamia del relato para esconder la corrupción que está enquistada en las mismas bases de su partido y que de cambiar las cosas les llevaría a la desaparición o la cárcel. El problema es que como la visión de la cárcel puede hacer hablar a ciertas personas, igual caerían también algunos empresarios importantes de esos que controlan jueces desde palcos o desde despachos de abogados por mandato financiero. Y eso sí que supondría un desenmascaramiento general del entramado clase dominante-PP que montaron en los años de Aznar y de Mariano Rajoy. No se dejen convencer de que actúan como actúan por un fin superior, por unos principios engarzados en la historia, sino simplemente por interés particular.

Al final se hará la renovación por las bravas tanto del CGPJ como del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, ya que por mucho que se niegue el PP a participar la ultraderecha y Ciudadanos, que podrían colocar peones suyos en esos organismos, acabarán por aceptar pues en la actualidad están en un proceso de instalación en algunas estructuras del Estado. Y como, aunque sea a propuesta de un partido, realmente los electos y las electas no rinden cuentas a partido alguno (otra cuestión es la ideología de cada cual y los vínculos con la clase dominante que suelen existir), podrán vender que es algo necesario. Así arrastrarán al PP al acuerdo, que no es sino para no quedarse sin representantes. Antes de eso, sin embargo, patearán y llorarán cual críos mal criados afirmando las típicas monstruosidades de la derecha cuando no está en el Gobierno. Todo ello amplificado por la caverna mediática que, paradójicamente, de este asunto poco o nada habla.

Mayor problema habrá para lograr un Pacto de Estado por la Justicia. Ahí sí que nadie de la derecha actuará para que salga adelante. Lo torpedearán de todas las formas posibles porque, una vez que han sido capaces de estar infiltrados en la estructura de poder por haber ganado las luchas, no van a permitir que desde las izquierdas le echen. El Estado no es una estructura inamovible y fija, bien al contrario está compuesto por una multiplicidad de estructuras que tienen marcadas el signo de las distintas luchas políticas y sociales que las han venido conformando. Por ello atacan a la educación pública y protegen a la Justicia, porque en una han ido perdiendo luchas y en la otra las han ganado. Luchas ideológicas que no quieren emprender ahora porque la correlación de fuerzas no es mayoritaria para sus intereses. De ahí que dirán que se suman al Pacto y lo impedirán desde dentro con el añadido de criticar al Gobierno por ser incapaz o de intentar montar una Justicia politizada. Politizada en su contra claro, porque a todo el mundo le es evidente que la Justicia en España tiene una clara ideología y defiende una serie de intereses particulares. En lo que respecta a la Justicia el PP no quiere hacer nada porque les va la cárcel y la derrota social en ello.

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