¿Es necesaria una jurisdicción militar en tiempos de paz? ¿Por qué delitos que deberían ser juzgados por los tribunales civiles son tratados por los militares? Son preguntas que surgen y ante las que los órganos del Estado no pueden dar respuesta. La realidad es que la Justicia militar no tiene ningún sentido en una democracia con separación de poderes.

Las Fuerzas Armadas y las instituciones que se rigen por el código militar, como la Guardia Civil, tienen códigos internos de comportamiento que nada tienen que ver con la Ley: jerarquía, honor, disciplina. Sin embargo, este hecho no es justificación para que delitos de corrupción perpetrados por militares sean investigados o juzgados por los tribunales castrenses, porque dejan a los denunciantes a los pies de los caballos.

Son muchos los militares que tienen conocimiento de comportamientos corruptos de sus superiores y, sin embargo, no los denuncian por temor a las represalias que se puedan tomar por los mandos. Además, quienes se atreven a dar el paso y poner en conocimiento de los tribunales la corrupción, se encuentran con la expulsión de sus respectivos cuerpos, con terribles represalias que les destrozan la vida y que sirven para ejemplarizar e intimidar a toda la tropa, sea del cuerpo que sea, tenga la graduación que tenga.

En España tenemos muchos casos, algunos en los que estaban en juego los derechos de la mujer, tal y como ocurrió con Zaida Cantera, pero, en lo referido a la corrupción, nos encontramos con lo sucedido con el teniente Luis Gonzalo Segura y con la sargento de la Guardia Civil María Serrano. El primero, desde que fue destinado a la Subdirección de Operaciones de Red de la Jefatura de Sistemas de Información Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército, Segura fue testigo de importantes irregularidades que, como decíamos anteriormente, denunció a sus superiores y, posteriormente, a la Justicia militar. Luis Segura descubrió que el sistema no funcionaba y fue donde se dio cuenta de que había denunciado a algo mucho más grande: la corrupción sistémica dentro de las Fuerzas Armadas. «Ahí fue cuando decidí denunciarlo públicamente», confirmó Segura a Diario16.

«La corrupción dentro del Ejército es mucho más sistémica que en el resto de las instituciones porque tenemos una jurisdicción militar propia y unos órganos de investigación propios. Desgraciadamente no funcionan correctamente», afirmó Segura a Diario16. Sin embargo, el propio teniente reconoce que el desconocimiento del poder que tienen esos elementos corruptos fue una de las causas de que sus denuncias no fueran tenidas muy en cuenta: «En principio no tuve dudas a la hora de denunciar. En ese sentido yo fui muy inocente porque denuncié primero a mis mandos pensando que eso se solucionaría y luego a los juzgados militares creyendo que resolverían. Incluso llegué a pensar que un juzgado militar sería mucho más duro que uno ordinario ante los casos que yo estaba denunciando», añade.

En el caso de la sargento María Serrano, una suboficial de vocación, con sangre verde en las venas, la cosa es más grave puesto que ella denunció a un subordinado, a un cabo, de quien comenzó a sospechar. Ella descubrió que este hombre estaba imponiendo sanciones por comercio ilegal de pesca a empresas ubicadas en Mercasevilla pero no todo era trigo limpio puesto que «él mismo era el que hacía los recursos de descargo para esas empresas», confirmó María a Diario16. En el propio equipo informático del cabo halló los pliegos de descargo que esas compañías presentaban en los juzgados para eludir sanciones de hasta sesenta mil euros. Serrano decidió poner en conocimiento de sus superiores estos hechos y ahí empieza su calvario. Preparó un informe que entregó a su superior inmediato, un teniente, quien ya le advirtió que se olvidara del tema, que lo obviara. María Serrano no podía quedarse parada y realizó más informes en su tiempo libre hasta que consiguió que se abrieran diligencias que imputaban al cabo. Sin embargo, el suboficial no fue apartado del servicio. Esta causa fue sobreseída porque los delitos habían prescrito. Incluso se lleva de testigo a un abogado de Mercasevilla para que afirme que él fue quien redactó los pliegos de descargo. «Que un abogado de Mercasevilla afirme que redactó esos informes en los ordenadores de la Comandancia de la Guardia Civil es muy fuerte», afirma Fermín Vázquez, el abogado de Serrano a Diario16. Se produjo un cruce de demandas entre la sargento Serrano y sus superiores y, siempre, desde la Guardia Civil, se intentó que el caso no llegara a la jurisdicción civil.

¿Por qué ocurre esto en un país democrático? ¿Por qué en la Transición no se eliminó la Justicia militar como ocurre en países como Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda o Dinamarca? En España se produce un hecho que ya va en contra del propio espíritu de los órganos de Justicia y es que no queda del todo claro el delito que corresponde estrictamente al ámbito castrense, puesto que ahí puede entrar un caso de corrupción, abusos sexuales o un simple hurto en un cuartel.

Por otro lado, los denunciantes de corrupción pertenecientes a las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil señalan la falta de imparcialidad y de independencia de la Justicia castrense, porque los jueces y fiscales deben ser militares, y, por tanto, entran esos conceptos de jerarquía y disciplina apuntados antes. ¿Se imaginan a un teniente coronel teniendo que juzgar y condenar a un coronel, un teniente general o un general? Es bastante habitual la endogamia que lleva a tener en cuenta aspectos como las amistades entre mandos, la posibilidad de promoción en el escalafón o la autoprotección. También se genera una desconfianza en el denunciante puesto que en muchos casos se le cataloga como alguien que ha roto el código de honor o la disciplina. Los ejemplos de los procesos de Segura y Serrano son evidentes. Por desgracia, hay muchos más.

De ahí que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que denuncian la corrupción de sus respectivos cuerpos tengan que llevar sus casos a Europa para que se les haga Justicia y, en algunos casos, demandar al propio Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos, como han hecho en estos días tanto Segura como Serrano.

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