Las sospechas en torno al nombramiento de Pablo Llarena como juez instructor del Procés, que Diario 16 ha venido publicando en exclusiva desde hace unos meses, han motivado que el abogado de Oriol Junqueras y de Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, haya pedido a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que investigue los criterios por los que se asignó al juez Pablo Llarena la causa del Procés. La petición se ha realizado en base a las informaciones publicadas por este medio que apuntaban a la “existencia de irregularidades en la designación del juez instructor y la falta de sujeción, al parecer irrazonable, al orden de reparto establecido”. El abogado cree que es necesario que se investiguen los criterios del reparto de la causa “para determinar la existencia de vicios en el procedimiento con incidencia en la imparcialidad del órgano de instrucción y enjuiciamiento”.

El pasado mes de julio la Comisión de Selección –de la que formaba parte la mujer de Pablo Llarena como directora de la escuela judicial— tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno para pagar un favor anteriorPablo Llarena era el último de los candidatos posibles – según las propias Normas de Reparto– para instruir las causas contra aforados debido precisamente a su inexperiencia, y sin embargo el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa del Procés, que ha procurado la crisis política más grave de toda la historia de nuestra democracia reciente.

Las Normas de reparto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo previenen que en las causas penales contra aforados existan dos salas distintas, según se trate de conocer la admisión a trámite de las diligencias de investigación (Sala de admisión) o de los recursos contra las resoluciones del magistrado instructor (Sala de recursos). A parte se establece un turno riguroso de antigüedad para la designación del magistrado instructor, y para la designación de los ponentes de las dos salas.

Sin embargo, Manuel Marchena lo hizo al revés. Nombró a los magistrados más antiguos para integrar las dos Salas de admisión y de recursos, lo que no era ni preceptivo ni conveniente, dejando para la designación del magistrado instructor a los más inexpertos.

En la fecha de la admisión a trámite de la querella de la fiscalía por la causa del Procés, el orden de antigüedad de los magistrados integrantes de la Sala 2ª del Tribunal Supremo era el siguiente:

  • Andrés Martínez Arrieta.
  • Julián Artemio Sánchez Melgar.
  • Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
  • Francisco Monterde Ferrer.
  • Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre.
  • Luciano Várela Castro.
  • Alberto Gumersindo Jorge Barreiro.
  • Antonio del Moral García.
  • Andrés Palomo del Arco.
  • Ana María Ferrer García.
  • Pablo Llarena Conde.

Como se puede comprobar fácilmente, Pablo Llarena era el más inexperto de todos los componentes de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y, por tanto el último de la lista de todos los magistrados disponibles. Sin embargo, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa que ha procurado la crisis política más grave de toda la historia de nuestra democracia reciente.

Pero es que, además, en el caso de Pablo Llarena él no era el único magistrado del Tribunal Supremo disponible para instruir la causa del Procés según las Normas de Reparto del año 2017, ya que también estaba liberada de las Salas de Admisión y de Recursos la magistrada Ana María Ferrer García, que es a quien realmente le correspondía la designación al ser la más antigua de los dos. Si a esta circunstancia le unimos lo del asunto de “la hija de Marchena”, la sospecha de que pudo cometerse prevaricación en la designación de Pablo Llarena como instructor del Procés está servida.

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