Pensaba el senador de En Comú Podem, Joan Comorera, que la llegada al Gobierno del PSOE le traería alguna alegría. Si no en el sentido de hacerle caso, cuando menos d hacer un esfuerzo para responder a sus preguntas. Está visto que ni lo uno, ni lo otro. Debe haber algún tipo de síndrome que impide a cualquier Gobierno responder a lo preguntado por un representante, no se olvide esto, de la soberanía popular. Por menos de esto en tiempos de Robespierre la cuchilla bajaba rauda y veloz sobre el cuello de quien osaba poner sus asuntos propios a los del común. No hay que ser tan drásticos y algo ha evolucionado el ser humano, no mucho todo hay que decirlo, pero sí lo suficiente para no pensar en el mecanismo del cirujano Joseph Ignace Guillotin.

En esta ocasión el senador Comorera quería saber si cierta distinción creada por el dictador fascista Francisco Franco iba seguir siendo utilizada para agradecer los servicios prestados a las personas del cuerpo jurídico del Estado. Ha sido prudente el senador al explicar bien los motivos que le impelían a plasmar en formato electrónico tal cuestión. “Mediante Decreto de 23 de enero de 1944 del dictador Franco se creó en España la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort para premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración de Justicia y en la aplicación del derecho en todas sus ramas” ha expuesto el senador catalán.

A continuación, ha extendido esa explicación a una petición que viene haciéndose desde el mundo jurídico desde hace tiempo. Y como el Gobierno parecía, no se puede poner en presente, querer avanzar en los temas de Memoria Histórica, Comorera sigue exponiendo lo siguiente: “Recientemente el Sindicato de Letrados de Justicia (SISEJ) ha solicitado que se supriman los símbolos y distinciones franquistas que aún perviven en el ámbito judicial, empezando por la Orden de San Raimundo de Peñafort, y que en el proceso de valoración, información y otorgamiento de las distinciones al mérito en Justicia se excluya la participación de cualquier cargo de carácter religioso, como es el caso del arzobispo de Toledo, que hasta ahora valora las propuestas”.

Así se tiene el cuadro completo de la exposición de motivos que le llevan a Comorera a realizar la siguiente pregunta: “¿Va el gobierno a suprimir la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort por otro tipo de reconocimiento en su caso, civil, aconfesional y compatible con los valores y principios democráticos constitucionales y alejado de cualquier reminiscencia franquista?”. En clara consonancia con las intenciones de dejar atrás el franquismo que aún sigue penetrando los intersticios del Estado se pregunta, a ver si hay suerte, por la supresión de una condecoración ciertamente ominosa. La respuesta ha sido breve, contundente, mas lacónica: “En relación con el asunto interesado, se señala que entre las actuaciones previstas por el Ministerio de Justicia, no está la de suprimir o modificar la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort”.

La ministra Dolores Delgado lo deja claro, ni está en su cabeza, ni lo va a estar. No tienen la valentía suficiente en su ministerio para cambiar el tipo de condecoración. Porque el senador no pide que la quiten sin más, que igual sería la solución a tanta medalla, sino que se modifique por algo democrático. Ni caso. Eso no vende y no se atreven a meter mano a la judicatura tan retrógrada que existe en España.

Lo curioso es que hace otra pregunta que dejan sin contestar: “¿Considera el gobierno aceptable la participación de cargos de carácter religioso contrarios a la aconfesionalidad establecida en la Constitución en este tipo de reconocimientos?”. ¿Han visto ustedes la respuesta? El senador catalán tampoco. Lo que debería ser normal, que ningún cargo eclesiástico apareciese por celebración estatal y/o política, no tiene respuesta para el Gobierno. Por ello Comorera es claro al declarar a Diario 16 Mediterráneo que “hay asociaciones y colectivos que desde dentro de la propia administración de Justicia reclaman la eliminación definitiva de vestigios franquistas y apuestan decididamente por la aconfesionalidad. El Gobierno se equivoca profundamente cuando hace oídos sordos a estas demandas”. No sólo se equivoca sino que se salta las resoluciones congresuales de su propio partido.

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