Pedro Sánchez dijo en la rueda de prensa en la que anunció el Real Decreto Ley que obligaba a pagar a los bancos el impuesto de Actos Jurídicos Documentados que «la compra de una vivienda es un gran plan de inversión y de vida que debe contar con seguridad política» que debe «salvaguardar el principio de igualdad entre los ciudadanos». Estas palabras son perfectamente aplicables a los 1,3 millones de españoles afectados por el IRPH, otra cláusula abusiva, tal y como ha reconocido la Comisión Europea en el informe presentado ante el TJUE. Por tanto, el Gobierno tiene la obligación ser consecuente con las palabras del presidente y aplicar la misma estrategia.

El Congreso de los Diputados presentó una Propuesta No de Ley (PNL) en la que instaba al «a modificar la postura del Reino de España en el litigio C-125/18 que, en relación al índice de referencia IRPH, está siendo tramitado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para defender a las personas consumidoras en lugar de a las entidades bancarias. Para ello retirará su escrito de observaciones y presentará uno nuevo o declarará que comparte las conclusiones de la Comisión Europea. También defenderá esta postura en la vista oral del caso». Esta PNL vino motivada porque el Gobierno de Mariano Rajoy presentó «unas observaciones orientadas a defender los intereses de la banca, alegando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y afirmando que “no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas”. Además, y para el hipotético caso de que el IRPH sea declarado nulo por abusivo, el Estado español pide que la nulidad no tenga efectos retroactivos, por el impacto económico que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias», se puede leer en el texto de la PNL.

En una situación así, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos han marcado el camino a Pedro Sánchez para que atienda a la petición del Congreso de los Diputados y retire el apoyo a los intereses de la banca en el TJUE. Diario16 ya informó hace casi dos años que el Ayuntamiento de Córdoba se posicionó en contra del IRPH. En estos días pasados fueron las Cortes de Aragón apostaron por la derogación inmediata del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios en cualquiera de sus variedades para contratar este tipo de préstamos orientados a la financiación de vivienda. El Pleno de las Cortes aprobó un texto impulsado por Podemos, defendido por Raúl Gay, que, además, reclamaba la realización de un registro de las personas o familias perjudicadas por este indicador. Estos dos ejemplos no son los únicos. El 80% de los parlamentos autonómicos ya han realizado planteamientos favorables a la derogación del IRPH como, por ejemplo, Cataluña, Euskadi, La Rioja, Cantabria, Islas Baleares, Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia o Canarias. En referencia a Ayuntamientos podríamos citar, además de Córdoba, a Fuenlabrada, Alcoy, Torrevieja o Barcelona.

La banca, a través de Goldman Sachs, contraatacó intentando meter miedo al Gobierno y al TJUE con las consecuencias que tendría para el sector financiero el pago de 44.000 millones de euros, dinero que las entidades ya han estado cobrando a los afectados del IRPH y que, al tratarse de una cláusula abusiva, deberían volver a los bolsillos de quienes han estado sufriendo durante años.

Pedro Sánchez no debe ceder a esta presión y debe ser coherente con sus palabras. Si no lo hiciera, estaría actuando de la misma manera que lo harían Mariano Rajoy, José María Aznar, Albert Rivera o Pablo Casado.

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