Casablanca esconde uno de esos momentos imprescindibles del cine, que resume a la perfección la reacción del poder cuando se ve obligado a intervenir ante clamorosas “conductas inapropiadas”… que el mismo poder ha estado desconociendo. Es la respuesta del capitán Renault cuando Rick Blaine le pregunta por qué cierra su café: «¡Es un escándalo! He descubierto que aquí se juega».

La Fiscalía de Huelva ha considerado oportuno este viernes abrir diligencias de investigación tras recibir la documentación remitida por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. Esta información se une a la aportada también por los reporteros de El Español Andros Lozano y Marcos Moreno, y coincide además con la propia investigación que lleva realizando la Policía Nacional más de una semana, tras haber tenido conocimiento de casos concretos a través, también, de la investigación de dos días impulsada por el digital de Pedro J. Ramírez.

Como bien relata este viernes la periodista María Dolores Tortosa en el Diario Sur de Málaga, la Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía “ha tenido el arrojo de acabar con este manto de silencio”. Rosa Aguilar contó en sede parlamentaria las reuniones mantenidas esta misma semana por su Consejería con representantes de los sindicatos y de organizaciones sociales que trabajan con temporeras inmigrantes. “Ninguna tenía conocimiento de la situación denunciada”, sentenció Aguilar como una premisa ineludible, «pero hicieron indagaciones y trasladaron a la reunión una información que hemos remitido a la Fiscalía».

El Ejectuvo andaluz ha considerado necesario que la información recibida tenga tratamiento judicial. Del desconocimiento absoluto, a pedir la intervención inmediata de la Fiscalía, en solo tres o cuatro días.

Artículos como los de Pascale Mueller y Stefania Prandi, que han desatado una auténtica tormenta mediática tras ser reproducidos en España por La Mar de Onuba y Confidencial Andaluz no son nuevos. El 13 de junio de 2010, el periodista Jerónimo Andreu firmaba en El País el reportaje Víctimas del oro rojo, cuya entradilla no podía ser más explícita: Temporeras extranjeras denuncian abusos de sus patronos en la recogida de fresa en Huelva – La explotación sexual en el campo es un secreto a voces, pero nunca hasta ahora han prosperado acusaciones contra los responsables de una actividad competitiva en Europa.

Ocho años después, y sobre la base de un relato similar -el mismo, en realidad- se ha logrado poner en marcha los mecanismos del Estado que protegen a las mujeres más vulnerables. Recursos que ya existían, pero que por algún inexplicable motivo, no habían llegado aún a las mujeres marroquíes del campo onubense como al resto de las mujeres residentes en España. La declaración ayer del Gobierno Andaluz a través de la Consejera de Justicia, abre la puerta a corregir ese déficit, y cabe esperar que a partir de ahora las campañas del oro rojo onubense acogerán a trabajadoras conocedoras de sus derechos y obligaciones, y, lo que es más importante, cómo se gestionan esos derechos y se activan, en caso de necesidad, las leyes que las amparan y castigan a quienes las vulneran.

Fuentes judiciales onubenses han manifestado que no es legalmente plausible abrir una única causa judicial que englobe los casos que se han ido conociendo, y sobre los que parece que empiezan a aflorar víctimas, testigos, agresores y “escenas del crimen”.

Pero las mismas fuentes apuntan la determinación del Fiscal Jefe, Luis Fernández Arévalo, de investigar todos los casos conocidos y detectar otros sobre los que aparezcan indicios, así como perseguir, uno por uno, todos los delitos contra la Libertad de la mujeres que se hayan podido cometer en las fincas de Huelva.

Rosa Aguilar trasladó  a los parlamentarios andaluces que la Administración regional había remitido a la Fiscalía la información recapitulada sobre posibles casos de abuso sexual a temporeras en la campaña de la fresa de Huelva. Además, indicó que su departamento daría traslado de esa información al Gobierno porque, a su juicio, la importancia de esta situación requiere de “cooperación institucional”.

La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) elevó un escrito al Fiscal Jefe de la Audiencia de Huelva, en representación de las principales organizaciones, asociaciones profesionales y la totalidad de empresas productoras y comercializadoras que operan en el sector de la Fresa en Huelva, para que investigue posibles casos de abuso sexual a temporeras de la campaña agrícola. Asimismo, solicitó a la Fiscalía y a la administración urgencia en las actuaciones para esclarecer esta situación.

Bien está lo que bien acaba. Cuando acaba.

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