La polémica inauguración de un Centro Comercial, cuyas obras se están realizando en Torre Cárdenas (Almería), podría acarrear un grave problema de salud pública porque, en caso de avería o filtración de las tuberías de saneamiento sobre las de abastecimiento de agua potable ya que éstas transcurren en cota inferior a las primeras. Es decir, que existe una alta posibilidad de que se produjera la contaminación del agua potable y, por tanto, la salud de los almerienses se encontraría en peligro.

El Centro Comercial tiene prevista su apertura en este mes de octubre sin que se haya resuelto el problema del agua. Por esta razón, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), ha denunciado los organismos competentes en este asunto y ha pedido la paralización inmediata de paralización inmediata de las obras y de la oportuna Licencia de Activada o Apertura, tanto en cuanto no se soslayen o resuelvan las graves incidencias detectadas.

En concreto, las deficiencias detectadas se centran en que el montaje de la tubería de abastecimiento procedente de las obras y saneamiento de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax que transcurren por la urbanización a una cuota inferior a las infraestructuras de saneamiento que marca la ley. Este hecho también es contrario a las prescripciones técnicas aprobadas por el Ministerio de Fomento, las ordenanzas municipales sobre la normalización de elementos constructivos para las obras de urbanización. Además, las instalaciones de media tensión transcurren por encima de las redes de abastecimiento.

En vista del silencio administrativo ante una situación que pone en grave riesgo la salud pública de los habitantes del Bajo Andarax almeriense, AMAyT envió distintas comunicaciones de denuncia, a las que ha tenido acceso Diario16, al Ayuntamiento de Almería en su calidad de responsable de la recepción de la obra y como miembro de la Junta de Compensación —por lo tanto, propietario, porque entre otras cuestiones tiene terrenos en ese Sector que también recepciona la misma. Además de ello es el que autorizó a la Junta de Andalucía para que hiciese las obras de canalización de agua potable y de media tensión y el que aprobó el proyecto de Urbanización Presentado por BOGARIS. También se han enviado comunicaciones a los consistorios que pertenecen a la Mancomunidad (Rioja, Gádor, Viator, Pechina, Benahadux, Santa Fe y Huercal de Almería). AMAyT remitió los mismos escritos a la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a la Subdelegación de Gobierno en Almería y al presidente de la Junta Gestora de la Mancomunidad del Bajo Andarax.

AMAyT ha declarado a Diario16 que «no salimos de nuestro asombro y preocupación a la vista del silencio o inacción de nuestros regidores y demás miembros de las Corporaciones que pudieran verse afectadas, desde el Ayuntamiento de Almería a los otros siete municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios de los 7 pueblos y su río de la Comarca del Andarax» ante un grave problema de salud pública que podría llegar a afectar a más de 30.000 personas.

Además, podrían existir graves irregularidades en los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Almería, principalmente en el favorable firmado por don Javier Garrido y que está fechado el 7 de abril de 2.015, en que se manifiesta que «y una vez girada visita de inspección a la mencionada Urbanización, el Técnico que suscribe, salvo vicios ocultos, INFORMA FAVORABLEMENTE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SUO-MNO-05 (Unidad Funcional Primera) […] Informe favorable de FCC-Aqualia: de los puntos 1 y 2 se deberá dar traslado a la Agencia Andaluza del Agua. Se deberá indicar en el Acta de Recepción que los puntos 3 y 6 deberán estar corregidos en el plazo de 15 días».

En ninguna parte del Informe emitido por la concesionaria FCC-Aqualia se indica tal conformidad, más bien al contrario, ya que se indican los Graves Incumplimientos o Defectos detectados que el Técnico Municipal debió de comprobar en su visita de inspección a la mencionada urbanización, como así lo viene a reconocer en su propio informe, por lo tanto no podrá argumentarse, en un futuro, ningún tipo de vicio oculto al respecto.

Desde AMAyT «seguimos sin encontrar explicación a los cruces de fechas, emisión de los informes y acta de recepción por parte del Ayuntamiento de Almería, documentos que también se adjuntan, y es que el informe emitido por la concesionaria FCC-Aqualia, a pesar de estar elaborado en fecha 30 de Marzo de 2015, su presentación en el Registro de Urbanismo y Registro General del Ayuntamiento de Almería no se realiza hasta el 9 y 10 de abril de 2015, respectivamente, y conforme figura mediante los sellos impresos, de los correspondientes registros municipales, en el documento-informe de FCC-Aqualia. Consecuentemente, hemos de preguntarnos, ¿cómo es posible que el Sr. Garrido emita INFORME FAVORABLE en fecha 07 de abril de 2015, es decir, dos y tres días de antelación a la presentación del informe de FCC-Aqualia en los registros de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería?».

De igual forma, el Acta de Recepción de las Obras por parte del Ayuntamiento de Almería y de la empresa promotora del Centro Comercial también se realizó en la misma fecha en la que el Técnico Municipal emitió su informe favorable y no recoge las incidencias detectadas en el informe de FCC-Aqualia.

Ante estos hechos, se impone la sorpresa ante el absoluto silencio que se mantiene desde la clase política de los diferentes ayuntamientos, de todos los grupos municipales y de todos los partidos ante la gravedad de estos hechos. «Con el silencio por respuesta, todos los involucrados y conocedores de estos hechos denunciados, son responsables de lo que en un futuro, y a buen seguro, pudiera suceder», aseguran a Diario16 desde AMAyT, dejando claro que no existe por su parte ninguna oposición a la apertura del Centro Comercial «ni a tumbar la creación de puestos de trabajo que se pudieran crear, sino que se tomen cartas en el asunto para que no se permita su apertura, ante el Gravísimo Riesgo existente contra la salud pública hasta que se solventen, por la administración o partes que correspondan,  estas incidencias de carácter ilegal».

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