Los fondos buitre, esas siniestras corporaciones con las que la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, mantenía estrecha relación comercial −según ha sentenciado el Tribunal de Cuentas−, no solo se dedican a desestabilizar las economías de los países practicando una especie de “terrorismo económico”, sino que atentan directamente contra los derechos humanos. Un informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos elaborado por la ONU alerta sobre las actividades de estas entidades multinacionales que se infiltran en las economías domésticas y acaban devorándolas como un cáncer.
Según el informe, las actividades especulativas de los fondos buitre contra países pobres con niveles insostenibles de endeudamiento tienen efectos “negativos directos sobre la capacidad de los Gobiernos de esos países para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente de derechos económicos, sociales y culturales, y en particular los derechos a la salud, al agua y el saneamiento, a la alimentación, a la vivienda y a la educación”. Precisamente una de las consecuencias de la nefasta operación de venta de pisos de protección pública a fondos buitre planificada por el equipo de Gobierno de Ana Botella es que decenas de familias madrileñas se vieron endeudadas de la noche a la mañana, ya que se les incrementó la cuota de alquiler hasta niveles inasumibles para su poder adquisitivo. Algunos inquilinos incluso llegaron a perder sus casas.
Esas prácticas aberrantes de un mercado descontrolado, amparadas por determinados poderes públicos, chocan directamente contra la Constitución Española, que garantiza el derecho a una vivienda digna. De ahí que la ONU haya tomado cartas en el asunto al alertar a todos los Estados del mundo sobre las consecuencias nocivas que para los derechos de los ciudadanos supone comerciar con fondos buitre.
“Mediante litigios prolongados y costosos, los fondos buitre contribuyen a desviar recursos de los Estados desde los ámbitos del desarrollo, el bienestar social y los derechos humanos, donde las necesidades son más acuciantes”, asegura el informe de la ONU. Estas actividades especulativas pueden causar importantes retrasos en la resolución de la crisis de la deuda y limitar la capacidad de un Estado para asignar sus recursos y realizar los esfuerzos necesarios a fin de salir de su mala situación económica. Las alevosas maniobras de los fondos buitre agravan también las ya importantes consecuencias financieras de la crisis y dan lugar a políticas que “afectarán gravemente” al disfrute de los derechos humanos.
El completo estudio de Naciones Unidas desglosa, uno por uno, los riesgos de tratar con estas corporaciones globales que parecen campar a sus anchas sin que nadie las regule. En primer lugar, según el informe de la ONU, los fondos buitre menoscaban la capacidad del Estado para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos. Las condiciones leoninas de los préstamos y el tipo de interés elevado y abusivo que suelen imponer pueden dificultar en gran medida la amortización de dicho préstamo. Al tener que reembolsar una suma mucho mayor que la tomada originalmente en préstamo, el Estado puede verse obligado a reorientar al servicio de la deuda recursos anteriormente asignados a servicios públicos esenciales, así como a recortar el gasto público. De esta manera, el fondo buitre es el principal enemigo del Estado de Bienestar. “Ese proceder menoscaba la capacidad del país para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales (es decir, adoptar las medidas apropiadas para lograr su pleno ejercicio) y, en última instancia, afecta al crecimiento económico de ese Estado”, afirma el informe. El caso de Malawi es paradigmático. En 2002, el Gobierno de aquel país decidió vender el maíz de su organismo nacional de reserva alimentaria para obtener fondos con vistas a reembolsar los préstamos que había suscrito con fondos buitre. A raíz de la mala cosecha registrada ese año, 7 millones de personas −sobre una población total de 11 millones−, se enfrentaron a una grave crisis de escasez de alimentos.
En segundo término, las actividades de los fondos buitre ponen en peligro las iniciativas internacionales de reducción de la pobreza. La capacidad de los fondos buitre para comprometer los objetivos del FMI y del Banco Mundial es “sorprendente”, según el estudio de la ONU. Un buen ejemplo es el caso de la República Democrática del Congo. En 2014 un tribunal de distrito de los Estados Unidos falló que ese país tenía que pagar a un fondo buitre casi 70 millones de dólares por una deuda de 18 millones adquirida en 2008, que se remontaba al régimen del exdictador Mobutu Sese Seko en la década de 1980.
En tercer lugar, las actividades de los fondos buitre contribuyen a aumentar la deuda pública de un país. La carga de la deuda menoscaba la protección de los derechos económicos y sociales no solo porque se desvían fondos destinados a fines sociales para asegurar el servicio de la deuda, sino también por la situación de dependencia en la que se coloca a los Estados deudores. Se ha observado que esa dependencia podría dar lugar a una pérdida real de soberanía sobre sus políticas económicas y sociales y a la imposición de otras políticas con consecuencias potencialmente negativas para la protección de los derechos sociales.
Por último, las actividades de los fondos buitre menoscaban la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los juicios iniciados por los fondos buitre contra los Estados endeudados pueden desacelerar los progresos realizados tanto por los países desarrollados como por los que se encuentran en vías de desarrollo, pese al firme apoyo de las instituciones financieras internacionales.
