El tribunal israelí del distrito de Jerusalén ha aceptado “la legalización” retroactiva de las viviendas que fueron edificadas «por error» en tierras privadas palestinas, justificando que estas construcciones «se basaban en viejos mapas trazados con tecnología anticuada».

La sentencia, que está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo, abre las puertas a la legalización de unas 2000 viviendas ilegales israelíes construidas sin permisos en la ocupada Cisjordania, en especial, en el asentamiento de Alei Zahav.

La decisión fue tomada a pesar de que Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos en Palestina, advirtiera el viernes que los asentamientos ilegales construidos por el régimen israelí en Jerusalén y Cisjordania constituyen una nueva «violación flagrante» del derecho internacional y de las resoluciones emitidas al respecto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Más de 600.000 colonos israelíes viven en más de 230 asentamientos ilegales erigidos en los territorios ocupados de Palestina, incluidas la ciudad de Jerusalén y Cisjordania.

La ONU y la Unión Europea (UE), además de la mayoría de los países del mundo, entre los que se encuentra España, consideran ilegales los asentamientos israelíes en Palestina, ya que la Convención de Ginebra prohíbe construir en tierras bajo ocupación.

A mediados de junio, la viceministra de Exteriores del régimen de Israel, Tzipi Hotovely, llamó a imponer la «soberanía israelí» sobre la llamada zona C, que equivale al 60 % de la superficie de la ocupada Cisjordania. La mayoría de los asentamientos israelíes se ha construido en la zona C, todos ellos ilegales, conforme al derecho internacional.

Las pruebas documentales son contundentes y demuestran que, mientras para los palestinos es extremadamente difícil obtener un permiso para construir, las colonias israelíes ilegales siguen expandiéndose rápidamente.

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