El Partido Popular de Almería se enfrenta el próximo fin de semana a su 13° Congreso provincial. Un congreso donde no se esperan grandes cambios a nivel ejecutivo y que seguirá bajo la héjira de Gabriel Amat, pero donde se pueden encontrar numerosas incongruencias entre realidad y propuestas básicas de las ponencias Política y Económica. La principal incoherencia se puede encontrar en las propuestas que se presentan y la realidad de muchos años al frente de las principales instituciones públicas de la provincia. Se sigue echando la culpa a gobiernos anteriores, como el de Rodríguez Zapatero, sin mirar que es el propio partido conservador el que lleva gestionando la realidad de la ciudadanía almeriense desde tiempo ha.

En las propuestas concretas encontramos que el Partido Popular propone la utilización e intensificación de la Oficina de Atención al Ciudadano donde se recogerán las demandas, consultas y sugerencias de la sociedad civil. Una Oficina que languidece durante los últimos años de dirección de Amat y que parece ignorar denuncias como las que se han realizado en Diario 16-Almería en las últimas fechas. En Berja las asociaciones de vecinos se han manifestado por el tema del agua, pero parece que ni la oficina de atención ha funcionado.

Pero es más inquietante ver que existen grandes incongruencias entre el Código de Conducta propuesto y la realidad de los casos que van flotando sobre las cabezas de altos dirigentes provinciales. El Código recoge el apoyo al mandato representativo, esto es, que a pesar de abandonar el partido, el representante deberá seguir apoyando el programa por el que fue elegido. Eso poco o nada le importa a Gabriel Amat en su propio municipio cuando “liberó” a la ex-socialista María José López, con un gran salario anual, y que es pieza fundamental en algunas votaciones que requieren de una mayoría cualificada.

Otra cuestión que resulta chocante es el “compromiso de no dedicarse por sí o por persona interpuesta” a actos de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con la competencias del cargo. Que se conozcan, al menos, el caso Amat o y el caso Góngora se verían afectados por esa parte del código de buena conducta. El presidente de la Diputación está siendo investigado por las concesiones y chanchullos varios realizados por cerca de 103 empresas vinculadas a familiares y/o directamente al él mismo, como se viene denunciando desde estas páginas. Aún más sangrante sería el caso de Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, quien va a ser juzgado por fraude contra la Hacienda Pública, y sólo por ello debido a que el cohecho ha prescrito. Pero las prescripción del delito no exime de que exista el conocimiento de que Góngora utilizó su cargo de concejal de Urbanismo para “pegar un pelotazo” de cerca de 1,5 millones de euros. Según el Código deberían ser expulsados del partido, pero no se prevé que eso ocurra.

El último aspecto del Código Político apunta hacia el “constante esfuerzo de contacto con la sociedad mediante reuniones de carácter sectorial” y atención a los medios de comunicación. ¿Por qué faltaron los dirigentes populares a la reunión de los empresarios del Mediterráneo celebrada la semana pasada en Almería? Eso sí, la atención a los medios de comunicación es otra cuestión que, desde PSOE, Podemos o IU, ponen en cuestión pues sólo hablan los conservadores con aquellos medios que se sitúan bajo la órbita de Amat.

La economía y los amigos

Presenta el PP almeriense un fuerte programa económico de revitalización de la provincia. Como se manifestó líneas más arriba se acusa a Rodríguez Zapatero (que dejó la presidencia hace ¡seis años!) de falsificar los datos económicos (“la nula veracidad de los indicadores económicos” afirman literalmente). Y también acusan a la Junta de Andalucía por el decreto de Guarderías, el poco apoyo al desarrollo de infraestructuras, al escaso apoyo al mármol o a la falta de financiación pública mediante créditos reembolsables. En todo ello hay una parte de verdad, pero se niega el día a día del trabajo que están realizando desde hace muchos años en las instituciones. Parece que Gabriel Amat hubiese aterrizado en la presidencia de la Diputación hace dos días cuando está en el cargo desde 2011 y desde 1995 en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Pretenden generar un nuevo movimiento turístico que diversifique la oferta y la captación de personas en distintos países, no sólo un turismo español. Para ello creen que hay que potenciar la inversión pública en nuevas infraestructuras que posibiliten esa mejora que se busca con ahínco. Paradójico que quien esto propone, Francisco Góngora, haya perdido recientemente tres banderas azules en El Ejido por, precisamente, la falta de inversión pública en esas infraestructuras. También se transforman en casi socialdemócratas cuando defienden que se debe utilizar el “capital público para modernizar los sectores productivos” alejándose de la cultura de la subvención y pasando a una financiación regional. Se quejan de la Junta de Andalucía pero callan la apuesta de la misma institución en favor de aspectos de calidad alimentaria, por ejemplo.

Critican que no exista un verdadero Plan de Control y Gestión de Residuos agrícolas pero olvidan que la Diputación tiene habilitada esa competencia de gestión o que las diversas mancomunidades de basuras son controladas por el partido conservador. Si no actúan en ese sentido no es por culpa de la Junta sino de la propia inacción. Respecto al Corredor Mediterráneo no se mueven una coma de lo estipulado por el Gobierno de Mariano Rajoy. AVE Almería-Murcia y ya. Nada de trenes de cargamento, ni otras cuestiones por el estilo. Por eso no acudieron a la reunión de los empresarios, porque proponen algo radicalmente distinto a lo que se defiende en el PP.

Respecto a las infraestructuras viarias lamentan la lentitud en la circunvalación de Roquetas o la tardanza en la A-92. Dedican elogios al Ayuntamiento por el esfuerzo expropiador. Aquí entran en terrenos pantanosos pues tanto la A-92 como la circunvalación están bajo sospecha como se denunció en Diario 16. El pelotazo de Las Salinas de Roquetas se encuentra detrás de los atrasos. Los beneficios de las empresas familiares de Amat son las que generan retrasos porque desde la Junta de Andalucía se manejan con cuidado por las distintas sospechas.

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