El crecimiento que indican las cifras macroeconómicas no es sentido por la ciudadanía, no llega a la sociedad y no se percibe que sea sólido, sostenible y justo. Lamentablemente, la evolución industrial española registra un ritmo inferior al de la media europea, al caer la cuota de mercado un 2%. A partir del segundo trimestre de 2018 experimentó un brusco frenazo y se ralentizó la tasa anual de crecimiento del empleo, pese al retraso que ya registraba frente a los países de nuestro entorno. Además, existe una sentida incapacidad para generar una industria propia, dado que España se limita a ser un proveedor de productos intermedios.

La industria española se caracteriza por una especialización productiva de sectores tradicionales, es intensiva en mano de obra y registra una baja productividad por empleado. También tiene una escasa dimensión empresarial, un bajo nivel de internacionalización y padece carencias en la articulación de las infraestructuras, sobre todo del transporte de mercancías. A esto hay que añadir que España es el tercer país de la UE con el sistema energético más caro, tiene sectores de baja intensidad tecnológica y poca inversión I+D+i, que se refleja en un escaso gasto del sector privado. Los últimos datos indican que únicamente el 46,7% del total es financiado por las empresas y que el sector financiero es muy conservador.

Las cifras también confirman que el número de personas asalariadas se redujo en la industria un 9,8% en una década, al pasar de los 2,6 millones de 2.008 a los 2,4 del tercer trimestre de este año. En los últimos cuatro años creció casi un 15%, un 3,2% desde 2.017. Cada nuevo puesto de trabajo que se crea acumula 25 contratos y el empleo a tiempo parcial se extiende en una actividad donde siempre fue escaso. A un 45% de las personas que tiene este tipo de contrato le desagrada. Además, el índice salarial es un 9% inferior al de 2.008. En la media de la Unión Europea la situación es la contraria, ya que supera en un 18,5% al de hace una década.

A finales de noviembre, el Ministerio de Industria presentó el “Programa de Reindustrialización” que, tradicionalmente, han ofrecido los sucesivos gobiernos y que se dirige a las comunidades autónomas. Hay serias dificultades para evaluarlo porque nunca se ha hecho un seguimiento del mismo. En diciembre aprobó el “Real Decreto para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España”, que recuerda que “el sector industrial se configura como uno de los principales motores de nuestra economía con un gran potencial para combatir las desigualdades sociales, originadas por los bajos salarios y el desempleo”. Sin embargo, la profusión de reales decretos y la presentación de agendas sectoriales refuerzan la incapacidad del Gobierno para entender que las respuestas a las debilidades de la industria solo se pueden abordar desde el diálogo social.

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