El juez Diego de Egea, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Madrid, ha ordenado que se mantenga el embargo de cuentas bancarias del supuesto entramado empresarial del ex comisario Villarejo, según consta en un auto dictado el pasado 25 de octubre al que ha tenido acceso Diario16. El magistrado acordó el 2 de noviembre de 2017, como medida cautelar, el “bloqueo y congelación” de los saldos de las cuentas tituladas por las personas físicas investigadas en el marco de las diligencias abiertas por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y cohecho, por los que se investiga al ex comisario de Policía. De Egea impulsa la instrucción de la ‘Operación Tándem’ sobre una presunta organización criminal asentada en un holding empresarial dirigido por el controvertido excomisario actualmente en prisión.

El pasado 27 de julio la empresa Stuart & McKenzie Spain SL, vinculada a Villarejo, presentó un escrito en el juzgado solicitando el desbloqueo de las cuentas. Sin embargo, De Egea, siguiendo el informe del fiscal, ha acordado ahora “desestimar la solicitud”, ya que la congelación de los saldos de las cuentas bancarias se acordó para evitar el peligro real de que durante la tramitación del procedimiento los investigados pudieran realizar “cualquier maniobra que perjudique gravemente o imposibilite el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias, responsabilidad civil y pago de penas de multa  en una futura sentencia condenatoria”.

Según el auto de De Egea, varias mercantiles españolas fueron utilizadas en la operativa de blanqueo de capitales procedentes del cohecho que supuestamente habría cometido el ex comisario Villarejo mientras realizó encargos y trabajos de detective privado y seguimiento de personas. Se investiga, indirectamente, las actividades procedentes del “blanqueo internacional de capitales” cometido por la organización guineana asentada en España: Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt); Cenyt Consultoría Organizacional SL; Spimaco Spain; Zoelick SL; y Premiun Salud (después Cenyt Salud SL). Además de estas sociedades, durante la investigación se han identificado otra serie de empresas vinculadas directamente al “investigado José Manuel Villarejo” y que “titularían formalmente” activos patrimoniales que pudieran haberse generado mediante el “desarrollo de actividades comerciales paralelas incompatibles con su condición de funcionario en activo del Cuerpo Nacional de Policía”. Entre estas mercantiles se encuentran las titulares de las cuentas bloqueadas en el marco del presente procedimiento.

Según De Egea, se ha acreditado que podría existir un “peligro cierto” de que durante la instrucción de la causa los investigados pudieran llegar a realizar “cualquier maniobra que imposibilitara la ejecución del fallo”. A su vez, entiende el Ministerio Fiscal que dicho peligro es “evidente” por cuanto que “atendidos los indicios de criminalidad aportados por las diligencias de instrucción hasta la fecha practicadas, junto con el riesgo de pérdida de los bienes patrimoniales bajo titularidad o efectivo control por parte de los investigados, el riesgo que en el presente caso se ha evidenciado resulta ciertamente grave ante la utilización de un complejo entramado societario en España y en el exterior para la adquisición de bienes de todo tipo procedentes de actividades criminales”.

En concreto, y por lo que respecta a la mercantil Stuart & McKenzie Spain SL, los distintos avances de la instrucción del sumario permiten acreditar que esta mercantil “ha sido reiteradamente utilizada para recibir fondos de los clientes privados contratados por los principales investigados José Manuel Villarejo y Rafael Redondo”, y para la “emisión de facturas por estos servicios, en algunos casos haciendo constar conceptos totalmente ajenos a los servicios realmente prestados”. Así, en la pieza separada Número 2, bautizada como Iron, el informe W70/2018, de 20 de abril, elaborado por la Unidad Adscrita de la Agencia Estatal Tributaria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado acreditó que desde “el cliente Herrero & Asociados se hicieron pagos a la estructura societaria controlada por los investigados José Manuel Villarejo y Rafael Redondo”. Este dinero habría sido “diversificado” hacia varias sociedades mercantiles del entramado empresarial que aparecen como beneficiarias y que “por su importe y fecha coinciden con los honorarios pactados por el Proyecto Iron”. Se da la circunstancia de que el juez ha archivado la causa contra este bufete de abogados al considerar que no existen unos “mínimos indicios racionales y objetivos” de la participación de los letrados en los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y cohecho.

Según el juez De Egea, la información que consta en la base de datos tributaria permite comprobar que en el ejercicio 2013 cuatro de aquellas sociedades declararon haber facturado al cliente Herrero & Asociados por un total de 302.500 euros. Además, las cuatro mercantiles investigadas declararon haber soportado también la facturación del mismo cliente por idénticos importes: Stuart & McKenzie Spain: 90.750 euros; Cenyt Data SL: 84.700;  Club Extensivo de Negocios y Transacciones SL: 48.400; y Cenyt Consultoría Organizacional SL: 78.650 euros.

En otra pieza separada del caso que persigue a Villarejo, la número 3 conocida como Land, la información que consta en la base de datos tributaria también permite observar que en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 dos de aquellas sociedades declararon haber facturado al cliente Promociones y Conciertos Inmobiliarios SA (Procisa) por un importe total de 362.082  euros”.

De Egea concluye que las consideraciones anteriormente expuestas abonan la “procedencia y la necesidad de mantener el embargo” de los saldos de las cuentas bancarias tituladas por la mercantil Stuart & McKenzie Spain SL, desestimando de esta manera la petición de los abogados.

 

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