Tal y como ya publicamos en Diario16, la Justicia europea podría declarar nulo el IRPH tras el informe de la Comisión en el que se oponía frontalmente a la sentencia del Tribunal Supremo que se negó a declarar al índice como cláusula abusiva y se alineó con el voto particular emitido por uno de los magistrados. Sin embargo, el Gobierno español presentó observaciones orientadas a defender los intereses de la banca, alegando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y afirmando que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas. Además, y para el hipotético caso de que el IRPH sea declarado nulo por abusivo, el Estado español pide que la nulidad no tenga efectos retroactivos, por el impacto económico que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias».

Este interés en que no se pague a las víctimas del IRPH el dinero que se les ha cobrado de más tiene más que ver con la presión que están ejerciendo el lobby financiero que con cualquier otra cosa sobre todo cuando han un posicionamiento favorable a las víctimas del IRPH tanto de la Comisión Europea como de Pedro Sánchez en referencia a los abusos de la banca ha hecho saltar las alarmas de las élites financieras. Hay más de 1,3 millones de afectados y si la Justicia europea dictamina en favor de ellos podría provocar un verdadero terremoto en el sistema financiero español. Por esta razón, los mecanismos de defensa de estas élites se han activado y lo han hecho a través de una advertencia que perfectamente podría ser interpretada como una «amenaza» velada.

Goldman Sachs ha calculado que el impacto en la banca española de una resolución favorable a las víctimas del IRPH sería de 44.000 millones de euros, es decir, el dinero que han cobrado de manera irregular por la aplicación de este índice. Para entender la magnitud comparemos esta cifra con el impacto de las cláusulas suelo, que fue de 4.000 millones, o de lo que podría haber afectado la devolución del impuesto de actos jurídicos documentados, unos 5.000 millones de euros. Si ante estas cantidades se puso todo el aparato del Estado a trabajar para evitar que la banca pagara a las víctimas de las cláusulas abusivas, imagínense qué ocurrirá ahora con una cantidad diez veces superior.

El mensaje que transmite Goldman Sachs a la Justicia es el siguiente: «A ver qué sentencia vais a dictar, porque podéis tumbar al sistema financiero español».

El problema que tiene la banca española en este caso es que ya obtuvo un veredicto favorable del Tribunal Supremo y el caso llegó a Europa, donde no tienen la «protección» de la disponen aquí. Recordemos que las cláusulas suelo fueron anuladas por Europa, por ejemplo. Por esta razón la presión tenía que venir a través de uno de las firmas más influyentes del mundo, una entidad que tiene como clientes a todos los grandes bancos españoles.

Para comprobar la dimensión de lo que significan esos 44.000 millones de euros pongámoslo en contexto. En el año 2.017 las principales entidades financieras de España sumaron un total de 13.471 millones de beneficios. Por tanto, lo que deberían pagar a los afectados, según el cálculo de Goldman Sachs, supone el triple de los beneficios obtenidos entre todos los bancos. ¿Podrán las entidades hacer frente a ello? ¿Quebrará el sistema financiero español? Las respuestas a esas dos cuestiones son secundarias puesto que hay que tener en cuenta un aspecto: los bancos ya han cobrado ese dinero, ya lo han ingresado y lo han utilizado para sus operaciones o para maquillar sus cuentas.

Ante un fallo positivo para los afectados por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pondría a alguno de los principales bancos en serias dificultades, ha llegado el momento en que la banca muestre su ética e intente alcanzar acuerdos extrajudiciales con el más de un millón trescientas mil personas afectadas por el IRPH, acuerdos que pueden pasar por la capitalización en la hipoteca del dinero cobrado de más o, directamente, por la devolución del mismo. Ahí se demostraría la ética de la banca. Sin embargo, ¿lo harán? Todo demuestra que si estas entidades han sido capaces de incluir todo tipo de cláusulas abusivas en sus contratos no se espera un comportamiento ético.

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