La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha registrado dos iniciativas parlamentarias para que el Gobierno del PSOE explique la ‘privatización encubierta’ de buena parte de los servicios vinculados a la mayoría de trámites administrativos que se siguen en la Dirección General de Tráfico (DGT)

Entre otras cuestiones, García Sempere exige al Ejecutivo que aclare “cómo se compaginan las competencias y responsabilidades de la DGT con el hecho de que la inmensa mayoría de matriculaciones, transferencias y bajas de vehículos ya no pase por las manos de ningún funcionario y tampoco lo haga la verificación de los datos”.

La parlamentaria en el grupo de Unidas Podemos apunta en la primera de sus iniciativas que el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial “establece que serán competencias del Ministerio del Interior, ejercidas a través del organismo autónomo de la Dirección General de Tráfico, entre otras, la matriculación y expedición de permisos y licencias de circulación de vehículos a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores, los cambios de titularidad y la baja temporal o definitiva de los mismos”.

García Sempere denuncia que lo que ocurre hoy en la práctica es que “la inmensa mayoría de esas actuaciones ya no pasa por las manos de ningún funcionario y, por lo tanto, tampoco la verificación de los datos”.

Ocurre que “hasta el archivo de los trámites de vehículos o la impresión y expedición de los permisos de circulación son gestionados por los Colegios de Gestores, cuyo personal ahora es el único custodio de la mayoría de documentaciones. Este personal incluso se lleva de las Jefaturas de Tráfico las cajas de paquetes de permisos de circulación en blanco”.

En la misma línea, en la segunda de las iniciativas, la diputada de IU detalla que en el centro estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León “operan desde hace años empresas privadas que se dedican a grabar los boletines de denuncia de la Guardia Civil y a manipular todo la gestión y envío de notificaciones a los ciudadanos sancionados”.

“Desde hace algún tiempo -añade- también han empezado a digitalizar allí los documentos de identidad y demás circunstancias de las personas que se presentan a las pruebas para obtener los distintos permisos conducción. Todo esto se debe, entre otras razones, por la deliberada falta de personal en las jefaturas provinciales de Tráfico para hacer estos trabajados”.

Por ello, Eva García Sempere reclama al Gobierno que explique “con cuántos empleados públicos cuenta el centro estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León para hacerse cargo de los trabajos que la falta de personal impide realizar en las distintas jefaturas provinciales de Tráfico” y qué trabajos “se están derivando a la empresa o empresas privadas que operan en ese centro”.

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