Será la primera vez que la más alta magistratura de la Justicia española examina con lupa los efectos de la actividad cinegética en el entorno natural. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza de Castilla y León presentado por el Defensor del Pueblo a petición del Pacma, según informan fuentes de este partido animalista. El Alto Tribunal ordena que se dé traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

Se trata de un paso importante en la abolición de una ley que según las organizaciones ecologistas atenta contra el medio ambiente. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera en su escrito que la norma se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de “eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del TSJ de Castilla y León” que a finales de febrero, y tras las denuncias de Pacma, paralizó la caza de forma cautelar. En concreto, según Marugán, la Ley de Caza adoptó medidas “sin contar con los estudios científicos y técnicos necesarios que avalen la declaración de especies cinegéticas”. Con ello se vulneró “la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al no garantizarse la adecuada conservación de las especies silvestres”.

Organizaciones como Ecologistas en Acción han denunciado que la normativa ignora, entre otras, cuestiones como la regulación y sanción del abandono de cartuchos en el campo; la retirada de los conejos cazados en gran número en las autorizaciones excepcionales por daños, por cuanto el plomo que contienen es un peligro para especies protegidas que se alimentan de sus cadáveres (águila imperial, águila real, alimoche); la lectura de microchip de los perros de caza por parte de agentes medioambientales para que su control sea efectivo y prevenir así su abandono; y la prohibición de la caza de hembras de corzo entre el 1 de abril y el 31 de agosto por estar en avanzado estado de gestación o al cuidado crías indefensas de corta edad. Además, denuncian que los supuestos estudios medioambientales “no se han hecho públicos, como debería ser, por lo que parece que siguen la estela de los utilizados para aprobar el decreto 10/2018, que regulaba el aprovechamiento de las especies cinegéticas”.

El decreto del Gobierno castellano-leonés está suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León precisamente porque los estudios de las poblaciones carecían de valor para asegurar la conservación de las especies que iban a ser objeto de aprovechamiento. A finales de mayo, el TSJ de la comunidad autónoma tramitó la cuestión de inconstitucionalidad contra esta ley y dio traslado de la misma al Alto Tribunal.

“Valoramos de forma muy positiva esta noticia porque permite continuar en la batalla para declarar ilegal la actividad cinegética y conseguir su prohibición”, aseguran fuentes de Pacma, que añaden que la Ley de Caza de Castilla y León “vulnera la Constitución y fue aprobada para saltarse la resolución judicial del TSJ, que suspendió la caza en la región por primera vez en la historia”.

Tras esta “victoria sin precedentes” −que por primera vez llevó a los tribunales la “violenta actividad de los cazadores” que el partido animalista lleva años denunciando−, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la ley para saltarse la decisión judicial, según Pacma. “Con esta maniobra los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores”, añaden las fuentes consultadas de Pacma. “Ya en aquel momento consideramos esta maniobra una artimaña por la puerta de atrás y una burla al sistema judicial, ya que esta nueva ley incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos.

El pasado mes de febrero el TSJ admitió las medidas cautelares solicitadas por el partido animalista y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma de Castilla y León al considerar que la fauna silvestre, “el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección”, estaba en peligro por la práctica de la caza. Ahora será el Tribunal Constitucional el que se pronuncie de una vez por todas sobre la caza. Una sentencia en contra de los cazadores sentaría jurisprudencia, abriría la puerta a una mayor restricción, y quién sabe si a la ilegalización de la actividad cinegética en el resto del país.

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