La portavoz adjunta de Izquierda Unida Andalucía, Elena Cortés, ha exigido a María Jesús Montero, consejera de Hacienda, documentación sobre el grado de cumplimiento de la PNL aprobada en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del mes de marzo, relativa a adecuar la normativa andaluza sobre movilidad laboral por violencia machista.
Es un proceso complejo, tal y como reconoce la propia Cortés, pero ha insistido en el retraso de un año y medio para que la Junta de Andalucía adopte el protocolo estatal en la Mesa General de Negociación Común. Por esto, IU exige validez inmediata y efectiva a los certificados acreditativos ofrecidos por el Instituto Andaluz de la Mujer —sin denuncia— y reclama confidencialidad del destino laboral de las mujeres víctimas de violencia machista «porque es un calvario que se haga público el destino laboral de estas mujeres».
