La incertidumbre, cuando no la preocupación,se ha apoderado de la sociedad colombiana. El nuevo presidente del país, Iván Duque, parece que no le toma el pulso al país y muestra una notable ausencia de liderazgo, puesto a prueba en estos días tras un salvaje atentado terrorista en la capital colombiana. Se echa en falta una estrategia de comunicación, un discurso a la ciudadanía acerca de los verdaderos objetivos de su agenda política y, sobre todo, un mensaje conclusivo acerca de hacia donde se quiere ir. Duque no ha sido capaz de generar confianza ante una situación económica carente de dinamismo y numerosos conflictos de toda índole gravitando sobre el horizonte más cercano. Luego falta equipo, es decir, caras visibles que pongan respuestas a los problemas inmediatos y cubran las espaldas a un presidente con poco carisma y pocos contenidos de profundidad y calado. Su favorabilidad, en apenas unos meses, ha caído al 27%, aunque Duque, como otros presidentes, ya ha dicho que no cree en las encuestas.

El gobierno más que un equipo es una orquesta de músicos desafinados poco dados a dar la cara, hacer política verdaderamente explicando qué están haciendo (¿?) y mostrar solidez y robustez para hacer frente a los incontables problemas del país. Mas bien lo contrario: los ministros de Duque son absolutamente desconocidos para la mayoría de los ciudadanos y se muestran huidizos y escurridizos, incluso poco dados a las intervenciones en los medios y hacer política en las plazas públicas. Nadie los conoce, nadie sabe dónde están y qué están haciendo.

Esta ausencia de una línea política y una dirección adecuada para afrontar los problemas coincide en un momento en que se van conociendo numerosos datos y elementos que configuran una auténtica tormenta perfecta que anuncia una crisis segura en el corto plazo. La economía colombiana está absolutamente estancada y el año pasado apenas superó el 2%, una cifra muy baja y que muestra su escaso dinamismo. Pero hay indicadores aún peores, como la caída de un 14% en la inversión extranjera en términos absolutos el año pasado. Si bien la herencia recibida por el anterior presidente, Juan Manuel Santos, fue pésima en todos los sentidos si exceptuamos el proceso de paz firmado entre el gobierno de Colombia y la organización terrorista FARC, desde la llegada de Duque se ha echado en falta una serie de medidas para enderezar la economía y un verdadero programa con unas medidas concretas para hacer frente a una desactivación acusada en todo el cuadro económico.

Si los datos de la inversión extranjera son malos, tampoco lo son mejores los relativos al turismo, ya que según se informaba recientemente apenas 3,5 millones de turistas llegaron al país, una cifra bastante mediocre y por detrás de casi todos los países latinoamericanos si exceptuamos Venezuela, donde no va nadie debido a su compleja situación. Colombia se vende mal, no goza de una buena imagen exterior, sigue siendo un país muy inseguro en materia de orden público, carece de servicios turísticos de calidad y goza de unas infraestructuras prehistóricas.

Terrorismo, inseguridad pública y asesinato de líderes sociales

Para guinda de la tarta, el año comenzó con el brutal atentado terrorista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una escuela de la policía en pleno centro de Bogotá y que dejó 21 muertos y casi un centenar de heridos. El gobierno de Duque se vio obligado a cancelar los diálogos con esa organización terrorista y a exigir a Cuba, país garante del proceso y sede de los diálogos, la entrega de los cabecillas del ELN presentes en la capital cubana para negociar con los interlocutores enviados por el gobierno colombiano. Sin embargo, la medida generó divisiones en un país donde un importante sector social, liderado por la izquierda, aboga por el diálogo en contra de la opinión de los sectores más duros de la derecha, claramente partidarios de la mano dura y abandonar las negociaciones con el ELN.

Este atentado, además, coincidió con los datos sobre la evolución de la seguridad pública en Colombia, que mostraban a las claras un crecimiento del 4% en los homicidios en el país -algo más de 400 el pasado año si lo comparamos con el 2017-, y un crecimiento en otros delitos, como el robo de teléfonos móviles, a pesar de que la mayoría de los colombianos casi nunca denuncian porque saben de la inutilidad de sus denuncias y porque casi todos los delitos quedan impunes. Los homicidios se situaron por encima de los 12.000 en Colombia, una cifra muy alta porque se esperaba que con la firma del proceso de paz y el cese de actividades terroristas por parte de las FARC se diera una reducción sustancial en esta cifra. Por ejemplo, España, con una población parecida a la de Colombia, el número de homicidios el año pasado se situó en cerca de los 300, ¡400 veces menos que en el país latinoamericano!

Un asunto ligado a la inseguridad que preocupa especialmente a la opinión pública colombiana es el asesinatos de líderes sociales, generalmente ligados a colectivos indígenas, organizaciones de derechos humanos o colectivos vulnerables, como grupos feministas o miembros de asociaciones de defensa de la causa LGBT. El año pasado, según fuentes bien informadas, fueron asesinados en total 226 líderes sociales y en lo que va de este año, según informaba el diario local El Tiempo, van asesinados ya diez líderes sociales sin que no se anuncien medidas eficaces ni planes de acción para poner coto a este flagelo. La impunidad es la tónica dominante en Colombia ante estos crímenes.

Para terminar, hay que reseñar que en el escenario más cercano el nuevo presidente, que ya lleva seis meses al frente del país, tendrá que hacer frente a nuevas protestas en el sector de la educación, por parte de docentes y estudiantes que reclaman un mayor gasto en este área; el conocimiento de nuevos indicios del caso Odebrecht en Colombia que apuntan a las más altas instancias, incluido el expresidente Juan Manuel Santos, que podría haber recibido dineros para su campaña de la empresa brasileña; el crecimiento masivo de los cultivos de coca -estaríamos hablando de cerca de 300.000 hectáreas-, sin que se anuncien medidas ni una estrategia decidida para luchar contra el narcotráfico y la concreción de una serie de medidas tendentes a poner en marcha una verdadera agenda política, todavía inexistente. ¿Hacia dónde va Colombia? Nadie lo sabe, quizá el presidente Duque y su corte de iluminados adláteres, que algún día nos revelarán sus planes, tengan la respuesta a esta gran cuestión.

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