El eurodiputado de Izquierda Unida Manu Pineda ha hecho este martes en Bruselas un llamamiento a la Unión Europea para que tenga “un posicionamiento claro” y asuma un papel activo para “garantizar el respeto de los acuerdos de paz” en Colombia. En una rueda de prensa, acompañado del diputado Jairo Cala y la senadora Griselda Lobo, miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ha advertido de que los incumplimientos del Gobierno de Iván Duque están provocando un deterioro grave de la situación del país.

“Hemos estado involucrados en el proceso de paz desde el principio y tenemos que denunciar que el Gobierno no está cumpliendo con su parte de los acuerdos. Incumplimientos que pasan por puntos clave de lo firmado y que van desde la restitución de tierras, hasta los programas para la transición de la agricultura, pasando por cuestiones muy graves como la reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad y que se garantice su seguridad”, ha señalado.

Pineda ha denunciado que desde la firma de los acuerdos “han sido asesinadas más de 600 personas, 134 de ellas excombatientes”, y ha recordado a la UE su responsabilidad en controlar que los recursos del Fondo Fiduciario se destinen a los objetivos previstos en los acuerdos.

La visita de Lobo y Cala al Parlamento Europeo es la última etapa de una gira por Europa que les ha llevado a Madrid, Euskadi, Roma y Ginebra. En la capital suiza tuvieron la oportunidad de reunirse con Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con Ealmon Gilmore, delegado de la UE para la paz en Colombia, que ha iniciado precisamente hoy una gira por el país.

El objetivo de los integrantes del partido FARC era claro: transmitir las preocupaciones de su organización política por el incumplimiento de los acuerdos de paz y sensibilizar sobre la crisis humanitaria que vive Colombia. “Hemos trasladado la preocupación por el estado de la implementación de los acuerdos. Los avances también, porque hay que decir que tenemos avances, pero nos falta muchísimo para tener una Colombia en paz y reconciliada”, ha asegurado Lobo.

Entre los elementos que no están siendo implementados, según ha explicado Cala, está la reforma política, “un aspecto central para permitir la participación de otros partidos y sectores minoritarios en igualdad de condiciones”. En la firma de la paz, Ejecutivo y FARC pactaron la creación de 16 puestos especiales en la Cámara que deberían ser ocupados por representantes delegados por las personas que residen en las zonas de Colombia donde el conflicto se vivió con mayor crudeza.  Sin embargo, “los partidos mayoritarios se han opuesto”.

Son pocos los avances en la transición agrícola, según los parlamentarios colombianos. La medida estaba dirigida a garantizar la sustitución de los “cultivos de productos ilícitos” como la coca, por nuevas producciones que ayudaran a reactivar la economía en las zonas rurales y que las familias campesinas no dependieran del dinero de los cárteles. “Se están convirtiendo en el eslabón más débil. 123.000 familias firmaron esos compromisos, pero apenas 7.000 recibieron el desembolso inicial” para dejar el cultivo de coca. Esos recursos “no han seguido llegando a los territorios y hoy la sustitución ha sido suspendida”.

El Gobierno, además, ha anunciado un plan para reanudar el fumigado de los terrenos con glifosato, algo que está generando alarma social por las consecuencias que tiene para la salud y el medio: “Hay estudios que indican que por cada hectárea de coca fumigada se ven afectadas 15 hectáreas de biodiversidad y de bosque primario”.

En lo que se refiere a la reincorporación de los excombatientes a la vida pública, Cala y Lobo denuncian que el Gobierno no está destinando los recursos necesarios para que esto se produzca de manera efectiva. “Queremos saber qué recursos se han destinado, si se han destinado y a dónde”, ha llegado a comentar Lobo.

“Hoy los 13.200 excombatientes tenemos un futuro incierto desde el puto de vista de la activación económica en el marco de la legalidad”, ha insistido Cala, que ve con preocupación que el Estado no esté asegurando “la seguridad física y jurídica” de los exguerrilleros.

Cala ha puesto especial énfasis en “cómo se sigue señalando y estigmatizando a los excombatientes de las FARC EP que hoy están en la legalidad”, un hecho peligroso de cara a los comicios locales y regionales del mes de octubre.

Esto, unido a los asesinatos “sistemáticos” de exmiembros de la guerrilla, están generando tensiones y una sensación de que el acuerdo de paz podría peligrar. “Hay evidencias de que el Ejército está asesinando a excompañeros. Tememos que se pueda reactivar una época aciaga de la vida nacional como los falsos positivos”, ha dicho Cala.

Y no sólo el Ejército. Él y Lobo han denunciado las acciones violentas de los grupos paramilitares que han ocupado las veredas y comunidades que, en cumplimiento de los acuerdos, fueron desalojadas por los antiguos miembros de las FARC EP. “El Estado se comprometió a ocupar esos territorios, pero eso no ha ocurrido. Las bandas de narcotraficantes, apoyadas en el paramilitarismo, las han ocupado, profundizando en la oleada de asesinatos”, han explicado.

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