España está creciendo por encima de la media de la Eurozona. Sin embargo, en vez de recobrarse en base a un crecimiento sostenido por la recuperación de los niveles de bienestar social previos a la crisis de 2008, lo está haciendo por medio del abuso de un modelo laboral que genera escenarios de precariedad y temporalidad en el mercado del trabajo que han hecho saltar las alarmas de la Unión Europea.

Ese escenario provoca que las bolsas de ciudadanos en grave riesgo de pobreza y exclusión social sigan existiendo cuando en otros países de la UE se han reducido significativamente. Todo ello, además, dentro de un ciclo económico positivo.

La realidad es que la recuperación económica en España es, en realidad, una farsa. Ha habido crecimiento macroeconómico, pero no se está trasladando a la realidad de la ciudadanía y de esto tiene mucha culpa la pasividad de los gobiernos a la hora de implementar medidas que paliaran los efectos negativos de la Reforma Laboral de 2012.

Respecto a los niveles de desempleo, las cifras oficiales no muestran que esa reducción del paro está provocada por un parcelamiento de los puestos de trabajos a través de contratos temporales, a tiempo parcial o de corta duración. Este hecho lo vemos reflejado en las modalidades de los contratos que se firman y el volumen. En el año 2018 se firmaron en España más de 22 millones de contratos, es decir, 1,8 millones mensuales de media, para una reducción de 190.000 parados. Sólo en el mes de enero de 2019 se firmaron 1,85 millones de contratos de los cuales sólo un 6% fueron indefinidos.

Esta precariedad laboral provoca que los salarios sean muy bajos, en muchos casos por debajo del nivel de la pobreza, mientras que las remuneraciones de los escalones salariales más altos siguen creciendo, lo que genera que la desigualdad siga en niveles inaceptables para la Unión Europea.

Sin embargo, en España nadie hace nada. Las políticas laborales del nuevo gobierno han logrado mejorar en la regularización de contratos irregulares, pero no se ha podido acabar con la uberización del mercado de trabajo. El diálogo social entre sindicatos y patronal es inexistente porque los empresarios tomaron una posición de poder con el gobierno de Mariano Rajoy de la que no quieren desprenderse y, por ello, cualquier medida adoptada sea criticada poniendo a todo el aparato empresarial, financiero y mediático en dicha tarea. El mejor ejemplo lo hemos tenido con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros mensuales o la referencia del IPC para la subida de las pensiones.

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