El Estado español no tiene ningún tipo de protocolo de protección hacia los denunciantes de corrupción, tal y como ocurre en otros países de nuestro entorno. Mientras el Parlamento Europeo aprobaba una Directiva para la protección de las personas que, desde distintos organismos y responsabilidades, han denunciado los comportamientos corruptos, en España se las sigue machacando y destrozando la vida.
Denunciar la corrupción en España es un acto casi suicida, sobre todo si el denunciante se encuentra dentro de la Administración. Son muchos los ejemplos, como el de la Sargento Primero de la Guardia Civil, María Serrano, que lleva años acosada por su propio cuerpo por denunciar los actos corruptos de un subordinado. En las Fuerzas Armadas contamos con el caso del teniente Luis Segura que, no sólo fue expulsado del Ejército, sino que el aparato corrupto del Estado ha convertido su vida en un infierno. Lo mismo ocurre en la Justicia. El juez Fernando Presencia denunció la corrupción existente en el tercer poder y está sufriendo la venganza de todo el entramado que dirige el Poder Judicial, llegando a producirse situaciones tan esperpénticas como que se dictara sentencia contra Presencia por ir muy rápido en su el cumplimiento del deber, amén de que el documento condenatorio estaba plagado de insultos y vejaciones. Nombres hay muchos: Ana Garrido, Azahara Peralta, Roberto Macías, Fernando Clemente o Maite Morao, por citar algunos. Sin embargo, todos tienen algo en común: su vida se ha convertido en un infierno por haber dado ese paso adelante, por denunciar la corrupción.
España es el país más corrupto de Europa y la reacción del Estado ante quienes pretenden con su denuncia terminar con esta lacra son tratados como criminales por los verdaderos delincuentes. El problema de España con la corrupción es que está institucionalizada, es sistémica, y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.
Europa pretende con la Directiva aprobada en el Parlamento poner freno a esta infamia y ha creado un sistema de protección para los denunciantes para evitar las represalias que sufren sobre todo en España. La Unión intenta que los alertadores de corrupción se sientan seguros ante la venganza de los denunciados que se traduce en la persecución inhumana utilizando, además, a las propias instituciones públicas. Sin embargo, mientras se realizaban los trabajos de confección de la Directiva hubo consenso en que esta nueva ley de la Unión Europea es insuficiente porque deja fuera aspectos que son muy importantes para la protección de los denunciantes como, precisamente, que sean representantes de los propios organismos denunciados los que juzguen estos actos corruptos.
