Es curioso como en la política actual las actitudes y los deseos de los partidos políticos tienden a moverse al albur de la última cuestión del día a día, en especial, del último enfado del dirigente máximo con estos o aquellos contendientes. Curiosamente en el caso de Podemos parece que las voliciones de Pablo Iglesias son las que determinan su estrategia a nivel total. Que en Cataluña desea una estrategia, por su amistad con Colau y Domènech, o simple electoralismo, todo el partido gira en esa dirección. Luego pasa que Carolina Bescansa reclama más discurso estatal que asociarse con secesionistas. Por cierto, como ya se analizó en Diario 16 Mediterráneo hace unos días.

Ahora, casualidades de la vida, el enfado de Iglesias con el PSOE, en especial con Pedro Sánchez, hace que sus ramificaciones valenciana y castellano-manchega comiencen a poner en cuestión la aprobación de los presupuestos regionales en ambos territorios. Comienzan a aparecer nuevas exigencias, que en algunas ocasiones poco o nada tienen que ver con lo social en sí, como el sistema de SDDR, y los portavoces empiezan a cuestionar las negociaciones de varios meses en la elaboración de los borradores previos.

Comunitat Valenciana

En la Comunitat, y pese a las presiones que ha ejercido Mónica Oltra sobre el conseller Vincent Soler, en Podemos no están de acuerdo con el borrador del borrador que les han presentado. Antonio Estañ ha culpado el retraso en la presentación del presupuesto en Les Corts a la “descoordinación de las distintas consellerias” y a una clara “falta de valentía para tomar decisiones. Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia, ha debido solicitar el retraso del comienzo de la presentación de los presupuestos hasta el día 31 de octubre al menos (cuando estaba previsto comenzar el viernes 27).

Oltra, en esta ocasión, ha hecho una “especie de Colau”, queriendo ser el puente entre ambas posiciones, cuando algunas de las peticiones de Podemos se refieren directamente a la conselleria que ella dirige o son de Compromís, como la conselleria de Economía Sostenible de Rafa Climent. Sin embargo, en Podemos siguen sin bajarse de sus pretensiones. Proponen medidas por un valor de 300 millones de euros que habría que o bien quitar de otras partidas, o bien aumentar el presupuesto en esa cantidad.

Según ha explicado la diputada Beatriz Gascó, desde Podemos pretenden, entre otras cosas, cambiar el modelo productivo de la Comunitat y para ello entienden que hay que invertir más en Agricultura; doblar los inspectores medioambientales; añadir una hora y media de actividades extraescolares gratuitas en los colegios valencianos; o aumentar en 1.000 plaza más la dependencia. Respecto a esta última petición, cabe recordar que hace pocos días la vicepresidenta Mónica Oltra explicó que habían mejorado el sistema de recepción y evaluación de peticiones y que el compromiso del Gobierno era atender todas las solicitudes que fuesen llegando, sin olvidar que el gobierno estatal del PP no paga su parte de la dependencia y la asume la Generalitat.

Las horas extraescolares, como comentan desde la conselleria de Educación, podrían ser asumibles siempre y cuando hubiese realmente una petición por parte de las AMPAs, pues son los progenitores del alumnado quienes deciden si dejar en esas horas extra a sus hijos e hijas. Pero más polémica ha suscitado el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR).

Podemos pretende con este sistema que a los envases de refrescos, cervezas y agua se les añada un suplemento que se devolverá cuando quienes hayan comprado esos productos devuelvan los envases en “perfecto estado”. Esto es, una lata de refresco pasaría de 43 céntimos a 50 por el sistema. Si no se devuelve esos 7 céntimos no los cobra el comprador. El sistema de la devolución del casco a la bodega pero más tecnificado. Cuando el sistema de recogida de residuos con los contenedores no supone un gasto más para la ciudadanía y, además, sobre unos productos muy concretos y no sobre todo el sistema de reciclaje.

Otro punto de conflicto es la tasa turística que se quiere incorporar y que, desde Podemos, entienden que se debería incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. O como se dice vulgarmente, por la puerta de atrás. Quieren establecer esa tasa a todos los servicios turísticos para poder financiar las cuestiones sociales, aunque desde la hostelería ha habido críticas al respecto por el encarecimiento de los impuestos a pagar. Desde el Consell no hay desacuerdo sobre la tasa en sí, sino sobre la cuantía que se debería imponer. Y en ello se centra la negociación.

Estas son las “exigencias” de Podem. Sí, han dicho claramente exigencias y no propuestas. Ya el lenguaje indica que el diálogo y consenso es complicado, no imposible, porque quieren sí o sí incluir sus propuestas sin dudarlo para poder dar el apoyo a los presupuestos valencianos. En Podemos son así, ya se ha contado en otras ocasiones, exigen las cosas porque siempre han de tener la razón (o la irrazón).

Castilla La Mancha

Si en la Comunitat las cuestiones relativas a los presupuestos parecen que avanzan entre exigencias, lo que hace pensar que hay algo más detrás de los problemas típicos para aprobar los presupuestos es la situación en Castilla La Mancha. Donde, además, se presenta la paradoja de que Podemos está en el propio Gobierno.

En la región manchega no sólo han de aguantar la política de acoso mediante el FLA de Cristóbal Montoro, sino que además se añade que parte del Gobierno, que debe aprobar los presupuestos, dice que ya verán si los apoyan o no. José García Molina ha sido claro y conciso, lo aprobado en la reunión del Consejo ha sido para dar el visto bueno a la tramitación parlamentaria: “Quiero insistir en estas palabras, tramitación parlamentaria de las cuentas, no aprobación”. Aunque también afirma que “de momento” PSOE y Podemos se están entendiendo, no hay un apoyo aún a los presupuestos.

Los ojos como platos se le ponen a Emiliano García Page al escuchar estas palabras. Ya sufrió el desplante cuando se habían acordado los presupuestos de 2017, tras un debate de dos meses, porque el actual vicepresidente segundo tenía que quedar bien con sus gentes, a fin de ser reelegido secretario de Podemos CLM, y porque García Page apoyaba a Susana Díaz, cuando en Podemos querían a Sánchez. Se justificó la ruptura por unas enmiendas que no se habían aceptado al final, pero el fondo era aquel.

Ahora advierte García Molina que hay que limar las cuentas y que la vocación de negociar no se ha perdido. “Espero que este tiempo nos haya servido a todos para aprender algunas cuestiones” ha afirmado con intenciones de marcar el territorio. Otra de las paradojas es que siendo miembro del Gobierno, y teniendo una consejería, debería aprobar el borrador en sí e incluir lo que crea conveniente en el mismo antes de su aprobación. Lo que se podría calificar como lealtad de gobierno. También sería extraño que no aprobasen las propias cuentas que han presentado ellos en su Consejería y Vicepresidencia. Se negarían a sí mismos.

Pero, buscando la excusa antes de dar el golpe, ya advierten en Podemos que igual algún colectivo, cuando se presente el proyecto, les dice que hay cosas que podrían mejorarse y habrá que sentarse a negociar con esos “posibles” colectivos. Claro, quienes están imbricados en el tercer sector, advierten que alguna parte de ese sector igual presenta enmiendas desde la sociedad. Vamos, si no fuera porque esas reuniones las deberían haber tenido antes de presupuestar para hacer bien su trabajo (que se han hecho algunas), cualquiera diría que en Podemos tienen enmiendas ocultas que quieren colar por la gatera de los colectivos.

Puede que todo sea casualidad, pero no deja de sorprender que cuando Iglesias estaba contento con el PSOE promoviese la entrada en el Gobierno de Castilla La Mancha de Podemos. Y ahora que se enfada comiencen a aparecer “exigencias” de todo tipo. Es una gran casualidad, sin duda.

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