El caso del interventor de Lorca continúa. Tal y como informamos en Diario16, nos encontramos ante un hecho insólito el que el interventor del ayuntamiento de una localidad de más de 90.000 habitantes no acudiera los jueves a trabajar porque realizaba las mismas funciones en otro pueblo, algo que es ilegal, tal y como reconoció el propio Tribunal de Cuentas al abrir expediente y trasladar los hechos a la Fiscalía Anticorrupción. Ante las pruebas documentales presentadas por este medio y de la denuncia interpuesta ante el organismo fiscalizador de las instituciones públicas, el interventor contraatacó acusando al denunciante, el concejal de Ciudadanos, Antonio Meca, de acoso laboral.

Según el propio Meca en un vídeo en su muro de Facebook, existe un informe firmado por 7 funcionarios en el que se niega la existencia de dicho acoso. En dicho documento, las conclusiones son demoledoras: «esta comisión una vez examinada la legislación y jurisprudencia expuesta [en referencia al análisis jurídico que antecede a las conclusiones], así como las pruebas que constan en el expediente AL 1/2018 considera que no ha existido acoso laboral de D. Antonio Meca García a D. José María Pérez Ontiveros y Baquero».

Antonio Meca ha instado al equipo de Gobierno y al alcalde, Fulgencio Gil, a que hagan público este informe porque, tal y como se cita en el mismo, a él, como concejal del Ayuntamiento, «le corresponde la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno por mandato del artículo 22.2 a de la Ley 7/1985 en la que se incluye la función pública».

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