La operación del Banco Popular se hizo con premeditación, siguiendo un planning que fue aplicado por Emilio Saracho con la precisión de un neurocirujano. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer en un momento determinado, concretamente cuando comenzaron a llegar ofertas de ampliación de capital y de compra de activos no estratégicos. Dichas propuestas se podían ocultar tanto al Consejo de Administración como a los mercados durante un tiempo determinado, pero no siempre. Esta es la razón por la que el día 2 de junio se aceleró todo, se urdió al procedimiento de resolución junto a la JUR, se enviaron las cartas a los cinco bancos españoles —dejando fuera a otras entidades extranjeras que, seguramente, hubiesen llegado a una mejor solución para los pequeños accionistas que la del Santander—, se aprobó un cronograma que fue seguido al pie de la letra y se generó una alarma que provocó la salida de depósitos de las instituciones y organismos públicos. Sin embargo, el Popular era una entidad solvente y dispuso de una línea de liquidez de 9.500 millones porque el día 5 de junio era un banco líquido y solvente y una entidad financiera jamás puede caer en 24 horas…, salvo que se la lleve al precipicio.

Todas las irregularidades han llevado a muchos de los afectados a demandar al Santander por enriquecimiento ilícito. Estas acusaciones han debido generar inquietud porque fueron presentados inmediatamente por parte de Uría y Menéndez los recursos en los que se pretendía que se archivasen las causas porque, según la versión del Santander, los tribunales españoles no son competentes. Este retorcimiento de la ley fue rechazado de manera fulminante y las causas siguen su curso legal.

La situación real del Santander es la que demuestra la necesidad que tenían de adquirir el Popular, por las razones ya expuestas en Diario16 y hay datos más que suficientes como para plantear querellas no sólo por el enriquecimiento ilícito sino por, también, una presunta falsedad de cuentas detectada por analistas financieros independientes que han analizado las correspondientes al ejercicio 2.017.

En la página 24 de dicho informe se dice que el Resultado del Ejercicio fue de 8.027 millones y en el renglón siguiente indica que «otro Resultado Global» fue de –7.320 millones. En esa misma página se afirma que el Resultado Global Total de 2.017 fue de 887 millones, muy lejos de los 8.027 millones publicados.

Por tanto, la ampliación de capital del Santander no sirvió para hacer frente a la integración del Popular sino para cubrir su propio desfase patrimonial generado por las divisas en los mercados en los que opera, un hecho corroborado por la memoria del Santander de 2.017, auditada por PwC y publicada tanto en su web como en la CNMV, lo cual, indica que hubo también una presunta falsedad en cuentas.

En el segundo trimestre hubo críticas a la solvencia del Santander por parte de diferentes analistas internacionales. De no haber conseguido hacerse con el Popular, hubiera sufrido un ataque de los mercados que habrían impedido el reparto de dividendos, algo que para Emilio Botín era clave porque, tal y como decía a sus íntimos, siempre había que repartir dividendos aunque para lograrlo hubiese que ampliar capital.

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