Los trabajadores y trabajadoras del mayor centro logístico de Amazon en España han convocado una huelga los días 21 y 22 de marzo, pues la empresa pretende imponer un nuevo convenio que degradaría aún más las ya duras condiciones laborales a sus 3.000 trabajadoras y trabajadores. En palabras de Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid, «Amazon solamente paga 864.000 euros por el impuesto de sociedades. Bruselas los reclama más de 250 millones de € en impuestos. Más valiera que pagaran los impuestos que tienen que pagar, en lugar de empeorar los derechos de sus trabajadores».

La precariedad del trabajo en la planta de Amazon de San Fernando de Henares se ejemplifica en este relato de Marc Balmes, miembro del Comité de Empresa y del sindicato CGT: “si te haces un esguince y no puedes venir a trabajar, tenemos un médico de la empresa que te deriva a la seguridad social y te computa como baja no laboral”. Como se observa una más de las permisividades del gobierno neoliberal de M. Rajoy, el cual viene ajustando la norma según los dictados del establishment.

Las movilizaciones obtuvieron un 74% de apoyo en la asamblea de trabajadores, que consistirán en la convocatoria de concentraciones, una huelga de 48 horas los días 21 y 22 de marzo y una campaña de boicot temporal a las compras a la compañía durante los días cercanos al día del padre. «A pesar del intento de la dirección de Amazon España de influir en la decisión de la plantilla por el habitual método del divide y vencerás (práctica habitual en estas grandes empresas), la unión de los trabajadores y trabajadoras es incuestionable», explica Francisco Javier Manrique, militante de IU Madrid y experto en conflictos laborales. El intento de la patronal del centro consistió en reunir a los trabajadores en grupos de 30 para explicarles las posibles consecuencias de que no aceptaran lo que quería la empresa. Matonismo empresarial que recuerda épocas del pasado.

La huelga viene determinada por las condiciones de trabajo a las que se ven sometidos las trabajadoras y trabajadores. Balmes cuenta que “es una empresa que ha dedicado mucho esfuerzo en optimizar todos los puestos para hacer el menor movimiento posible, sin que haga falta pensar, para que los trabajos sean más rápidos”. Taylorismo puro y duro. Pero además denuncian que quienes se encargan de recoger y enviar los pedidos, hacen de media 35 kilómetros diarios. “En una semana, en tu horario laboral, caminas entre dos y tres maratones”, expone el sindicalista de CGT. Éste y otros trabajos que suponen una carga física, como el de carga y descarga de la mercancía, hace que la salud se vea “resentida a nivel de las articulaciones, especialmente las rodillas, y carga de los músculos de las piernas”.

Por eso, uno de los motivos por el que rechazan el nuevo convenio es porque reduce los complementos por baja común. Es decir, aquella que no se computa como baja por motivos laborales, pero que es a la que se acogen la mayoría de personas que padecen algún tipo de lesión a raíz de su trabajo. Otro de los perjuicios que supondría el nuevo convenio, es que eliminaría una categoría intermedia de las que tiene la empresa y la equipararía a la de «los mozos de almacén». Las categorías más elevadas no verían reducido su sueldo, explica Balmes, pero a efectos prácticos lo verían “congelado”, ya que al ser superior al del nuevo convenio, la diferencia será computada como complemento salarial que irá absorbiendo las subidas sectoriales hasta que se equipare por convenio al que ya tenían antes.

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