En medio de la polémica por las grabaciones de Villarejo en las que Ignacio López del Hierro encarga al ex comisario que espíe a Javier Arenas, trae a la actualidad la personalidad del que fuera secretario general del PP y que jamás se ha visto envuelto en ninguno de los escándalos de corrupción presidido por Pablo Casado… incluidos los de su «hermano menor» Gabriel Amat.

Precisamente, los casos abiertos contra el actual presidente del PP en Almería y alcalde de Roquetas de Mar, son algunos de los puntos débiles que podría tener Arenas en Andalucía, sobre todo por la profunda amistad existente entre ambos que, incluso, les llevó a llamarse «hermanos»: el mayor, Gabriel Amat, el menor, Javier Arenas Bocanegra.

La realidad es que la vida política del ex presidente de PP andaluz ya toca a su fin, sobre todo después de la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, tal y como se ha podido comprobar en las conversaciones entre Villarejo y López del Hierro, era alguien temido dentro del partido, sobre todo porque, a diferencia de muchos de sus compañeros dirigentes, se le conocen pocas controversias o casos de presunta corrupción en los que estuviese implicado, más allá de su conocimiento de la contabilidad B del PP nacional. Esta, quizá, fuera la razón por la que el marido de María Dolores de Cospedal encargara una investigación al ex comisario: necesitaban sacar trapos sucios del sevillano.

Sin embargo, la vinculación entre Arenas y la corrupción quizá no venga por su acción directa sino por la que se está investigando en la actualidad de las personas más cercanas que tienen responsabilidad política. El principal, Gabriel Amat.

La Trama Amat responde a los mismos patrones que hemos visto en los grandes casos de corrupción en el PP valenciano o madrileño. Los juzgados de Roquetas de Mar, tal y como hemos informado en Diario16, llevan instruyendo el caso desde el año 2.012, con los problemas judiciales que se han encontrado los denunciantes, sobre todo por el constante relevo de jueces o por las maniobras destinadas al archivo de las diferentes piezas separadas.

En Almería sorprende el pacto de silencio existente frente a la presunta corrupción de Gabriel Amat y las diferentes causas en las que el presidente del PP almeriense está involucrado. En el partido conservador, tanto en Andalucía como en Madrid (tal vez por la influencia de Javier Arenas), siempre se ha mirado hacia otro lado y no se ha dado ningún valor a los documentos de la investigación. Al igual que con la Gürtel, desde el Partido Popular almeriense se ha defendido la tesis de que, tanto la Trama Amat como el caso de La Fabriquilla o el de Las Salinas, se trata de una conspiración contra el líder porque, de momento, no ha sido condenado. Sin embargo, los papeles y los informes que obran en los Juzgados son claros, tal y como hemos publicado en este medio.

Arenas no puede haberse mantenido al margen de la protección judicial que Amat tiene en Almería. No porque haya influido, cosa que, de momento, no se puede demostrar, sino porque un hecho que está a la orden del día no puede pasar desapercibido a alguien como Javier Arenas Bocanegra. No hay más que recordar cómo política y judicialmente, a la vista de todas las demoras procesales que se vienen dando en los procedimientos judiciales instados contra Gabriel Amat, se puede pensar que nada es producto de la casualidad. Más bien todo podría indicar todo lo contrario. Otro ejemplo más de este supuesto entramado de favores, compromisos y manipulaciones para controlar los procedimientos judiciales en los que Amat se halla señalado, lo hallamos en el hecho de que el funcionario encargado de la guarda y custodia del expediente de la Trama Amat, en el mismo Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, es primo carnal de Miguel Ángel Morales Duarte. La familia Morales es propietaria de la mercantil Hispano Almería que se encuentra en investigación judicial y por la Udyco en las Diligencias Previas 836/14 seguidas por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería que versa sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Almería y que ya cuenta con más de 30 tomos de procedimiento. ¿No parecen demasiadas casualidades? Sin embargo, aquí no acaba la historia. La concejala del Área de Contratación del Ayuntamiento de Roquetas, María Teresa Fernández Borja, es esposa del que fue hasta hace poco alcalde de La Mojonera y portavoz del PP cuando estaba en la oposición de la Diputación de Almería: José Cara González, quien es socio de los Morales en la empresa Gesponiente, junto al que fuera concejal de Agricultura de Roquetas, Nicolás Manuel Manzano López.

Tampoco se puede olvidar la visita del entonces ministro Rafael Catalá a Almería, en plena campaña electoral y estando imputado Gabriel Amat, que, casualmente, coincidió con el archivo, pocos días después, de la causa por el Caso La Fabriquilla, tal y como informó Diario16. En este caso el informe del fiscal era demoledor ya que, entre otras cosas, afirmaba que «no se creía de lo declarado por el señor Amat en sede judicial». A pesar de ello, el sobreseimiento provisional fue declarado firme por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. El ponente fue el Magistrado José María Contreras Aparicio.

Estas vinculaciones están siendo investigadas y judicializadas en el ámbito de las mismas Diligencias Previas donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Almería.

Ante todas estas evidencias de las presuntas «correrías» del «hermano mayor» de Javier Arenas, que son sólo una muestra de todo lo que disponen los juzgados, ¿cómo es posible que quien se presentó ante el pueblo andaluz como el paladín contra la corrupción cuando salió a la luz el caso de los ERE desconozca lo que sus amigos más íntimos presuntamente han cometido? Es realmente inverosímil que lo desconociera.

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