La interpelación senatorial de Maribel Mora frente al secretario de Estado, Tomás Burgos, dejó una serie de dudas en el aire sobre el interés del Partido Popular por la Administración Pública. Fuertemente endeudada la Administración central por motivos ajenos, en la mayoría de casos, al funcionamiento de la misma, desde el ministerio de Hacienda, que es quien tiene la competencia sobre la función pública, las órdenes se transmiten con claridad: reducir el número de empleados públicos y trasladar el servicio a lo digital. ¡Caiga quien caiga! Esto quedó recogido en el artículo donde dábamos cuenta de las denuncias de Podemos y CGT.

Pero en la discusión senatorial entre senadora y Ejecutivo quedó claro que no se quiere contar la verdad. De hecho el propio secretario de Estado, según demostró la senadora Mora, no sabe realmente cómo funciona su departamento. Respecto al SEPE dijo que era competencia de las Comunidades Autónomas su funcionamiento y administración de las oficinas, cuando la realidad es que lo que comparten es mobiliario e instalaciones. El conjunto de la actividad funcional y material del trabajo es exclusiva del ministerio, como bien indicó la senadora de Podemos. Aún más, a pregunta de las diputadas Auxiliadora Honorato e Isabel Franco, en el Congreso, se ha podido conocer que el 23% de las oficinas de la Seguridad Social tienen cuatro o menos trabajadores. Algo que escondía el secretario de Estado al afirmar que hay 1.000 centros que procuran asistencia personal.

En el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 31,15% de las oficinas tiene menos de 4 funcionarios. 67 disponen de 3 trabajadores públicos, 52 disponen de 2 y 19 de sólo un empleado. En la Tesorería General de la Seguridad Social el 11,56% tiene menos de cuatro empleados. 4 oficinas tienen 3, 13 sólo 2 y 20 disponen de un empleado. Algo que se antoja insuficiente y que pone en evidencia que están trasladando el trabajo a lo digital, quitando derechos a la ciudadanía. Además se esconde que los expedientes, el trabajo principal, mucho más que sacar una historia laboral, se ven perjudicados por esa carencia de empleados públicos.

Cliente digital en vez de Ciudadano con derechos.

En el debate entre Burgos y Mora quedaba algo en el aire, algo que el dirigente popular ocultaba, pero cuyo inconsciente dejaba ver de vez en cuando. Su forma de expresarse, la negación de ciertos hechos difiriéndolos al pasado, el lenguaje empleado es algo que trasladaba a eflujos de ciertas teorías sobre la administración pública como el gerencialismo, o la gestión de calidad total (TQM), o el servicio de calidad total (TQS), o el Balance Scorecard. Algo sobre lo que ya habíamos escrito en un libro universitario pero que volvía al presente en forma de neoliberalismo gestor de lo público. Todo estalló cuando Burgos afirmó: “Nuestro cliente ya es digital”.

¡Cliente! No ciudadano, sino cliente. Para el gobierno neoliberal no hay ciudadanos que se relacionan con la Administración pública, sino clientes que deben ser atendidos como mejor convenga a la “empresa”. Y como lo que más conviene es el uso de lo digital, porque permite la reducción de masa salarial, el alejamiento de ciudadano, se fomenta hasta la extenuación, primando a los cargos medios por la expulsión de “clientes” de lo público. Bien claro se lo preguntó Maribel Mora y el secretario afirmó que la dirección por objetivos es algo ya muy antiguo. Antiguo, pero para todos anteriormente, y no mediante el engaño que se está produciendo en las direcciones provinciales de la Seguridad Social.

Esta discusión nos puso sobre la pista de lo que viene aconteciendo dentro de la Seguridad Social y la transición digital. Nadie dice que no se deban primar los buenos resultados, pero según hemos podido constatar en Diario 16, es un fraude hacerlo mediante engaños. Según fuentes ministeriales a las que hemos tenido acceso la consecución de objetivos está siendo manipulada por las direcciones provinciales, y en connivencia con el propio Ministerio, y muchos ciudadanos están siendo utilizados bajo fraude o falta de intención de digitalizarse.

En una Comunicación a la que hemos tenido acceso, diversos responsables de la Seguridad Social insistían en que hay que tratar al ciudadano como un cliente. Daba igual el párrafo o la persona que hablase en esa comunicación, en todas ellas se hablaba de cliente. Esto supone que el ciudadano pierde sus derechos como tal y los derechos administrativos. Es un mero cliente al que hay que satisfacer “momentáneamente”, así no se resuelva su problema en sí. Los principios detrás de esto es que como cliente sólo tiene los derechos de consumidor y si no le gusta, al ser digamos un monopolio (como es obvio por ser la administración del Estado), pues debe tragar, esperar y aguantar. Esa es la filosofía que se percibe en las comunicaciones.

Funcionarios obligados a actuar mal.

Pero aún peor es el trato que se les da a los funcionarios públicos de la Seguridad Social. No son funcionarios, y por tanto la cara visible y con derechos del Estado, sino meros coaches. Son guías para que el ciudadano aprenda a resolverse sus propios problemas. A ver si con suerte dejan de ir a quejarse y a pedir que se cumplan sus derechos, parece ser el pensamiento detrás de esas denominaciones. Lo peor es que ese coach está obligado a cumplir objetivos, fuera de su “función laboral” (de ahí que se les llame funcionarios), en beneficio de los Directores Provinciales. Han de hacer su trabajo sí, pero además en vez de solucionar las demandas ciudadanas, son “obligados” a derivar sí o sí a lo digital bajo fuertes presiones de los mandos. Una especie de comerciales de lo digital. De lo lejano. Donde el cabreo y el derecho quedan difuminados entre otros bytes.

La clave está en los TUSS (Tu Seguridad Social). En las transferencias a lo electrónico y digital. Las direcciones provinciales, como hemos podido atestiguar en diferentes oficinas a lo largo del país, obligan a los funcionarios a inscribir al ciudadano en lo electrónico. Gestionándole su usuario y clave de acceso, aunque no lo haya solicitado. En muchas ocasiones, según nos han contado, lo que se hace, en vez de derivar al ciudadano al ordenador, es ayudarle electrónicamente desde el propio puesto de trabajo. Lo que es una especie de “rebelión” del funcionario en muchas ocasiones. Pero también una imposición de la superioridad.

Muchos ciudadanos y ciudadanas de España son completamente inconscientes de tener una relación digital con la Seguridad Social, o la Administración. Les han hecho digitales para que señores y señoras que están en las Direcciones Provinciales puedan llevarse un dinero extra por los objetivos logrados. Entre 1.000 y 3.000 euros, según la cantidad de TUSS obtenidos (consciente o inconscientemente) que hayan grabado los funcionarios a su cargo. Por eso, según hemos podido comprobar en diversas oficinas, los jefes y jefas indican a cada funcionario la cantidad de TUSS que deben hacer diariamente, lo pidan o no los ciudadanos. Un fraude total en beneficio de los directivos estatales. Y con la presión para con los funcionarios de cumplir con esa obligación o poder ser expedientados.

La cara oculta de esa transición digital del gobierno del PP. Quienes presentaran datos y más datos sobre lo bien que está funcionando, de tener numerosos “clientes digitales”, pero que esconde una especie de fraude de reglamento que beneficia a unos cuantos con primas que no deberían estar cobrando. Porque no es el ciudadano quien conscientemente pide ser digitalizado. Le ponen una autorización delante para que firme, pero sin ser consciente de lo que está firmando. Y la mayoría de los casos con el temor de que no le tramiten su expediente si no firma. Una gran mentira que pretende, como nos han contado, acabar con la Administración Pública y privatizar hasta la última hoja de la misma.

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