Nada nuevo bajo el sol. No se esperaba otra cosa del partido presidido por Pablo Casado en referencia al Banco Popular y a sus afectados. Una frase, eso es lo que le dedica al asunto el PP en el voto particular firmado por Dolors Montserrat, la portavoz de su grupo en el Congreso tras el cambio de gobierno, una diputada que no ha pisado la Comisión de Investigación, que no ha intervenido como sí lo hicieron, entre otros, Carlos Floriano, Juan Manuel Juncal o Miguel Ángel Paniagua.

En el texto presentado en el Dictamen aprobado en el Pleno del Congreso el Partido Popular afirma lo siguiente: «La normativa de resolución ha sido una consecuencia directa de los impactos de la crisis. La Directiva Europea y su transposición a la legislación española, es consecuencia del debate generado en relación con que el contribuyente asuma el coste de la reestructuración de la banca por su carácter de sistemicidad o importancia significativa a efectos de la economía real. Esto lo hemos visto en el caso del Banco Popular, que fue la primera intervención de este nuevo mecanismo europeo. En el dictamen se explica de forma clara los sucesivos acontecimientos y las carencias de este nuevo sistema de resolución».

Ni una palabra para los afectados, ninguna propuesta. Nada, lo cual no escandaliza a nadie porque era lo esperado del PP. Hay que tener en cuenta varios aspectos que ya han sido explicados en Diario16 con la documentación que obra en nuestro poder.

En primer lugar, y en base a la crisis de liquidez que llevó a Saracho a declarar la inviabilidad cuando disponía de cash para poder seguir funcionando con normalidad, tal y como reconoce el Banco de España, el gobierno de Mariano Rajoy fue fundamental para que el Popular cayera y fuera vendido al Santander por un euro.

En segundo término, los organismos dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos (Banco de España, FROB, Sareb, CNMV, Tesoro) fueron fundamentales para provocar, presuntamente, la crisis del Banco Popular en diferentes términos:

  • No paralización de las operaciones a corto de la operación bajista en bolsa (CNMV)
  • No aportación de más liquidez de emergencia cuando se sabía que el Popular tenía más garantías de las aportadas por Saracho o porque el acceso a más de 4.000 millones de euros dependía de que los directivos del banco entregaran documentación original de las garantías en vez de fotocopias (Banco de España)
  • Paralización de la segunda fase del Plan de Negocio una vez que Saracho accedió a la presidencia del Popular (Secretaría del Tesoro)
  • Iniciar la resolución el día 3 de junio con la comunicación a los bancos españoles del Proyecto Hipócrates (FROB)
  • Retirada masiva de depósitos el día 5 de junio tras la comunicación del FROB de que el Popular iba a ser resuelto (Sareb)

A todo esto hay que unir la presunta utilización de información privilegiada por parte de organismos públicos y empresas controladas por el Estado para la retirada masiva de liquidez que provocaron que Saracho declarara la inviabilidad el día 6 de junio. Este hecho va a ser investigado en breve por la Audiencia Nacional.

Por tanto, no ha sido ninguna sorpresa que en el voto particular firmado por Dolors Montserrat no se haga ninguna mención al caso porque, al final, si las diligencias judiciales buscan hacer justicia, podría aparecer una presunta implicación de su partido con la ruina de más de 305.000 familias.

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