Deloitte ha tenido tiempo suficiente para preparar un informe a la carta que justifique la decisión que adoptó la JUR el día 6 de junio y por la que el Banco Popular Español fue intervenido porque, según su versión, la entidad era inviable, algo que desde estas páginas estamos demostrando que no fue así porque, tal y como muestran todos los indicadores, el banco tenía solvencia y garantías suficientes como para haber obtenido líneas de liquidez por valor de 9.000 millones de euros que le hubieran dado el tiempo suficiente como para afrontar un proceso de ampliación de capital en el que ya estaban interesados bancos como Barclays o Deutsche Bank para acometer ese proceso por un valor conjunto de 8.000 millones de euros, además, de las intenciones del propio Antonio del Valle para entrar en dicha ampliación, según ha reconocido el banquero mexicano en distintos foros y medios de comunicación.

Lo que la JUR quiere justificar en el informe de Deloitte no es sólo su decisión, sino que se pretende defender la operación de rescate del Banco de Santander. Han tenido tiempo suficiente desde que se utilizó el informe provisional en la intervención para adaptar las cifras a su argumentario: el banco tenía problemas de liquidez, no podría abrir las sucursales al día siguiente, fue Saracho quien lo declaró inviable y menos mal que apareció el Santander. En una tabla de Excel cabe todo y se pueden ajustar las cifras a las necesidades de quien realiza o encarga el informe. Hay que recordar, además, que cuando la Junta Única de Resolución decidió «licitar» la confección del informe definitivo ninguna de las grandes auditoras del big four quiso hacerse cargo del mismo, ni siquiera Deloitte. Algo hay difícil de ocultar para que, finalmente, la auditora histórica del Santander —aunque ahora las cuentas de la entidad cántabra las audite PwC— se viera obligada a realizarlo. Para la realización de este nuevo informe están colaborando Deloitte, la JUR (y su despacho Linklaters, el mismo al que pertenecía Sebastián Albella presidente actual de la CNMV), el propio Banco de Santander y su despacho de referencia, Uría y Menéndez, según nos confirman fuentes conocedoras de los hechos.

Las valoraciones realizadas por expertos como, por ejemplo, los inspectores del Banco de España, respecto al informe provisional sobre el que se asentó la decisión de intervenir al Popular, que fue tachado como una «grosería técnica» por plantear un escenario que ocupaba un espacio de 9.500 millones de euros dividido en tres previsiones —una de la cuales era positiva pero que no se tuvo en cuenta—, ha provocado que Deloitte se centre en un único escenario que, según fuentes cercanas a la elaboración de dicho informe consultadas por Diario16, será de 1.200 millones de euros negativos. De este modo se justifica tanto a la JUR como al propio Santander que, según afirmó tras anunciar la adquisición del Popular por un euro, tuvo que aportar 2.000 millones de urgencia para que las sucursales pudieran abrir el día 7 de junio.

Sin embargo, las cifras reales del banco intervenido son muy otras y el escenario real es muy distinto al que planteará Deloitte. La valoración del Banco Popular era de 14.065 millones de euros, desglosada en los 10.777 millones de fondos propios, los 1.288 millones del valor de sus acciones al cierre de la bolsa el día 6 de junio y los 2.000 millones en bonos. Respecto a las pérdidas, si nos atenemos a lo presentado por el Santander a la AEB, el Popular perdió 12.218 millones en el primer semestre. Esas pérdidas se extraen de depreciar los activos tangibles e intangibles, reduciendo o depreciando activos de 4.800 millones a 383 millones en seis meses, es decir, un 92%. Hay que recordar que el Popular tenía activos, como su nueva sede, valorados por más de esa cantidad. Por otro lado, reducción de la morosidad a un 11% asumiendo 5.600 millones en pérdidas. El Santander también anota provisiones inexplicables por valor de 1.500 millones de euros. Esas pérdidas lo que pretenden es compensar la valoración real del Banco Popular.

Con este escenario, el Popular se encontraría en un escenario positivo de 1.847 millones. Por esta razón, según las fuentes consultadas por Diario16, Deloitte aplicará unas pérdidas asumidas por compra de 2.000 millones, casualmente, la misma cantidad que el Santander afirmó que tuvo que aportar de urgencia para abrir las sucursales. Aún así, la diferencia entre la valoración y las pérdidas es de apenas 153 millones de euros. ¿Un banco con el patrimonio, los activos y la cartera que tenía el Popular es inviable por 153 millones de euros negativos? Evidentemente, no.

La JUR tiene que justificar la operación y ha tenido más de medio año para organizar con Deloitte y con el Santander la confección de un informe a la carta. Lo cruel de todo este proceso es que se ha arruinado a más de 305.000 familias para rescatar a una entidad sistémica a la que el sistema no podía dejar caer.

¿Quieres recibir las novedades de Diario16?

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

diecisiete + dos =