Después de mi último artículo, mi quisquilloso comentarista particular me intentó advertir de lo que según él se trataba de un lamentable error de planteamiento en mis reflexiones. Y me decía lo siguiente:

Señor Presencia, algunas matizaciones. La primera y fundamental es que nuestro ordenamiento jurídico se ha dotado de unos mecanismos de resolución de bancos (un banco no es una empresa cualquiera) que podrá leer en: http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/. Como juez sorprende todo lo que dice de una “liquidación” e “inhabilita” el resto del artículo.

La segunda, lo de la rentabilidad de la venta de las carteras de “activos tóxicos”, SAN lo vende a valor neto contable, por lo que NO “ha sido grande” la rentabilidad.

Desde que daba clases en la Universidad sobre Derecho Concursal no había vuelto a explicar algo que ahora creo que es importante, y que ayudará a mi comentarista particular a entender mi planteamiento.

En el Derecho Procesal Español existen tres tipos de procesos diferentes, dependiendo de donde se encuentre en ellos el título de ejecución.

El primero de ellos es el proceso declarativo, que tiene por objeto conseguir el título de ejecución, normalmente la sentencia, y por eso aparece al final.

El segundo de ellos es el proceso monitorio, que tiene por objeto preparar el título para ejecutarlo, y por eso aparece en medio del procedimiento.

El tercero de ellos es el proceso de ejecución, que se inicia precisamente con el título, y por eso aparece al principio.

 

El proceso concursal es un híbrido de estos dos últimos procesos, donde lo que aparece en medio de su tramitación, y es precisamente lo que constituye la naturaleza del concurso, no es un solo título de ejecución, sino que son dos. El primero de ellos el Auto de declaración del concurso, que lo dicta el juez de lo mercantil, y el segundo de ellos es el informe de la administración concursal.

Para más inri, dentro de cada uno de los procesos, y el proceso concursal no es una excepción, existen especialidades, y por eso distinguimos entre el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Y esto es precisamente una especialidad dentro del proceso concursal ordinario, lo que constituye el Mecanismo Único de Resolución (MUR) y la legislación española que lo desarrolla, constituida básicamente por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Que la Ley 11/2015, de 18 de junio, es una especialidad del proceso concursal lo dice la propia Ley Concursal, en su disposición adicional segunda, apdo. 2, letra k).

Pero que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) constituya una legislación especial dentro del proceso ordinario no significa que pueda sustituir a todo el proceso concursal ordinario. Lo dice expresamente el apdo. 1 de la referida disposición adicional segunda de la Ley Concursal, cuando indica expresamente que:

En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal.

De hecho, en la propia legislación especial se dice que el mecanismo de la resolución se aplicará para evitar solo la “liquidación concursal”, no el resto del procedimiento concursal ordinario, que no tiene por qué acabar con la liquidación. En cambio, en los casos de liquidaciones parciales sí que debe de aplicarse el procedimiento concursal ordinario, porque lo dice el artículo 25.6 de la Ley 11/2015, de 18 de junio:

Cuando se utilicen los instrumentos de resolución previstos en el apartado 1, letras a) y b), y se apliquen para realizar una transmisión parcial de los activos y pasivos de la entidad, la entidad residual se someterá a un procedimiento concursal dentro de un tiempo razonable teniendo en cuenta la necesidad de que la entidad residual colabore para garantizar la continuidad de los servicios por parte del adquirente y el mejor cumplimiento de los objetivos y principios de resolución.

Por eso dijimos entonces, y decimos ahora, que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) se aplicó mal en el caso de la liquidación del Banco Popular. El FROB debió de solicitar la previa declaración del concurso y el nombramiento de la administración concursal, antes de “regalar” el Banco Popular al “Banco del Santander”.

Que la adjudicación del Popular fue un regalo lo demuestra el hecho de que el Santander obtuvo por la venta de su activo tóxico, que le costó 1 euro, más de 5.100 millones de euros. Esa venta del activo tóxico debió de hacerse dentro del proceso concursal, al constituir una liquidación parcial “encubierta”.

¿Por qué el FROB prescindió deliberadamente de una administración concursal en la liquidación “encubierta” del Popular?

Eso es algo de lo que trataremos en el artículo siguiente.

 

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