Cuando un pueblo es expulsado de su lugar de vida (su tierra), es aniquilado por protestar, se le pone un muro para apartarle del resto de la sociedad, se le quitan todos los recursos naturales que les pueden permitir vivir, se les encarcela a los hijos e hijas junto a los padres y madres, y les encierran en guetos, posiblemente piense que estamos hablando de la época nazi o estalinista. Pues no, esto está ocurriendo con un país que es considerado una democracia, Israel. Paradójicamente, el Estado que dice representar a las víctimas del Holocausto está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino. Jamil Mahmoud Abu Saadar, presidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina “Jerusalén”, lo ha querido destacar en su introducción al acto de conmemoración del comienzo de la diáspora palestina, la cual comenzó el 30 de marzo de 1976 tras la invasión israelí de Galilea. Desde esa fecha, la represión y el asesinato indiscriminado ha sido el elemento utilizado por Israel contra el pueblo de Palestina.

En los últimos 17 años, desde el comienzo del siglo XXI, ya van 52.000 muertos por ataques sionistas, de ellos 2.000 niños o niñas. 10.000 personas detenidas por el ejército israelí, de ellos 350 niños o niñas (el último ejemplo, el de Ahed Tamimi) que están en cárceles. Por eso, es que todas las organizaciones humanitarias y diversos partidos políticos (PP y Ciudadanos se muestran favorables a Israel, igual por cuestiones financieras) defienden que como mínimo se respeten los derechos humanos. Y si Israel y su soporte Estados Unidos se aviniesen a respetar las resoluciones de la ONU, ya sería avanzar algo en el proceso de paz. Así, los palestinos exigen: 1.) Acabar con la ocupación; 2.) El regreso de los exiliados palestinos que están en la diáspora; 3.) Respeto de los Derechos Humanos por parte de Israel sobre el pueblo palestino (principalmente el derecho a la vida); 4.) El cumplimiento de las resoluciones de la ONU, en especial la 181; 5.) El reconocimiento del Estado palestino y la cotitularidad de la capital Jerusalén.

Vanessa Angustia, senadora de Izquierda Unida, ha sido contundente en sus declaraciones al afirmar que lo que realmente hace Israel es practicar la táctica de “tierra quemada”, mediante la destrucción del hábitat de los palestinos. “Israel es un país criminal y genocida con la alianza del Imperio de Estados Unidos” ha denunciado Angustia, para a continuación decir que así se defiende la táctica del Imperio en Oriente Medio. Ha hablado del “muro de la vergüenza” que ha permitido a Israel usurpar recursos acuíferos, para someter a los palestinos, para fusilar a las gentes, para ganar una guerra destruyendo todo por donde pasa y hacer como los ejércitos fascistas.

También practica la política de apartheid con la ciudadanía palestina al separarlos de los colonos invasores judíos, mientras éstos van agotando los recursos que antes eran del pueblo palestino, o arrancan los olivos que utilizaban los palestinos para fabricar aceite y plantan especies invasoras, pero mucho más útiles para la exportación y hacer dinero a costa de los muertos del otro lado del muro. Pero esto no puede quedar en el olvido para la senadora de IU, hay que seguir luchando por la memoria de “los miles de muertos por el terrorismo sionista”.

Antón Gómez-Reino, de Unidos Podemos, ha comenzado pidiendo la solidaridad de los países europeos con los refugiados que están en todos estos países, recordando que el “pueblo palestino es el lleva más tiempo desplazado y/o refugiado”. Por ello no hay que opacar ese problema, al contrario, hay que darle más visibilidad al problema y lo allí sucede. Porque, como el resto de intervinientes, es necesario que los países occidentales, en especial, obliguen a Israel a cumplir el derecho internacional y las resoluciones de la ONU que “incumple sistemáticamente Israel”. Ha denunciado que mientras Israel ha invitado a “jóvenes políticos de Ciudadanos y PP” a los diputados españoles de izquierdas se les prohibió entrar en la zona de Gaza. “No valen las buenas palabras ya con Palestina, sino que hay que pasar a los hechos y los actos” ha concluido el diputado de la formación morada.

Carlota Merchán, diputada del PSOE, con un tono más institucional, ha denunciado que la política de asentamientos “lo que más pone en riesgo es el proceso de paz”. Porque Israel lo que están intentando es acabar con los barrios palestinos al impedirles construir, mientras que a los judíos si se les permite, en una especie de gentrificación racista. Una política de asentamientos que está condenada, como casi todo lo que hace Israel contra Palestina, por la resolución 2334 de la ONU. También ha denunciado la socialdemócrata que se está empleando la legislación sutilmente para expulsar de sus barrios a los palestinos en Jerusalén y otros asentamientos. Los están aislando, negándoles colegios en los barrios, por ejemplo, o aumentando la población judía hasta una ratio 70-30 (que no han conseguido). En vez de “revertir la política de colonización se está endureciendo”. Y más desde que Donald Trump decidió reconocer Jerusalén como capital solamente de Israel. Para el PSOE no hay más solución que vuelta a las fronteras de 1967 y la constitución de los dos Estados con la co-capitalidad de Jerusalén.

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